La CIDH sostuvo: “la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) informó que México vive una “grave crisis de derechos humanos”, caracterizada por una situación extrema de violencia, inseguridad, pobreza, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada e impunidad.
“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, concluyó el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Momentos después, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrán, sostuvo en una conferencia de prensa que las observaciones presentadas hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita a México, “no reflejan la situación general del país”.
“El estado mexicano considera que si bien algunos casos específicos que ellos observaron, estos no reflejan la situación general del país en materia de derechos humanos”, dijo Campa Cifrán en un conferencia de prensa realizada horas después de que una delegación de la CIDH presentara sus observaciones preliminares de su visita para observar la situación de los derechos humanos al país.
En tanto, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, detalló que “[el efecto de esta violencia y las violaciones a los derechos fundamentales] es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”.
La funcionaria internacional advirtió además que la violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas “es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos”.
Belle Antoine citó a un funcionario de México que tuvo un encuentro con la delegación de la CIDH: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y sobre nuestras propias tragedias’”.
Ante los cuestionamientos sobre si habrá más comisiones especiales para atender casos como Apatzingán, Tanhuato, entre otros, los representantes del órgano internacional aseguraron que no lo han planteado y también expusieron que cuentan con recursos limitados para generar tantos grupos de trabajo.
Uno de los temas que destacaron durante la conferencia de prensa fue la posibilidad de crear comisiones anticorrupción o de investigar a funcionarios señalados por violar derechos humanos, a lo que CIDH respondió que “hay una posibilidad, pero no es el momento”.
Desde el pasado lunes una delegación de la CIDH comenzó encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine, e integrada por el primer vicepresidente, James Cavallaro, el Comisionado Felipe González y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, visitaron la Ciudad de México, y los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo, León, Tabasco y Veracruz.
La delegación se reunió con autoridades del gobierno federal, entre ellas el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Procuradora General, Arely Gómez González; además sostuvieron mesas de trabajo con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, entre ellos los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Dialogaron además con legisladores, representantes de organizaciones civiles, y otras autoridades estatales y municipales.
Sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, Guerrero, la CIDH respaldó el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por el organismo a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos, muertos y heridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“La Comisión acompaña los informes presentados por el Grupo. Con base en estos informes, la CIDH urge al Estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes”, precisó.
En este sentido, instó a que la Procuraduría General de la República (PGR) adopte cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI: traslade la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; designé, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renueve a todos los miembros del equipo; además de que reoriente la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento; y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.
Los representantes de la CIDH detallaron que, de acuerdo con testimonios, “existen grandes demoras en la realización de un mínimo de diligencias” en casos de desaparición forzada.
Este viernes, como lo habían adelantado desde el pasado lunes, la delegación de la CIDH ofreció una conferencia de prensa y emitió un comunicado en donde detalló las observaciones preliminares de la Visita in Loco a México.
Los problemas descriptos, sostuvo el organismo, “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas”.
“El día de hoy se cumple el 47 aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto”, recordó.
En este sentido, el organismo internacional alertó que en el país, la falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y confiable “debilita significativamente la cultura de la legalidad así como el estado de derecho en el país” y ha generado una situación de impunidad que en ocasiones impulsa la repetición de graves violaciones de los derechos humanos.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales”, sostuvo la CIDH.
La delegación indicó que durante su visita a México, en todos los estados a los que acudió, se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades.
Por otra parte, la Comisión indicó que valora las medidas que el Estado mexicano ha tomado para hacer frente a este situación.
“Diversos artículos de la Constitución que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo destaca la decisión de la Suprema Corte de Justicia que restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles, así como la facultad de realizar el control de convencionalidad por parte de todos los tribunales del país”, destacó.
La CIDH reconoció la publicación de la nueva Ley de Amparo en abril de 2013, saludó el Plan Nacional de Derechos Humanos (2013-2018), la Ley General de Víctimas publicada en 2013, que si bien es un paso positivo, “se ha recibido información respecto a la necesidad de una revisión integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para cumplir eficazmente con su mandato”.
Reconoció la aprobación en 2012 del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “resalta su importancia e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento y enfrentar los diversos desafíos”.
El organismos destacó estos y otros avances del Estado mexicano en la materia. Sin embargo, dijo, “sin perjuicio de los avances señalados en materia de protocolos, códigos y leyes, la respuesta estatal enfrenta insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una ‘simulación’”.
