El empresario Víctor Mucio siente que está navegando en un barco en la obscuridad. Sin bodas ni eventos, no ha podido pagar cuatro meses de la renta de la casa de modas Xochimeh, donde también vive con su equipo de artistas. Teme ser desalojado. Considera urgente una Ley Inquilinaria para construir certeza jurídica entre arrendadores e inquilinos, sobre todo en situaciones de urgencia como una pandemia que ha roto la economía.
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– Bienvenidos a Casa Xochimeh, le dijo con una sonrisa el empresario Víctor Mucio a Sergio González, cabeza de la Plataforma Vecinal 06600. En 2020 planeaban abrir una casa artística así en Europa. Pero se atravesó la pandemia.
Hasta junio, su equipo de 14 personas de sastres y modistas convirtió la cooperativa de vestuarios artísticos y coronas en un laboratorio de material para personal médico. Hace unos días pudieron reabrir, pero sus ventas son casi nulas. No hay bodas ni festivales culturales. Deben la renta de cuatro meses de la casona en la Roma Sur en la Ciudad de México. La cifra llega a los seis números. El casero les dio dos meses más de prórroga. Si los desalojan, también se quedarán sin hogar. Ahí viven en cuatro residencias. Son una comunidad artística.
El activista de vivienda Sergio fue desalojado hace unos años de la calle Liverpool por la venta del edificio sin ser respetado su derecho al tanto (poder comprar el departamento por ser inquilino). Fue a asesorar a Víctor y platicarle sobre la iniciativa de reformas al Código Civil de la capital del país, la cual propone que ante cualquier situación de urgencia, como un terremoto o pandemia, el inquilino tendrá derecho a que se le condone, se le reduzca o se le prorrogue el pago, solo si el dueño acepta.
“Hay datos alarmantes de situaciones como la tuya, cantidades impresionantes de personas que no es que no quieran pagar ni es gente morosa. No tenemos Ley Inquilinaria (para evitar abusos entre arrendadores e inquilinos). La tienen varias capitales del mundo, la tiene Michoacán y Veracruz, donde en los 20 se hizo una huelga inquilinaria encabezada por una mujer anarquista, María Luisa Marín, con las prostitutas. Los metieron a la cárcel, los reprimieron…”, le comentó Sergio. “Sin que esté en el Código Civil te exigen por fuerzas que como aval entregues una escritura de una persona que esté en la Ciudad de México; eso no está en la ley, se lo inventaron porque hay que reconocer que a veces hay abuso en no pagar la renta”.
Entre académicos y sociedad civil llevan preparando desde hace meses la iniciativa y con la pandemia se volvió indispensable. Pero “se nos lanzaron los perros en jauría diciendo que estábamos contra la propiedad privada, una falaz mentira”. Ante la falta de consenso con la industria inmobiliaria y notarios, el Congreso local decidió posponerla. Mientras, van al menos 56 desalojos que han dejado en la calle a 256 personas en la Zona Metropolitana de Valle de México, documentaron Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento Urbano Popular, académicos y la Plataforma Vecinal 06600, las organizaciones civiles que impulsaron la propuesta ciudadana.
La sala donde se da el encuentro está adornada con flores y coronas, productos de una de las cinco empresas que conforman la casa de modas. Víctor, quien ha sido sastre desde los 13 años, viste una playera con el nombre de su empresa. Sale y regresa con un gorro gris listo para la charla.
Una noche previa, en entrevista con SinEmbargo, sentenció: “la economía está rota; no hay manera que nosotros podamos reconstruir nuestras vidas sin recuperar nuestro ingreso habitual”. En la parte más ruda de la pandemia en el centro del país se quedaron sin comida. Ahora comen con 18 pesos.
“No he podido pagar la renta en cuatro meses. Incluso hemos pensado en cerrar nuestro negocio; tal vez no sobreviva. El dueño ha sido muy lindo con nosotros, y nos ha permitido atrasarnos. Sin embargo, no hay renovación para 2021”, dijo vía telefónica. Se quedarían sin negocio y dónde dormir. “Nos hemos reinventado y hecho de todo. Pero nuestros clientes, que me han mantenido por años, no tienen dinero, han perdido sus casas, han cerrado sus empresas y han despedido a sus empleados. Al dedicarnos al ámbito cultura nuestras fechas más importantes se fueron cancelando desde marzo como una cadena hasta diciembre. Perdimos medio año de trabajo y nuestra estructura de una empresa que tardó 20 años en formarse”.
En la calle de Quintana Roo, conocida por ser opositora al enorme edificio que construye UBIKA, llevan rentando año y medio. A Daniel, uno de sus socios, lo correrán de su departamento en agosto porque no ha podido pagar sus cuotas desde marzo. Solo le faltaban 150 mil pesos para terminar de pagarlo. La pandemia le arrancará su patrimonio igual que a su amigo Gamaliel, un artista de vestuario que en enero será sacado de su departamento en el Centro Histórico luego de 18 años de pagar renta. Sin su empleo en un bar de la calle Cuba, no puede solventar ese gasto mensual.
