Los delitos contra la libertad de expresión son la punta de lanza de la ineficiencia de la Procuraduría General de la República. En tanto que la impunidad en México alcanza al 98 por ciento en la mayor parte de delitos, los cometidos contra periodistas rondan en el 99.7 por ciento.
Un panorama que no cambió con la toma de protesta de Raúl Cervantes Andrade al frente de esa dependencia, ni lo hizo con las promesas del Presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo, dos días después del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del medio Río Doce y colaborador de La Jornada en Sinaloa.
Los periodistas en México siguen siendo blanco de agresiones. Apenas el 23 de agosto fue acribillado a balazos Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan, en Veracruz. Las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras ven en la inacción de la procuración de justicia un mensaje de tolerancia ante estos hechos atroces.
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Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Hoy la principal carta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ocupar el cargo de Fiscal General es Raúl Cervantes Andrade, a quien las organizaciones de la sociedad civil tachan de no haber reducido la impunidad que impera sobre los delitos contra la prensa.
El 10 de mayo pasado, Ricardo Sánchez fue elegido como el nuevo titular de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Un personaje que recibiría las principales críticas, pese a la corresponsabilidad de procurar justicia que recae sobre el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Esta Fiscalía Especial se crea con el ánimo de contener políticamente las deficiencias de la PGR, para que el mal actuar de esta Procuraduría no le afecte al Procurador, sino al Fiscal que es Ricardo Sánchez”, expone Diego Martínez, integrante del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, según esa organización internacional.
En seis años, la Feadle ha resuelto tres casos de 800 carpetas de investigación abiertas, dejando una tasa de impunidad del 99.7 por ciento del total de casos, destacó en su último informe Artículo 19.
En el transcurso de este año, nueve periodistas han sido asesinados. El último fue asesinado Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan, en Veracruz, junto a un ex jefe policial y otra sujeto no identificado.
Circunstancia que le valió al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmar que el ataque no estaba dirigido al periodista.
“Hay una negación al trabajo periodístico. Los casos no se investigan con una perspectiva que resalte la importancia del periodismo, y las primeras diligencias son cuestionar la calidad de periodista que fueron las víctimas”, dijo Martínez.
De acuerdo con el informe “Libertades en resistencia” de artículo 19, el 53 por ciento de las 426 agresiones registradas contra periodistas entre el 2015 y el 2016 fueron perpetradas por autoridades.
Una de los factores que contribuye a la impunidad de los delitos, han coincidido organizaciones civiles.
“Con estos datos se quita el mito que quien agrede a los periodistas es sólo la delincuencia organizada. Segundo, si tienes por un lado a una autoridad involucrada y al mismo tiempo una institución con poca capacidad de investigación se acentúa la problemática”, dijo Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
Del año 2000 a mayo del 2017 fueron asesinados al menos 126 periodistas, dijo en su momento la Comisión Nacional de los Derechos humanos.
La organización Reporteros Sin Fronteras expuso que la PGR debe asumir las deficiencias a nivel federal, como también las fiscalías estatales son parte del problema de la impunidad.
“Las sentencias de homicidios por periodistas han llegado con una serie de irregularidades, después de muchísimos años, como es la de ‘El Choco’, que fue una consignación que llegó después de ocho a nueve años”, dijo Balbina Flores, representante para México de Reporteros Sin Fronteras.
“Podemos decir que la justicia en este país no existe, o es muy lenta y hay autoridades bastante omisas en las investigaciones. Y el caso más dramático es el de los periodistas desaparecidos”, dijo Flores.
En un país con más de 30 mil desaparecidos, los periodistas no han quedado ajenos a ser desaparecidos por autoridades.
Reporteros Sin Fronteras en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas ha vuelto llamar la atención de la PGR sobre los casos que hay en México.
“Hay dos periodistas que han cumplido 11 años de haber desaparecido y no hay resultado de esas investigaciones. Es el caso de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosillo, Sonora, y José Antonio García Apac del diario Ecos de Tepalcatepec, Michoacán”, detalló Flores.
RESISTENCIA EN EL GOBIERNO
El 15 de mayo fue asesinado afuera del medio Río Doce, el fundador de ese diario Javier Valdez. El crimen sobre el veterano reportero en temas de crimen organizado atrajo la atención internacional.
Y el Presidente aseguró, dos días más tarde, anunció medidas presupuestales para fortalecer el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, que este año inició con cero recursos.
Esto pese a que necesita 40 millones de pesos para funcionar de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, cuyo titular Miguel Ángel Osorio Chong garantizó en junio una bolsa suficiente para operar el resto del año.
Martínez recordó que la asignación presupuestal no es sinónimo de efectividad para poner a la orden de la justicia a los responsables de los asesinatos a periodistas.
“Este anuncio se hizo cinco días después de la toma de protesta de Ricardo Sánchez. Es un nuevo Fiscal, pero no se designan nuevos agentes del Ministerio Público. Éstos son los mismos que estaban con su predecesor Ricardo Nájera”, dijo Martínez.
De tal suerte que cambiando la cabeza pero no los mandos medios es difícil encontrar un nuevo aire de eficiencia.
En tanto el clima de violencia fomenta un mensaje de impunidad para futuros crímenes, dijo Flores.
FISCAL GENERAL
El pasado martes 29 de agosto, casi 300 organizaciones de la sociedad civil, junto con sectores organizados de la Industria Privada, exigieron al unísono una Fiscalía autónoma.
Una de las principales peticiones ha sido la prohibición de un pase directo del actual procurador Raúl Cervantes Andrade al puesto de Fiscal General, una vez se expidan las leyes secundarias de la futura Fiscalía General.
Pese a que el PRI ha respaldado abiertamente al funcionario. Las organizaciones no lo ven con los mismos ojos, y los crímenes sobre periodistas son uno de los alicientes para condenar la actual gestión de Cervantes, antes Senador por el PRI.
“Todo depende de cuál sea el parámetro. Si medimos su actuación en la lucha contra la impunidad, la disminución de la delincuencia organizada, la efectividad en delitos de alto impacto –como Ayotzinapa u Odebrecht–, no me parece que tenga buenas cuentas que presentar”, dijo Cortez, quien pertenece a una de las organizaciones firmantes antes mencionadas.
En los próximos días un proyecto de dictamen ciudadano será enviado por los ciudadanos al Congreso. En el mismo, se espera que el próximo fiscal haya estado libre de cargo de elección popular alguno en os últimos cuatro años.
Un punto que de ser tomado en cuenta dejaría fuera a Cervantes, quien hasta el 2016 pidió licencia al cargo de Senador, a quien se le debe evaluar con base a resultados concretos, han dicho las organizaciones civiles.
“Si la PGR no tiene prioridades quedaremos en el gran dilema de que todo termina siendo un asunto político y no de resultados verificables. Sin parámetros, nos vamos a quedar con que el PRI dice que Cervantes tiene méritos porque lo conocen, porque ha cuidado los intereses de ese partido, pero no por sus resultados en materia de aplicación de la justicia”, dijo Cortez.
