La CNDH precisó que las mujeres y los niños son el principal objetivo de los tratantes, quienes aprovechan la situación de vulnerabilidad de sus víctimas. La pobreza y el abandono en el que viven las coloca en riesgo de sufrir explotación sexual, trabajos forzados y esclavitud.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo en México, cuyas víctimas son principalmente menores de edad, indígenas y personas en situación de pobreza, informó este día la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Con motivo del Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, el organismo nacional refirió en un comunicado que cada año la trata de personas genera alrededor de 32 mil millones de dólares, convirtiéndola, después del tráfico de drogas y de armas, el negocio ilícito más lucrativo en el país que no sólo se atenta contra la libertad y dignidad de las personas, sino contra la vida misma.
La CNDH detalló que las mujeres y los niños son el principal objetivo de los tratantes, quienes aprovechan la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, las convencen mediante manipulaciones dolosas para trasladarlas a lugares remotos, alejándolas de sus familias y su hogar. La pobreza y el abandono en el que viven las coloca en riesgo de sufrir explotación sexual, trabajos forzados y esclavitud.
“La falta de oportunidades para estudiar o laborar y la urgente necesidad de contribuir al ingreso familiar, son situaciones que aprovechan los delincuentes para engañarlas con el señuelo de un mejor ingreso y una vida mejor. También hay quienes las amenazan para obligarlas a dejar sus lugares de origen”.
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay casi 21 millones de personas que son víctimas del trabajo forzado, 11.4 millones de ellas son mujeres y niñas, mientras 9.5 millones son hombres y niños. Alrededor de 19 millones de víctimas son explotadas por individuos o empresas, en tanto que 2 millones por el Estado o por grupos rebeldes.
La Comisión Nacional urgió al Gobierno federal políticas públicas e instrumentos jurídicos para ofrecer protección y asistencia oportuna a las víctimas, así como la reparación integral del daño a que tienen derecho quienes han sido afectados por dicho delito.