A la tarde siguiente, después de ser asesorado por la Plataforma Vecinal 06600, Víctor recuperó la esperanza. “Voy a salvar esta casa así me cueste la sangre”, afirmó.
El 59 por ciento de las personas que rentan una vivienda en México no cuenta con un contrato escrito de arrendamiento que les garantice certeza jurídica por lo que se les puede tratar como invasores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Frente a la ola de desalojos por la crisis económica y sanitaria, organizaciones civiles presentaron una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para impedir desalojos en los casos en los que no haya un contrato escrito. No propicia invasiones ni obliga a los dueños a reducir o perdonar el pago de la renta, ya que no puede haber renegociación si no hay acuerdo entre las partes. En la situación de Casa Xochimeh, el casero aceptó negociar. Pero de los 56 desalojos, la mitad de los dueños no accedieron.
El riesgo de desalojo acorrala al 15 por ciento de las personas en el país (unas 18 millones) que rentan la vivienda que habitan (25 por ciento en la Ciudad de México), quienes pueden destinar hasta el 61 por ciento de sus ingresos en el pago de la renta, muestran datos del Inegi.
“NOS ENFRENTAMOS A LA PEOR CRISIS”
Víctor mostró a Sergio la casa de modas. Le ofreció café michoacano. A la entrada, está el taller resguardado por su cascarrabias perro Benjimonio, donde fabrican los vestuarios y vestidos de novia. Durante la pandemia, tomaron las máquinas de coser y lo convirtieron, junto con la sala y comedor, en un laboratorio de batas quirúrgicas, cubrebocas y caretas. Participaron en la licitación para abastecer de material médico a la Alcaldía Cuauhtémoc, pero perdieron “por unos centavos”.
Arriba están las recámaras. Es una casa-habitación donde viven artistas, inspirado en la casa de los Once Patios en su natal Michoacán, donde 41 familias de artesanos conviven. Casa Xochimeh alberga cinco empresas: Fashion House (ropa), Rey de mi Corazón (coronas), Estudio Médula (corte láser) y Fashion Maker (pijamas quirúrgicas) y la residencia para modelos, artistas y jóvenes, dijo en compañía de Juanpi, un chico de 18 años de León, Guanajuato, que arranca su carrera de fotógrafo. También dan clases de arte e idiomas.
El empresario de 40 años se sentó en un sillón de la sala frente a la cámara de la Plataforma Vecinal 06600 para mandar un mensaje a los legisladores, al Gobierno de la Ciudad de México y a los ciudadanos: voten la Ley Inquilinaria para apoyar a los inquilinos y empresarios que pagan impuestos y nómina. Que la pandemia, deseó, nos deje una lección para unir nuestras manos en una cadena de empatía y compremos local.
“Considero que la Ciudad de México debe tener una Ley para inquilinos. He vivido en carne propia cómo mis amigos han sido despojados de sus casas con violencia. En 2020 a partir de la COVID toda la empresa que formé durante más de 20 años de trabajo duro se viene abajo. Hemos pasado meses sin dormir con terror de que vaya a ser mañana el desalojo, con el horror de despertar y saber que no hay nada que hacer porque no tengo empleo”, inició el originario de Uruapan, Michoacán. La Ley, propone, debería considerar prórrogas en caso de situaciones de urgencia como esta, regular los desalojos con fuerza pública y mediar una conciliación para que ninguna de las dos partes pierda.
“Me dedico a hacer eventos, festivales, bodas y espectáculos. Nos especializamos en vestuario y ganamos premios. Ahora nos enfrentamos de repente a una barrera gigante por la que ya no podemos trabajar; no tenemos una oportunidad de recuperar los festivales perdidos. Sin eventos ni museos, nos enfrentamos a la crisis más dura de toda nuestra historia y estamos enfrentando un luto”, dijo.
La fabricación de material médico no les permitió solventar sus vidas y salarios completos, mucho menos la renta.
“Podemos comer gracias a todas las personas que nos ayudaron comprando un cubrebocas o una bata médica, pero para evolucionar o al menos para continuar nuestra profesión necesitamos más que nunca su apoyo, por ejemplo, comprando nuestra ropa. Acabamos de sacar una nueva línea de ropa porque entendemos que no habrá espectáculos pronto”, pidió.
Así como su casero le permite la prórroga para pagar la venta, Víctor está apoyando a su equipo. No ha despedido a nadie, pero sufren reducción en los sueldos.
“Necesito muchísima instrucción, asesoría e información sobre las leyes cuando rentas tu casa. Siento que estoy navegando en un barco con todo mi equipo en la oscuridad”, afirmó.
