Un nuevo asesinato de un Alcalde pone en duda la capacidad del Gobierno federal para reaccionar ante una crecida de agresiones en contra de autoridades municipales. Partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil repudiaron los hechos y se preguntan: Si eso pasa con autoridades, ¿quién cuida a la ciudadanía?
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- José Santamaría Zavala, presidente municipal de Huehuetlán El Grande, Puebla, fue asesinado esta madrugada y con él suman ya cinco los ediles abatidos este año. Los partidos políticos de oposición no sólo condenaron los hechos, también acusaron que no hay razones para creer que esto no volverá a suceder.
Un conteo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) refirió que han sido asesinados 48 alcaldes desde el 2003. Ejercer una presidencia municipal en México conlleva lidiar con el crimen organizado.
El Partido Acción Nacional condenó los hechos de violencia, y culpó al Gobierno federal realizar un ejercicio fallido de los instituciones de seguridad pública. El Diputado blanquiazul Jorge López Martín refirió que la seguridad de las autoridades está siendo vulnerada.
“Estamos viendo el fracaso rotundo y contundente de las instancias de inteligencia de seguridad nacional. En este sentido nos parece que hay nuevamente falta de cumplimiento con los compromisos y la ley”, dijo el panista.
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El Diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Vidal Llerenas Morales apuntaló que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha hecho oídos sordos a esta crisis.
“No existen protocolos. En casos anteriores, por ejemplo, ya se había solicitado protección a las autoridades para que actuaran. Por qué si no, realmente lo que hay es un incentivo para generar acuerdos con el crimen”, consideró.
Tanto los funcionarios que se coluden, como los que deciden evitar colaborar afrontan riesgos, aseguró el Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Waldo Fernández González.
“Lamentablemente los alcaldes son el primer contacto con el ciudadano, pero también el primer frente contra la delincuencia y ellos no tienen policías preparados para enfrentar a la delincuencia organizada. Los policías municipales su armamento llega a revólveres, o a pistolas automáticas, pero no tienen el tipo de armamento de la delincuencia organizada, evidentemente es una lucha dispareja. Nunca van a ganar la batalla”, opinó.
MANDO ÚNICO
El asesinato de la Alcaldesa de Temixco Gisela Mota Ocampo resucitó el interés del Gobierno federal por implementar un Mando Único, en el que las policías municipales pasen al control de los estados.
A falta de la posibilidad de convencer a los alcaldes de todo el país para sumarse, Peña Nieto envió una iniciativa presidencial al Senado el 1 de diciembre del 2014 al Senado. Congelada desde entonces, la propuesta reforma los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Carta Magna.
Aunque la intención fue resolver la falta de coordinación, especialistas en seguridad como Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), sostienen que el problema no pasa por ahí.
“No hay solución mágica que resuelva estos problemas, por supuesto, que si la hubiese el PRI debería de revisar su pasado reciente, porque la propuesta del Mando Único viene desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El problema no es si es un Mando Único, o un mando mixto, el tema es la calidad de las instituciones, si tenemos policía estatal que hace su trabajo, seguramente podremos resolver los problemas”, propuso Rivas.
El 2 de enero del 2009 se expidió la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que incluyó las pruebas de control y confianza con el fin de limpiar a las fuerzas de seguridad pública de la infiltración de la delincuencia y el crimen.
Sin embargo, la depuración de los elementos de las fuerzas de seguridad pública no han terminado a cabalidad, en especial por amparos laborales a los cuales policías reprobados recurren.
“Son motivos estructurales los que impiden que se lleve acabo. Es decir, si los controles son violatorios de los derechos humanos. Por ejemplo, hay personas que fallan por peso y aún así son dados de baja y si te dan de baja no te pueden reinstalar porque así lo dice la ley”, expuso Rivas.
Si no se implementan medidas distintas no sólo las autoridades víctimas de ataques, sino la ciudadanía. “Hay una falta de reconocimiento del problema. Cuántas veces nosotros hemos platicado de la presencia de corrupción y la vinculación de autoridades y delincuentes. Es decir, si no reconozco el problema tampoco lo vamos a poder resolver”, dijo Rivas.
EL CAMINO DEL DINERO
La responsabilidad de la seguridad púbica en manos de los presidentes municipales conlleva en mucha ocasiones la principal asignación de recursos públicos.Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), sostuvo que las autoridades federales no se han encargado de modernizar las formas en las que los municipios trabajan para que puedan ser más eficaces en el combate a la inseguridad.
“La estructura y organización de los municipios viene de los años 40. Y no tiene ya nada que ver con la realidad que están enfrentando los gobiernos municipales. Se requiere urgentemente una revisión de la organización de los recursos de los municipios. Porque se supone que ellos deben brindar seguridad a los ciudadanos. Si ese orden de gobierno no lo dotamos de los recursos para ejercer la función de protección y seguridad a los ciudadanos la falla está en el Estado mexicano”, expuso.
