Bruselas, 2 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) confirmó hoy la imposición de sanciones a cuatro personas próximas al Presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, o pertenecientes a los servicios de inteligencia del país, según publica el diario oficial comunitario.
Las sanciones consisten en restricciones en materia de viajes y la congelación de fondos y de recursos económicos.
El Consejo de la UE adoptó el jueves estas sanciones contra estas personas al considerar que socavan la democracia u obstruyen los esfuerzos para lograr una solución política a la actual crisis en Burundi, y hoy el Diario Oficial de la UE ha dado a conocer sus nombres.
Se trata del director adjunto de la Policía Nacional, Godefroid Bizimana; Gervais Ndirakobuca (alias Ndakugarika), jefe de gabinete de Presidencia encargado de asuntos relativos a la Policía Nacional; Mathias/Joseph Niyonzima (alias Kazungu), funcionario del servicio nacional de inteligencia, y Léonard Ngendakuana, antiguo encargado de las misiones de la presidencia y general militar en la reserva.
La UE cree que estas personas son responsables de incitar a la violencia y a actos de represión durante las manifestaciones que se iniciaron el 26 de abril de 2015, a raíz del anuncio de la candidatura presidencial del presidente Nkurunziza, y que continuaron del 26 al 28 de abril pasados en los distritos en Buyumbura.
También señala que participaron en la coordinación de distribución de armas a la milicia paramilitar “Imbonerakure” e incluso que en algún caso tomaron parte en el intento de golpe de Estado del 13 de mayo de 2015 para derrocar al Gobierno de Burundi.
La UE ha asegurado que su decisión tiene en cuenta las obligaciones que se derivan del Acuerdo de Cotonú en relación al respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y el estado de Derecho, y en este contexto la posibilidad de comenzar procedimientos de consulta como establece el artículo 96.
Ese acuerdo rige las relaciones entre la UE y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
Las masivas protestas contra el tercer mandato de Nkurunziza, que juró su cargo el pasado 20 de agosto en una ceremonia improvisada, han dejado paso a un conflicto subyacente en el que los asesinatos políticos y la venganzas han sustituido las manifestaciones en las calles.
Las revueltas populares que comenzaron a finales de abril para protestar contra los planes de Nkurunziza de perpetuarse en el poder han costado ya la vida de más de 80 personas, e incluso hubo un intento de golpe de estado a mediados de mayo.
Más de 160 mil personas han huido de Burundi por miedo a la represión política y han buscado refugio en Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
