El narcotráfico en México no se explicaría sin la imperante corrupción en el país. El Post recuerda que durante décadas, los actos funcionarios se encargaron de repartir y administrar las rutas de la droga a las organizaciones delictivas.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Los cárteles del narcotráfico cada vez más expanden sus tentáculos en México, pero ahora ya no sólo se conforman con ampliar su gama de negocios, también buscan extender su domino en el territorio, las comunidades y las autoridades del país, reveló una investigación del Washington Post.
De acuerdo con un reportaje firmado por la periodista Mary Beth Sheridan, los grupos del narcotráfico han aprovechado la ausencia del Estado mexicano en amplias franjas de su territorio para infiltrarse y copar los vacíos de poder.
A la par, se han visto beneficiados por las erráticas estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno federal, Estados Unidos y las autoridades locales, así como de la poca capacidad del Estado mexicano para responder a la capacidad de fuego de los grupos armados.
Según un estudio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) al que tuvo acceso el diario, el 20 por ciento del territorio nacional estaría bajo el control de los grupos delictivos, tan sólo en 2018.
Y pese a que el actual Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la estrategia para abordar el tema, poniendo énfasis en los programas sociales y buscando atender la pobreza, funcionario de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) han señalado que el negocio de las drogas ha florecido, al grado de declarar que nunca habían visto “esta cantidad de metanfetaminas producidas en México“.
Datos oficiales citados por el Post señala que al menos existen 19 grupos criminales catalogados como de “alto impacto”; de ellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el del Sinaloa tienen un alcance nacional.
Pero los datos sociales contrastan con los de organizaciones dedicadas a la inseguridad en el país. Por ejemplo, el diario estadounidense cita que el International Crisis Group ha identificado 198 cártel, pandillas y bandas regionales; mientras la firma de seguridad Lantia Consultores tiene mareados a 231 organizaciones delictivas.
LA HERENCIA MALDITA
El narcotráfico en México no se explicaría sin la imperante corrupción en el país. El Post recuerda que durante décadas, los actos funcionarios se encargaron de repartir y administrar las rutas de la droga a las organizaciones delictivas.
Así, las autoridades estatales y locales se alinearon con el negocio y aceptaron sobornos para permitir el trasiego de la droga por sus territorios.
Con el cambio democrática, asevera el diario, los grupos criminales han buscado infiltrarse en la escala municipal y estatal, mediante sobornos o amenazas para mantener su dominio sobre las rutas de trasiego de enervantes.
Para el codirector de InSgiht Crime, Steven Dudley, una de las principales problemáticas de las autoridades mexicanas es que no han logrado entender a las organizaciones delictivas.
A la par, detalla el Post, México no ha sido capaz de transformar su sistema judicial, mismo que ha sido creado “para servir a gobierno autoritarios durante décadas de mandato unipartidista”.
A ello, puntualiza el diario, se agrega que la policía mexicana, sobre todo la estatal y municipal, está mal capacitada y equipada; existe una escasez de fiscales y especialista forenses en materia de narcotráfico; así como una deficiencia en la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
El Post agrega que otro elemento que contribuyó al incremento de violencia en el país fue el esfuerzo del Estado mexicano por acabar a los cárteles.
Si bien con el apoyo de los Estados Unidos, las fuerzas federales mataron o capturaron a líderes de grupos poderosos como Los Zetas, Los Beltrán Leyva o los Arrellano Félix, dichas organizaciones no se desmantelaron por completo, sino que se dividieron y dieron origen a nuevos grupos, en algunos casos más violentos.
LA DIVERSIFICACIÓN
De acuerdo con Sheridan, la problemática de seguridad en el país se ahondó cuando los cárteles comenzaron a expandir sus negocios.
Ahora ya no sólo se dedican al trasiego de droga, sino que también secuestran, trafican migrantes, extorsionan negocios, roban automóviles, y un largo etcétera.
Dudley agregó que esta diversificación permite que los grupos tengan más recursos para financiar sus actividades delictivas y pagar a sus “mini-ejército”.
Pero la conquista del territorio también busca otro fin: poseer más sitios del país para establecer laboratorios de fentanilo, una de las drogas más lucrativas de la actualidad.
LAS VÍCTIMAS
En la lucha cruenta por el territorio, la población es la que paga los platos rotos.
Una prueba de ello, puntualiza el Post, son las peticiones de asilo a Estados Unidos.
Con datos de la Universidad de California en San Diego y la Universidad de Texas, establecen que más de 11 mil mexicanos han buscado asilo en territorio estadounidense; sin embargo la mayoría se ha topado de frente con la política antimigratoria de Donald Trump, y han tenido que regresar a sus ciudades de origen.
Datos del mismo Gobierno federal señalan que tan soñó en 2019, más de 1.7 millones de mexicanos se desplazaron por territorio mexicano, debido a la violencia.
A esta problemática se suman los más de 77 mil desaparecidos en 2020, dicho número, puntualiza el diario, no se había visto en América Latina desde la época de las dictaduras militares en la parte sur del continente.
