Criminales que secuestran y matan a militares, y civiles que toman la justicia por su propia mano, son dos signos de que la seguridad del país se le ha ido de las manos a las autoridades federales y estatales, aseguraron especialistas. En los primeros nueve meses del año hubo 20 por ciento más homicidios que los reportados durante el mismo periodo de 2015, mientras el Gobierno federal minimiza esta situación. ¿Qué sucede con el Estado de Derecho?
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Los pasajeros de un autobús que salió la madrugada del lunes de San Mateo Atenco rumbo a la Ciudad de México sufrieron un asalto común con un resultado inusual. A la altura de San Pedro Tultepec, cuatro sujetos se subieron con armas de fuego a exigirles que les entregasen sus pertenencias. Cumplido el acto, ninguno de los asaltantes reaccionó cuando un pasajero los acribilló a balazos.
Conforme la unidad continuó su camino a la ciudad, el asesino descendió del transporte colectivo. Ninguno de los testigos aportó información a las autoridades estatales sobre a dónde fue el fugitivo.
Anne W. Johnson, profesora de la Universidad Iberoamericana, dice que el surgimiento de ciudadanos “vengadores” se da en situaciones donde hay una profunda desconfianza de la sociedad en los mecanismos de justicia.
“Funciona como un mecanismo de acceso a la justicia en la ausencia de otras opciones, […] en muchos casos no se trata tanto de vengar una ofensa, sino intentar impartir justicia frente a un crimen, […] muchas veces los testigos no lo denuncian porque sienten que por lo menos alguien hizo algo”, consideró Johnson.
Entre enero y septiembre hubo mil 404 averiguaciones previas por robo a transportistas en el Estado de México, de las cuales el 91 por ciento se realizó con violencia, de acuerdo con datos oficiales.
José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, apuntó que la entidad atraviesa por un momento de hartazgo e inconformidad por la gestión en materia de seguridad de las autoridades. Sin embargo condenó el acto de violencia.
“Desafortunadamente, nos encontramos ante un vacío de autoridad. Parte de éste pasa por un altísimo nivel de corrupción, que se hermana con la impunidad, cuando se cometen actos delictivos”, dijo Duque.
Los primeros nueve meses de este año presentaron mil 545 averiguaciones previas por homicidios dolosos o intencionales, apenas 14 menos que las cometidas en el mismo periodo del año pasado.
El 30 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que priorizaría la seguridad -con la participación de autoridades de los tres órdenes de Gobierno- en 50 municipios del país donde se cometen el 45 por ciento de los homicidios intencionales, dentro de esta lista hay ocho municipios del Estado de México.
“Las autoridades están siendo omisas para hacer una persecución verdadera de la delincuencia y las instituciones de procuración de justicia están avocadas a perseguir disidentes políticos, a disciplinar comunidades, y reprimir luchas sociales”, dijo Lara.
VENGANZAS CONTRA MILITARES
La noche del 30 de octubre dos cuerpos de soldados fueron hallados en Acapulco. Roberto Álvarez Heredia, vocero castrense, informó que los miembros de las fuerzas armadas se encontraban en su tiempo libre y vestidos de civil, después de asistir a un curso en la Base Aérea Militar número 7, cuando fueron secuestrados un día antes.
A pesar de diversas versiones que cuestionaron sobre la razón del ataque, Álvarez expuso que ninguno de los elementos conformaba parte de algún dispositivo de seguridad en Acapulco.
El General en retiro Francisco Gallardo Rodríguez aseguró que debe haber investigaciones para determinar en dónde operaban estas personas y si cometieron algún abuso en contra de civiles, “porque eso nunca se dice”.
Para Gallardo el discurso de que el Ejército ha estado recibiendo una serie de afrentas ha servido para justificar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los castrenses.
“Cuando hay una crisis como la de Acapulco hay un procedimiento sistemático de operar, en donde previenen a la tropa y a los oficiales que no salgan y que tengan mucha reserva cuando salen francos. La autoridad y los medios no lo saben ni lo ponen a la luz pública, y únicamente aseguran que es una afrenta. Y eso no lo creo”, dijo el General.
Por otro lado, la estrategia de combate frontal al narcotráfico ha derivado en una serie de enfrentamientos. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detallan que entre enero y agosto hubo 99 agresiones en contra del Ejército.
El 30 de septiembre un comando de las fuerzas armadas fue emboscado en la entrada de Culiacán, Sinaloa. El enfrentamiento dejó a 5 soldados muertos y otros 10 heridos.
“A raíz de la emboscada a los soldados es que hay todo un despliegue de fuerza militar, que no sólo no ha podido parar la violencia, sino que los enfrentamientos siguen”, dijo Tomás Guevara Martínez de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
POLÍTICA DE INDIFERENCIA
Guevara explicó que la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha implementado una estrategia de laissez faire (dejar hacer, en francés) de cara al ascenso de las cifras de homicidios.
“Me da la impresión de que una estrategia del Gobierno federal fue no confrontar al crimen organizado de manera tan frontal como lo hizo la administración anterior. Han preferido la negociación, un poco dejar hacer y dejar pasar, para que no se haga tanto escándalo”, reiteró Guevara.
Entre enero y septiembre hubo 15 mil 201 averiguaciones previas por homicidios dolosos, un aumento del 20 por ciento con relación al año pasado. Organizaciones civiles como el Semáforo Delictivo aseguran que seis de cada 10 asesinatos corresponden al crimen organizado.
Datos de la Procuraduría General de la República (PGR) al corte del primer semestre del año expusieron que en el país operaban nueve grupos criminales y 37 células delictivas.
Guevara mencionó que a diferencia de hace 10 años ahora el Gobierno federal lidia con una ruptura de los pactos entre el crimen organizado y la estructura política.
“Las relaciones entre los juniors [del narcotráfico] son mucho más conflictivas y sangrientas. Otra cuestión, es que antes los grupos no se metían en la política, pero ahora lo hacen, y no es sorpresa ver narcodiputados”, dijo Guevara.
El investigador enfatizó que la estrategia de combate frontal al narcotráfico fracasó porque no fue acompañada de un desarme de los andamiajes financieros que hay detrás del negocio del narcotráfico.
