Familiares de Lesvy Berlín Osorio, Pamela Salas, Lisandra Camorlinga Alanís, Yang kyung María Jun Borrego, de entre otras víctimas de feminicidio, acusaron que las autoridades de la Ciudad de México obstaculizan los trabajos para decretar la Alerta de Género.
Las familias víctimas de feminicidios que se cometieron en el sexenio de Mancera y que heredó a José Ramón Amieva acusan a la PGJ CdMx de revictimizrlas.
“Para empezar ni siquiera nos tratan por nuestros nombres o el de nuestras hijas víctimas, nos asignaron un número. Nos tratan como si fuéramos animales. Para anunciarnos o exponer tienes que decir tu número y eso nos hacen sentir como si fuéramos ganado para ellos y al final de cuentas nos tratan como tal” explicó Consuelo Salas, madre de Victoria Salas, asesinada el pasado 2 de septiembre y su cuerpo hallado en un hotel de Tlalpan.
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– Familiares de víctimas de feminicidio y ataque sexual denunciaron que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCdMx) que atienden la mesa a interinstitucional de violencia feminicida en la capital sabotean y obstaculizan los trabajos de la misma, además de revictimizar a los afectados.
“Hasta ahorita las autoridades no han mostrado ningún empeño ni intención de avanzar en las investigaciones y llegar a la verdad de los hechos, el cual es el objetivo de la mesa”, indicó Aracely Osorio, mamá de Levy Berlín Rivera Osorio, universitaria estrangulada presuntamente por su novio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en mayo de 2017.
La mesa interinstitucional a la que se refieren es parte de las seis medidas urgentes que el pasado 1 de marzo de 2018 ordenó el Grupo de Trabajo instalado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México.
Hasta el momento sólo se han hecho dos reuniones de la citada mesa en la que están planteados alrededor de 15 casos de violencia de género, entre ellos, feminicidios, ataques sexuales, intentos de feminicidios y desapariciones.
Las víctimas indicaron que al inicio de las juntas sí se sintieron escucharlas e incluso pensaron que se corregirían los errores y negligencias en las investigaciones; sin embargo, en la segunda reunión vieron que había nulos avances, no se brindaba la debida atención, no muestran evidencias de que se realicen las mínimas diligencias en las indagatorias e incluso los familiares y ofendidos fueron tratadas con una pasiva hostilidad.
“Pareciera que por estar ahí y exigir justicia, nos están intimidando”, sostuvo Aracely Osorio.
Consuelo Salas, madre de Victoria Salas, asesinada el pasado 2 de septiembre y su cuerpo hallado en un hotel de Tlalpan, con un corte en el cuello mientras el agua caliente continuaba cercenando su cuerpo, sostuvo que son tratadas como si fueran “animales”.
“Para empezar ni siquiera nos tratan por nuestros nombres o el de nuestras hijas víctimas, nos asignaron un número. Nos tratan como si fuéramos animales. Para anunciarnos o exponer tienes que decir tu número y eso nos hacen sentir como si fuéramos ganado para ellos y al final de cuentas nos tratan como tal” explicó.
Las víctimas afirmaron que la mesa es una simulación para hacer creer que las autoridades hacen algo. Además, agregaron, les ofrecen apoyo psicológico y recursos económicos como medida de distracción, y por otro lado, reducen su actuación ministerial.
“Nosotras lo que queremos es acceso a la verdad, justicia y sanción a las autoridades que han sido omisas, negligentes y corruptas”, añadió Osorio.
Para Consuelos Salas “no hay empeño para poner atención, no vemos respuestas contundentes, las autoridades se avientan la bolita y se hacen mensos. Lo que queremos es que hagan las investigaciones efectivas”.
Las denunciantes exigieron que el Jefe de Gobierno en funciones, José Ramón Amieva, asuma de manera urgente la presidencia y coordinación la mesa de casos de violencia feminicida para garantizar el respeto. También urgieron a una reunión con la nueva Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo de transición.
Mónica Borrego Kim, madre de Yang Krung Maria Jun Borrego, privada de la vida por Jorge Humberto Martínez Cortés, presunto asesino serial –quien fuera nombrado por la prensa como “El Matanovias”–, señaló que la investigación está en el limbo.
“El caso sigue impune, no avanza. En la mesa interinstitucional, las víctimas estamos ante la mirada escrutadora de las autoridades que se preocupan más por la hora en que se van a ir ” comentó.
María Margarita Alanís, mamá de Campira Lisandro Camorlinga Alanís, estrangulada el 31 de diciembre de 2016 , también víctima de Jorge Humberto Martínez, comentó que a ella como familiar directa nunca le informaron sobre los derechos que tenía.
Aracely Mondragón, madre de Mayra Abigail Guerrero, asesinada el 11 de diciembre de 2016, explicó que la orden de aprehensión contra el presunto responsable fue liberada casi un año después, en noviembre de 2017, y hasta la fecha no hay avances. La indagatoria está estancada y el delincuente libre.
“Me cambian de policías ministeriales, ya van tres veces que lo hacen. Mi caso iba avanzando poco a poco pero mueven los ministeriales y empieza otra vez de cero. […]Yo temo que a otras niñas que les pueda pasar lo mismo porque él sigue libre. De la mesa interinstituicional yo esperaba respuesta favorable pero tampoco me han dado avance”, abundó.
Laura Torres, víctima de violencia sexual, narró que las autoridades capitalinas tardaron mucho para empezar a indagar su denuncia y desde el principio lo hicieron mal.