CRISIS DE DERECHOS HUMANOS
En sus observaciones, la CIDH destacó que la militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, aunado a “la política de confrontación” contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país que, dijo, “ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad”.
En este sentido, consideró indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponden a la policía civil.
Por otra parte, alertó que en el país grupos del crimen organizado, a través del uso de la violencia y de cantidades millonarias para intentar corromper funcionarios y autoridades del Estado, manejan tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes, así como redes de secuestro y extorsión, y utilizan el reclutamiento involuntario de personas.
Recordó que los estados de Michoacán y Guerrero, entre otros, han visto el surgimiento de las “autodefensas” y policías comunitarias, incluso, dijo, en enero de este año en Apatzingán resultaron muertas 16 personas civiles desarmadas que realizaban una protesta, en hechos que según testimonios y fotografías habrían sido ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes federales.
En tanto, en mayo de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, 22 personas muerieron en hechos por los cuales siete soldados del ejércitos están siendo procesados. Mientras, el estado de Guerrero, una de las entidades con los mayores niveles de pobreza, “no sólo ha vivido uno de los sucesos más trágicos en la historia reciente del país con la desaparición de los 43 estudiantes, sino que en el proceso de su búsqueda se descubrieron fosas colectivas clandestinas con los restos de 129 personas, que en su mayoría siguen sin estar identificadas, y familiares han denunciado que 450 personas han sido desaparecidas desde 2008 solamente en ese estado”.
“Esto evidencia que las desapariciones son generalizadas en México y que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado”, concluyó el organismo.
Expresó además su “especial preocupación” ante la situación de inseguridad en el Municipio de Iguala.
Los testimonios recibidos fueron categóricos al señalar su preocupación ante la integración del nuevo equipo de seguridad en ese municipio. Pues durante la reunión con familias de víctimas de desaparición forzada en Guerrero, diversas personas manifestaron preocupación por los nuevos mandos policíacos en ese municipio, a quienes señalaron por tener nexos con la delincuencia organizada.
“De acuerdo a los testimonios, los nuevos encargados de seguridad en el nuevo gobierno local de Iguala habrían estado investigados y habrían sido interrogados por los hechos de Ayotzinapa”, precisó el organismo.
Por ello, hizo un llamado “urgente al Estado mexicano a adoptar medidas a fin de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes de Iguala, así como adoptar medidas especiales de protección y atención para los familiares de ‘Los Otros Desaparecidos’ de Guerrero, incluyendo medidas para garantizar que sus reuniones y gestiones en Iguala se realicen con seguridad”.
DESAPARICIONES FORZADAS, EN NIVELES CRÍTICOS
La CIDH destacó que las desapariciones forzadas en grandes extensiones de México, “ha alcanzado niveles críticos”. El Gobierno reporta 26 mil 580 personas desaparecidas o extraviadas actualmente en México.
“Las cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada. Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas”, precisa.
“La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante. No existe claridad sobre las cifras entre tipos de desaparición: desaparición forzada, secuestros, extravíos, u otros tipos de ausencia”, alerta el documento.
En este sentido, la presidenta Rose-Marie Belle Antoine habló de la “alarmante” desaparición de personas y la “existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado” o con su aquiescencia.
En el documento observaciones, el organismo recordó que el Estado mexicano tiene varias deudas pendientes respecto de los hechos ocurridos durante las décadas de 1970 y 1980, cuando aplicó una estrategia de contención política y social conocida como “guerra sucia” para contener y destruir grupos disidentes reales o percibidos, sus bases y grupos. Una de ellas es registrar a víctimas que no fueron incluidas en el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el fin de consolidar un registro de personas desaparecidas durante esta época, así como para asegurar una reparación efectiva.
“Otra gran deuda pendiente es la justicia”, agrega el documento.
Sin embargo, pese a la gran cantidad de desapariciones forzadas, a 2012 solo se reportaban dos sentencias condenatorias por desaparición forzada, ninguna de ellas firme.
La Comisión recibió reiteradas quejas de las víctimas sobre el actuar de las procuradurías generales de justicia estatales durante el proceso de búsqueda de justicia, y, en menor medida, también sobre la PGR. Muchas víctimas no son atendidas cuando tratan de presentar una denuncia, concluyen las observaciones.
Detalla que si se abre una investigación por este delito en México, los familiares de víctimas enfrentan obstáculos serios, ya que algunos funcionarios de las procuradurías estatales les piden dinero para realizar diligencias y les niegan acceso a los expedientes, según denunciaron víctimas.
