La excepcional protección que recibe el exgobernador Javier García Cabeza de Vaca es producto de una reforma a la Constitución de Tamaulipas, promovida por los diputados de la fracción mayoritaria del PAN en septiembre de 2021. La SCJN resolvió el lunes que el panista seguirá con el beneficio.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- Exfuncionarios públicos de Tamaulipas, quienes hayan fungido como gobernadores, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y encargados de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), gozarán del beneficio de seguridad y protección una vez concluyan su mandato, determinó el lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El fallo favorecerá al exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien desde 2023 promovió recursos legales para poder contar con dichos servicios pagados por el erario.
“El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó diversas disposiciones de la Constitución Política, así como de las Leyes de Seguridad Pública y Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, todas del estado de Tamaulipas, que prevén el otorgamiento de medidas de seguridad y protección a las personas que fungieron como titulares del Ejecutivo estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia, por un periodo igual al tiempo de su encargo, las que pueden ser prorrogadas en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”, detalló la Corte en un comunicado.
Al revisar una acción de inconstitucionalidad contra diversos ordenamientos que establecen las medidas de protección, la Corte determinó que el Congreso local “tiene libertad configurativa en este ámbito, sin que por el sólo hecho de que se prevea la posibilidad de otorgar las medidas aludidas, exista una violación a los principios de honradez y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, previstos en el Artículo 134 de la Constitución Federal”.
Ante las condiciones de riesgo en Tamaulipas, #LaCorte avaló otorgar medidas de seguridad y protección a las y los titulares del Ejecutivo, la Fiscalía General de Justicia, las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública.https://t.co/HfMXn24Aul pic.twitter.com/1hGQa6OSTJ
— Suprema Corte (@SCJN) July 2, 2024
El proyecto presentado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa precisó que, en el caso de la FGJ, se contempla otorgar esa protección de manera general a las y los servidores públicos que, debido a las funciones realizadas en la institución al momento de causar baja, la tengan asignada o la requieran.
Asimismo, por lo que se refiere a la prórroga de las medidas de protección en tanto las “condiciones de riesgo” lo ameriten, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las disposiciones resultan “claras y precisas en cuanto a su significado y alcance, por lo que no existe una violación al principio de seguridad jurídica”, indicó.
El 26 de abril de 2023 se dio a conocer que tres comisiones del Congreso estatal de Tamaulipas preparaban una iniciativa promovida por diputados locales de Morena, la cual tenía como objetivo impedir que con dinero del erario se pagaran los gastos de seguridad al exgobernador Cabeza de Vaca y a otros exfuncionarios públicos que realizaron tareas de seguridad en esa entidad.
La excepcional protección que recibe el exgobernador es producto de una reforma a la Constitución de Tamaulipas, promovida por los diputados de la fracción mayoritaria del PAN en septiembre de 2021. El Congreso local, que aún era de mayoría panista, aprobó reformar su Constitución para blindar con seguridad, como escoltas y vehículos oficiales, a García Cabeza de Vaca.
El 24 de mayo de 2023, un Juez federal le concedió una suspensión definitiva al panista contra el acuerdo que ordenaba el retiro de sus escoltas, sin embargo, el caso siguió avanzando en las instancias correspondientes hasta que llegó a la Suprema Corte.
En ese momento, el Diputado morenista Isidro Vargas, uno de los promotores de la iniciativa para suspender las escoltas y protección del exfuncionario, explicó que tal cobertura implicaría un gasto mensual de más de un millón 100 mil pesos.
-Con información de Sugeyry Romina Gándara.