“Me traen de un lado a otro. Yo lo único que pido es que el gobierno ponga atención para que no tengamos que estar aquí exigiendo que nos ayuden”.
“MUNDO AL REVÉS”
Aracely Osorio denunció que Raymundo Álvarez Reyes, Ministerio Público que ha conocido el caso desde el principio y el único en el que ella confía, fue despedido justo en el momento urgente en que se debía redactar la repuesta a un nuevo amparo que interpusieron cuatro defensores que acompañan al acusado del asesinato.
“En lugar de premiar a las personas que sí trabajan que se solidariza, estas personas son las que están siendo despedidas. El mundo revés. […] Sí tengo miedo porque justo cuando van avanzando los casos nos empiezan atacar de esta manera, porque no solo es el caso de mi hija, sino en todos”, alertó.
La hoy activista exige a las autoridades que reinstalen a Raymundo Álvarez. “Como madre y como mujer me pregunto si no ese es sólo el inicio de una cadena de castigo a las personas que somos parte de la mesa y exigimos justicia de nuestras hijas”, dijo.
Lesvy fue asesinada el pasado 3 de mayo en el campus central de la UNAM. El cuerpo tenía huellas de estrangulamiento,marcas de violencia y el cable de una cabina telefónica atado a su cuello. Aunque la evidencia apuntaba a que fue víctima de un feminicidio cometido por su novio y ex trabajador de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, la PGJCdMx defendió la versión sobre que ella se suicidó, lo que indignó a la comunidad universitaria, a su familia y desembocó en una lucha por justicia que continúa hasta ahora.
La mamá de Levy recordó que la CDHDF emitió la Recomendación 1/2018, dirigida a la PGJ-CdMx e Incifo, donde exige ofrecer disculpas a las familia de la víctima, además de actualizar el protocolo de investigación de feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos y la guía para realizar necropsias en esos casos.
Aracely Osorio anunció que no aceptará la disculpa pública hasta que de verdad haya procuración de justicia en esta ciudad.
“No la quiero porque si por un lado nos ofrecen las disculpas para salir en la foto, y por otro lado nos violentan de esta manera, quitándonos a personas sí ayudan, que se han portado solidarias que sí trabajan […], no la voy aceptar hasta que corrijan y nos atiendan”, sostuvo.
Blanca Victoria López es víctima de ataque sexual. La joven expuso que ella fue violada por un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Azcapotzalco y las autoridades no han tomado en serio su denuncia.
Agregó que “como una medida más de hostigamiento, mi atacante puso una denunciada en mi contra, la cual, sí ha tenido un debido proceso. Esa denuncia [por difamación y daños] lo hace es criminalizar mi denuncia y toda la protesta”.
La joven afirmó que ahora ella es acosada y hostigada por su agresor al grado que “tuve que abandonar los estudios para protegerme del hostigamiento que era víctima. La MP de delitos sexuales puso en dicho mi denuncia, se burló de lo que decía mandaron tarjeta a archivos, para sacarla fue muy complicado”.
Además denunció que mientras a ella le negaron medidas de protección, bajo el argumento de la autonomía de la universidad, el presunto atacante sí cuenta con protección.
Las víctimas exigen que establezca una metodología clara para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los acuerdos que se tomen en la Mesa de Interinstitucional. Además, solicitaron que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México participe como observadora en dichas reuniones, y que las autoridades electas asuman con urgencia la transición de materia de procuración de justicia.
El pasado 29 de julio, Gabriela Rodríguez Ramírez, quien será Secretaria de las Mujeres de la capital del país, señaló a SinEmbargo que la Ciudad de México ocupa el lugar número uno en violencia de género a nivel nacional, superando al Estado de México.
La titular de la próxima y nueva Secretaría de las Mujeres aseguró que casi 80 por ciento de las mujeres que radican en la capital han sido víctimas de algún tipo de violencia de género, mientras que 40 por ciento han padecido violencia comunitaria: la que se da en las calles, en el Metro, en el microbús.
“El principal reto en definitiva y, por desgracia, es la violencia de género. Es muy grave que a pesar de muchos esfuerzos y estrategias que se han realizado, las tasas de violencia siguen en aumento. Ni siquiera están estancadas, ni descienden, van en aumento. Entonces son dos principales retos: uno es abatir las tasas de violencia de género, y el otro es disminuir la brecha en las desigualdades de género. En todo hay desigualdad; en salarios, educación superior, puestos políticos”, detalló.
En México, al menos cinco mujeres son violentadas cada hora; en el primer cuatrimestre del presente año, los delitos relacionados con violencia de género en México crecieron 40.8 por ciento, en promedio, según cifras oficiales.
En tanto que la falta de denuncia, la desconfianza en las instituciones y debilidad de las instituciones y la falta de prevención, son algunos factores que no permiten la adecuada atención a las violencias que afectan, cuando menos, a 30.7 millones de mujeres.
En México, el 88.4 por ciento de las mujeres que admitieron haber recibido algún tipo de agresión no presentó denuncia ni solicitó el apoyo de alguna institución, de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (HENDIRE) del Inegi.
El sondeo precisa que los argumentos para no denunciar fueron que “se trató de algo sin importancia que no le afectó” (43.5 por ciento, en promedio); miedo a las consecuencias y a las amenazas (15.4); además de vergüenza (11.75), no saber cómo denunciar (13.5) y que no les creyeran, o que fueran a decir que era su culpa (10.7 por ciento, en promedio).