La CIDH, agrega el informe, “encontró una ausencia de mecanismos adecuados para establecer correctamente cuándo se trata de una desaparición, con lo cual las cifras oficiales no resultan confiables y se constituyen en el primer obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas, el esclarecimiento de la verdad, y la justicia”.
Además, dijo, no hay información específica sobre los casos en los que podrían constituir desaparición forzada, es decir, aquellos en los que haya indicios de que hubo participación o aquiescencia de agentes del Estado.
“Es indispensable que el Estado mexicano adopte medidas para mejorar de manera sustantiva la recolección y sistematización de la información”, instó.
La Comisión también recibió información sobre la grave problemática de la desaparición de migrantes en México y a lo largo de las rutas migratorias que van hacia Estados Unidos.
EMERGENCIA: VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, sostuvo que ese organismo comprobó un ascenso de la violencia hacia periodistas, lo que calificó como una “situación de emergencia”.
Detalló que el organismo ve con preocupación el aumento acelerado en las agresiones de distinto tipo y homicidios de periodistas y comunicadores en México, pues según ha registrado la Relatoría Especial, en la última década 67 periodistas fueron asesinados, 6 de ellos en el 2014 y 6 más en lo corrido del 2015.
Lanza ejemplificó la situación con lo sucedido en el estado de Veracruz, donde se tienen cuantificados 15 comunicadores muertos en los últimos cinco años y en el que los periodistas trabajan “en un ambiente de intimidación y con temor a ejercer” en un contexto de “polarización entre la autoridad pública y los periodistas”.
En el documento, la CIDH destacó que tuvo conocimiento de ataques a medios de comunicación durante el proceso electoral de 2015, algunos de ellos contra la infraestructura, robo de equipos, amenazas y ataques cibernéticos. En los próximos meses varios estados, incluido el de Veracruz, celebrarán elecciones, lo que aumentará los factores de riesgo para esta profesión, adviritó.
Indicó que también recibió información sobre graves hechos de violencia y detenciones arbitrarias registradas en el desarrollo de protestas que habrían afectado a decenas de manifestantes y periodistas.
Aunado a la violencia, dijo, se suma la falta de una acción decidida por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crímenes, provocando un estado de impunidad respecto de las agresiones de las que son víctimas los periodistas y comunicadores.
Por otra parte, la Comisión celebró la creación a nivel federal y estatal de “mecanismos para atender esta situación de emergencia”, e hizo un llamado para que se cumpla la normativa.
Es el caso de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en junio de 2012, a través de la cual se creó un mecanismo de protección que es tildado de ineficaz por periodistas y activistas.
Aunque pidió a las fiscalías estatales y, en especial, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que investiguen los crímenes para descubrir los autores materiales e intelectuales y así “romper el círculo” de la impunidad existente.
TORTURA: MIGRANTES, INDIGENAS, MUJERES… LAS VÍCTIMAS
El organismo internacional constató en su visita que otro problema grave en México es la privación arbitraria de la libertad y el uso generalizado de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes durante los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de la puesta a disposición de la justicia, “las detenciones arbitrarias son la norma y no la excepción”.
Criticó que sea un método para obtener declaraciones o información incriminatoria. Dijo que en el caso de detención de mujeres, son extendidas las manifestaciones de violencia de género.
Señaló que esta practica se usa regularmente contra personas migrantes indígenas, “específicamente sus líderes y policías comunitarios, quienes son frecuentemente criminalizados”. Además de que todas las investigaciones por este crimen quedan en la impunidad, además de que el alto número de denuncias y los testimonios recibidos no se reflejan en igual número de investigaciones.
DEFENSORES DE DDHH ESTIGMATIZADOS
La CIDH, a partir de los testimonios que recabó, pudo observar que “la situación de hostigamiento y amenaza contra defensores y defensoras de derechos humanos”, los cuales indican que “continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas contra ellos y sus familiares, seguimientos, así como los señalamientos por parte de autoridades que les desprestigian y estigmatizan por su labor de defensa de los derechos humanos.
Refirió que conoció de las presiones a las que son sometidos los jueces y fiscales cuando investigan en la investigación de estos casos donde los “operadores de justicia son receptores de presiones políticas principalmente del Ejecutivo ante denuncias sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios estatales”. A la que se suma la coerción del crimen organizado.
