El 15 de abril pasado, el Congreso de Oaxaca bajo un proceso opaco, sin debate parlamentario y en menos de cinco minutos, decidió aprobar la muerte de la autonomía de las instituciones que representan a la ciudadanía oaxaqueña en su Sistema Anticorrupción: el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) y el Comité de Participación Ciudadana.

Los legisladores y las legisladoras presentes en esa penosa sesión no se tomaron la molestia de exponer la reforma constitucional, tampoco debatieron, simplemente se puso a votación, alzaron la mano y cambiaron los nombres de las dos instituciones, con la única y clara intención de forzar la reconfiguración de los órganos colegiados para que salieran en bloque todas las ciudadanas y ciudadanos que los integran y de esta manera tener el espacio abierto para nuevos nombramientos. Por burdo que parezca, el resumen es que cambiaron, en la Constitución de Oaxaca, el nombre de las dos instituciones ciudadanas, claves en el combate a la corrupción, como una maniobra para quitar a todas y todos sus integrantes, bajo el pretexto de “ser nuevas instituciones” que requieren nuevos nombramientos.

Esta maniobra es un balazo al Sistema Anticorrupción de Oaxaca pues de las siete instituciones que lo conforman sólo dos son instituciones ciudadanas, las cuales casualmente fueron modificadas en sus denominaciones para desmantelar su autonomía, vulnerando así nuestros derechos humanos a la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, combate a la corrupción y libertad de expresión. Por lo anterior, la propia ciudadanía representada a través de la sociedad civil, litigaremos este atropello ante el Poder Judicial. Estaremos presentes en el litigio para coadyuvar con nuestros argumentos ciudadanos y técnicos para defender la autonomía de estas instituciones que son parte toral del combate a la corrupción en la entidad. No permitiremos que sean cooptadas como se pretende.

Si hubiera algún o alguna integrante de cualquiera de los órganos colegiados que incumpla su función, no se requiere cambiar nombres de las instituciones en la Constitución para su remoción, menos aún remover a todas y todos en bloque, lo cual es en extremo autoritario y sospechoso, pues podrían iniciarse acciones por las autoridades competentes para remover a quienes se les prueben sus fallas bajo el proceso legal que corresponda.

En su momento, exigimos a la LXIV Legislatura de Oaxaca que asumiera con absoluto respeto, seriedad y congruencia su deber parlamentario; al Gobernador le enviamos sendas comunicaciones diversos organismos y colegios de profesionistas pidiendo ejercer su derecho de veto ante esta inconstitucionalidad, pero ninguno de los dos llamados fue atendido. Hoy hacemos un llamado al Poder Judicial de Oaxaca para que revise el caso con objetividad e independencia para evitar esta herida de muerte al andamiaje institucional del combate a la corrupción en Oaxaca. OpiniónCoparmex

Leonor Quiroz Carrillo

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Presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex.

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