Esmeralda, de 14 años de edad, fue acusada de homicidio doloso por sufrir un aborto espontáneo tras ser víctima de abuso sexual. Aunque la Fiscalía de Querétaro ya desistió de acciones penales y realizará investigaciones contra servidores públicos por posibles fallas u omisiones, en el país sigue al acecho la revictimización y criminalización de niñas y adolescentes que acceden al aborto tras ser víctimas de violencia sexual. Algo similar ocurrió en Jalisco.
Ciudad de México, a 2 de noviembre (SinEmbargo).- Hace unos días, finales de octubre de 2024, se dio a conocer el caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años de edad que sufrió un aborto espontáneo, tras ser víctima de violación por un pariente cercano. Ella no sabía que estaba embarazada pero la Fiscalía de Querétaro la acusó por el delito de homicidio y pedía tres años de prisión; luego de que la sociedad civil presionara y el caso llegara al gobierno federal, la Fiscalía desistió de las acciones penales.
Sin embargo, lo ocurrido con Esmeralda no es un caso aislado, se trata de prácticas de criminalización y revictimización que desde el Estado, a través de los servicios de salud y de justicia, y las comunidades, siguen ocurriendo.
En abril pasado, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) de Jalisco informó sobre el caso de una niña de 12 años que fue violada y producto de eso, quedó embarazada. Sin saberlo, llegando al tercer trimestre del embarazo, un familiar la acompañó al centro de salud por malestar general pero de ahí, al confirmar la gestación, fueron enviados al Hospital Especializado de Guadalajara, donde pidieron apoyo a las autoridades para interrumpir el embarazo. Pero les fue negado.
La Secretaría de Salud de Jalisco, sin informarle nada, la retuvo por 11 días con mensajes del personal médico para “escuchar el sonido del bebé” o “darlo en adopción”. Tras la intervención de Ddeser, la dependencia le negó la interrupción del embarazo alegando que no tenían personal médico para realizarlo; por lo que, con ayuda de la organización civil, fue trasladada a la Ciudad de México para recibir el servicio.
“Fue un embarazo de tercer trimestre y entonces, según ellos, no tenían personal capacitado para realizar un procedimiento de un embarazo tan avanzado…lo que estaban intentando hacer era dejar pasar más tiempo para no brindarle el servicio, una estrategia como el caso de Paulina que provocó que se generará la norma 046, algo que no tiene por qué suceder porque nosotras sabemos que sí hay personal que atiende en tercer trimestre, pero fue una determinación de la autoridad de Salud decir que no se iba a hacer un aborto tan avanzado en Jalisco”, comentó Patrcia Ortega de Ddeser en entrevista con SinEmbargo.
Y es que desde 2017 en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile), creado para garantizar el acceso al aborto a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud —física o mental—. En dicho programa no hay un límite de semanas de gestación para solicitar la interrupción del embarazo, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, dice el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud.
Además, el Código Penal del Estado de Jalisco, –antes de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación que aprobó el Congreso local el 5 de octubre de 2024– decía en sus artículos 227, 228 y 229, que no había un límite de semanas para las solicitantes víctimas de violación, como lo fue en este caso.
“Cuando nosotras vimos a la niña decíamos que nos parecía increíble que personal de salud, se supone, sensibilizado para atender a personas en circunstancias graves fueron capaces de verla y decir que no la iban a atender… Una crueldad del personal que está para atenderte con calidad humana”, mencionó Ortega.
EN 2023, JALISCO ATENDIÓ 380 PARTOS DE MENORES DE 15 AÑOS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL
En este caso de Jalisco se mantuvo la identidad de la niña de 12 años en anonimato debido, precisamente, a la criminalización y revictimización que sigue practicándose desde funcionarios públicos –al negar el acceso al aborto–, hasta la parte de la sociedad que sigue sin reconocer que el derecho a decidir es de cada una de las mujeres y personas con capacidad de gestar, sin importar el tiempo, sobre todo en casos donde son niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Según datos de la Fiscalía de Jalisco, en 2023 hubo mil 528 denuncias de abuso sexual infantil y de enero a abril del 2024, van mil 758. Haciendo una proporción entre estas cifras y la cantidad de niñas y adolescentes que presentaron un embarazo en el primer trimestre de 2024, el resultado es del 84%.
Regresando a 2023, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Salud, se registraron 14 mil 258 nacimientos de adolescentes embarazadas de entre 15 y 19 años de edad; y se atendieron partos de 380 niñas menores de 15 años, cuyos agresores llegaron a tener hasta 49 años de edad.
“En todos estos casos ¿por qué no se brindó un acompañamiento, una asesoría para que pudiera interrumpir?, ¿por qué la única intervención que hace la Secretaría de Salud es la atención del parto cuando hubiera podido hablar de interrupción? Muchos de estos casos no están cerca del área metropolitana y entonces por ser niñas tampoco pueden acceder a los servicios de manera autónoma, independiente”, cuestiona Ortega.
La Ddeser presenta más datos del panorama de Jalisco, pues en lo que va de 2024, el Programa de Aborto Seguro del OPD Servicios de Salud Jalisco, reportó que de los 89 abortos realizados hasta el 29 de agosto, 50 han sido por causal violación, 19 eran adolescentes y 10 menores de 15 años:
“Según el análisis del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años, entre las principales causas se encuentran: la violencia sexual, el matrimonio forzado o uniones tempranas, el insuficiente acceso a servicios e insumos de salud reproductiva para menores de 15 años, la necesidad de mejorar los contenidos e impartición de educación integral en sexualidad, los estereotipos de género y las relaciones desiguales, donde se identifica que menos del 14% de las madres niñas y adolescentes menores de 15 años fueron embarazadas por un hombre mayor de 20 años”.
“Son justamente los casos de niñas, pobres, indígenas, que no habitan los centros urbanos y que están siendo víctimas de violencia sexual reiterada, quienes más probablemente soliciten este tipo de servicios y son ellas quienes están sufriendo revictimización institucional al negárseles el acceso a su derecho”, agregó Patricia.
UN GRAN OBSTÁCULO: PERSONAL DE SALUD
En Jalisco, el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación y bajo las causales de violación o solicitantes que ven en riesgo su salud física o mental sin límite de semanas, pero sin importar estas condiciones, a lo que se enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar es a la violencia médica, la negación de autoridades y médicos para realizar el procedimiento, bajo la figura de “objetores”.
“Hay una resistencia del personal médico sobre todo por el tema de la incertidumbre legal pues si bien es cierto que el código penal permite el aborto hasta la semana 12, la constitución estatal sigue diciendo que se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural… Para avanzar, es necesario que la autoridad de salud asuma que el aborto es un servicio que debe de garantizar”, comentó Ortega,
De acuerdo con Ddeser, cuando una persona con capacidad de gestar ya logra acceder al servicio de aborto, el personal médico lo que realiza es un legrado, un procedimiento que la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda desde hace más de una década, como tampoco recomienda mantener al aborto en el código penal sino empezar a verlo como lo que siempre ha sido, un servicio de salud. El siguiente paso en la lucha por el derecho a decidir es precisamente eso: sacar el delito de aborto del código penal.
“Es dejar al aborto solamente en las leyes de salud y en estos procesos específicos y para eso tenemos que apostar a la transformación cultural que es difícil que ocurra pero vamos avanza, ahora hay muchas mujeres jóvenes que traen su pañuelo en su mochila todo el tiempo, ya es un tema que salió de ser un debate en la televisión a ser un debate que las familias tienen que dar en la casa, ya no se puede evitar y eso ha resultado en que haya una mayor sensibilización”.
