El Instituto Nacional Electoral no ha fallado. Ni se le ha caído el sistema, ni elección alguna no ha podido desarrollarse, ni han impedido que los partidos sean multados por sus usos y abusos, y especialmente, han organizado las elecciones que, desde 2014, refrendaron el ejercicio de la democracia en México.

Y en 2018, después de una bien organizada jornada, el domingo 1 de julio por la noche informó del irrevocable triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la carrera por la presidencia de la República. La certeza democrática del INE aquella noche, después de informar de la copiosa e insólita votación, sería complementada poco más de un mes después, por la razón jurídica otorgando la constancia de presidente electo a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aquel día y los posteriores, el sistema electoral no le falló a los mexicanos. Ni con el conteo de votos, ni con la validación jurídica de la elección. En ese contexto democrático, ciudadano, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer presidente de izquierda en México y su partido, Morena, en el absoluto ganador de las elecciones del 2018.

No hubo entonces presunción de fraude, tampoco protestas. El INE en la última elección presidencial en México, confirmó su compromiso ciudadano con la democracia.

No hay pues un sistema electoral roto que requiera reformarse. Pero el presidente López Obrador insiste en acabar con la institución ciudadana más preponderante del país.

Con la reforma electoral propuesta desde el Ejecutivo Federal, efectivamente se llegaría a un retroceso en materia electoral, al regresar, de nueva cuenta un Instituto con las manos del gobierno de la República dentro del mismo, pues entre sus propuestas destaca la intromisión del titular del Ejecutivo Federal en la propuesta para la conformación del consejo general.

Muchos años, muchos fraudes electorales y mucho fortalecimiento ciudadano y democrático, costó a México tener el Instituto Nacional Electoral de la actualidad. Antes de 1996, quien presidía el órgano electoral federal, entonces IFE, era el mismísimo secretario de gobernación. No fue fácil rescatar al instituto, pero sí un mérito de la sociedad que obligó a los partidos políticos a realizar diversas reformas electorales hasta lograr conformar, ya para 2014, el INE. Primero fueron los consejeros ciudadanos, y posteriormente sacar, de manera definitiva las manos del gobierno de la República.

Pero el presidente se confunde con sus propios traumas. “No perdona” la derrota de 2006, aunque poco despotrica de la de 2012. Para él, aquel año en que en una cerradísima votación le ganó la Silla del Águila el panista Felipe Calderón Hinojosa, fue la elección más fraudulenta (con perdón para los priístas que por años encabezaron el órgano electoral), y ese estigma le persigue hasta la fecha. Ve fraudes donde no los hay, ve antidemocracia en el sistema que utilizó para alzarse con el triunfo primero y ser presidente después.

López Obrador parece tener una férrea actitud contra las instituciones ciudadanas, logros del pueblo al que tanto dice representar y defender. Ya acabó con la independencia y autonomía de la comisión nacional de los derechos humanos, al ubicar en la titularidad a una de sus allegadas, por cierto, entrometiéndose también en temas electorales, pero alejada de la defensa de los derechos humanos. Pretende acabar con el INE y con el INAI, le molesta que los ciudadanos titulen organismos, pretende (como es evidente con su propuesta de reforma electoral), regresarlos al fuero del gobierno de la República. Un retroceso.

El INE no está roto, no necesita arreglo. El sistema electoral mexicano funciona y la elección del 2018 es prueba de ello. Lo mismo que la del 2021, en la cual de entre todos los partidos políticos participantes, no hubo uno solo que alegara fraude. Los resultados se respetaron por el respeto que se le tiene al árbitro.

Se justifica el presidente argumentando: “lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que esté en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude más adelante, como ya lo han hecho y eso hay que evitarlo, porque sería un retroceso”.

No tiene, pues, elementos el presidente López Obrador sobre corrupción o antidemocracia en el INE, tan no los tiene que debe futurear con un “fraude más adelante” para justificar su intención de reformar lo que no requiere ser reformado. Habla de retroceso basándose en un hipotético fraude en el futuro, pero no acepta el retroceso de entregar nuevamente el órgano electoral al Poder Ejecutivo.

El INE no es el IFE. El IFE efectivamente estuvo en manos de la secretaría de gobernación, desde ahí se consumaron muchos fraudes, hasta que, en 1996 con una reforma electoral, se fortaleció la autonomía ciudadana del mismo… asumíamos los mexicanos, para no regresar a la misma, hasta ahora que llega la propuesta de López Obrador.

El Consejo General del INE se elige en la Cámara de Diputados, sin la intromisión ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial como ahora lo propone López Obrador, entre destacados ciudadanos los representantes legislativos eligen a quienes tienen las mejores credenciales para garantizar imparcialidad, neutralidad, democracia. Ciertamente se presentan negociaciones político partidistas en las votaciones, tal como sucede con las propuestas del presidente para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta donde han llegado personajes abiertamente ligados al lopezobradorismo.

Pero ahí está el punto, el presidente de la República esperaba que las mujeres y los hombres que nominó para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirvieran a sus intereses y a su proyecto de “transformación” y nada más. Tan es así, que no hace mucho tiempo, apenas en septiembre pasado, se dijo decepcionado de ellos, “me equivoqué -dijo-, porque hice propuestas (para ministros) pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”, como si tal accionar no fuese el debido.

Es una obviedad con este antecedente, que el presidente de la República haría sus propuestas para la integración del órgano electoral, con el mismo objetivo: que estos le sirvan a su proyecto “transformador” y no a la democracia mexicana. Tal retroceso no debe permitirse. El INE debe seguir siendo autónomo del gobierno de la República, ciudadano en la integración de su consejo, y neutral como árbitro electoral, sin intromisión de cualquiera de los tres poderes que integran el Estado Mexicano.

Ciudadanos organizados están urgiendo a los partidos de oposición a conformar un frente para defender, respetar y fortalecer al INE. Sí se puede. Si los partidos que no están en la órbita de Morena se alían en defensa del INE, pueden evitar que este sea contaminado por las garras del gobierno de la República. Es momento de definiciones, de fortalecer a la institución electoral, y salvar una democracia en riesgo.

Adela Navarro Bello

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