Sin embargo, esta transformación de la administración pública local no se ha dado con la rapidez que las demandas de seguridad exigen por la corrupción, dijo la fundadora del INCIDE Social.
En México, el 12.2 por ciento de los municipios recibió este año el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), que asciende a un total de 5 mil 465 millones de pesos. Sin embargo, los recursos no han terminado de ser efectivos para paliar la delincuencia.
“Si tienen que pedir a la federación que los proteja significa que estamos muy desorganizados. Tenemos cada vez más un estado cada vez más destruido, deficitario,
más corrupto, inepto, entonces, se requiere de una reforma”, consideró Jusidman.
A nivel nacional la corrupción le cuesta a México el 9 por ciento del PIB, de acuerdo con un estudio del Banco de México en el 2015. En el plano local, la corrupción en el manejo de los recursos también ha ganado terreno.
“Entre el financiamiento privado y el ilícito, hay muchos mecanismos que no son detectados a través de la fiscalización a los partidos. Tenemos que empezar por meter a la cárcel a los funcionarios corruptos, y con una fiscalía de origen externo”, dijo Jusidman, quien citó el caso de Guatemala donde una comisión de índole internacional desnudó las redes de corrupción que saqueaban el Estado.
ALCALDES MUERTOS
En lo que va del presente sexenio 17 ediles han caído bajo ataque. El 24 de julio el Edil de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte fue emboscado por un grupo de sujetos no identificados abordó de un vehículo, cuando se desplazaba en el tramo entre San Lucas, Michoacán y Ciudad Altamirano.
Un día antes, el Alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, comunitarios armados que reclamaban recursos para infraestructura asesinaron al Edil Domingo López González. Un ataque que dejó un saldo de cinco muertos.
Aquí un listado de los 14 ediles que han perdido la vida:
–El cuerpo del Edil del municipio de Urique, Chihuahua, Leobardo Díaz Estrada fue hallado decapitado dentro de automóvil, el 8 de febrero.
–Feliciano Martínez Bautista, Edil de San Juan Mixtepec, Oaxaca, fue emboscado y asesinado el 24 de marzo mientras transitaba por las inmediaciones del municipio de Juxtlahuaca.
–José René Garrido Rocha, presidente municipal de San Salvador el Verde, Puebla, murió a balazos luego de que supuestos delincuentes ingresaran a su domicilio para robar el pasado 20 de abril.
–El 5 de junio del 2013, el primer Edil de San Miguel Tilquiápam, Oaxaca, Celestino Félix Vásquez Luis, fue asesinado a unos pasos de la puerta de su casa a un costado del mercado municipal.
–Gerónimo Manuel García Rosas, Alcalde del municipio de Aquila, Veracruz, fue asesinado el 22 de julio por el segundo comandante de la Policía Preventiva de la entidad.
–Everardo Hugo Hernández Guzmán, Edil electo de San Andrés Cabecera Nueva, Oaxaca, fue asesinado el 11 septiembre del 2013, en inmediaciones del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.¬
–El 7 de noviembre Ygnacio López Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, fue secuestrado, torturado y asesinado por el crimen organizado, de acuerdo con información de la AALMAC.
– El Mandatario Municipal electo de San Pedro Totolapan, Epigmenio Rafael Aragón Luis, fue asesinado el 5 de diciembre del 2013, a menos de un mes de la fecha prevista para su toma de posesión.
2014
–El 22 de marzo del 2014 el Alcalde de Tanhuato, Michoacán, Gustavo Garibay García fue asesinado mientras salía de su domicilio. Durante meses, el Alcalde contó con protección federal que le otorgó el gobierno de Felipe Calderón por lo que era custodiado permanentemente por agentes de la Policía Federal, sin embargo al inicio del mandato de Enrique Peña Nieto, al igual que a otros alcaldes de la región del Bajío se les retiro la vigilancia.
–Cinco meses después, el 4 de agosto, el Alcalde del municipio de Ayutla, en el estado de Jalisco, Manuel Gómez Torres fue asesinado a balazos en su rancho por un grupo del crimen organizado.
2015
–Guanajuato registró un asesinato inédito, el 23 de junio de 2015 cuando el presidente municipal electo por el PVEM en el municipio de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán, fue ejecutado por un comando de sicarios que viajaban en un camioneta.
–En ese mismo mes José Alfredo Jiménez, Alcalde de Santa María Chimalapa, Oaxaca, fue asesinado el día de las elecciones federales intermedias.
2016
-El 2 de enero de este año la Alcaldesa perredista de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo fue asesinada de cuatro balazos en la cabeza por un grupo armado, un día después de tomar protesta como presidenta municipal.
–Juan Antonio Mayen, Alcalde de Jilotzingo, Estado de México, fue asesinado la mañana del 22 de abril de 2016 junto a dos de sus escoltas. Iba por una carretera del municipio de Naucalpan.
