El número de víctimas mortales por el ataque a un centro de rehabilitación de Irapuato se elevó a 26, además otras cinco personas heridas ya están fuera de peligro.
Por Eduardo Verdugo
IRAPUATO, Mexico (AP) — El número de muertos en el ataque a un centro de rehabilitación irregular en el estado de Guanajuato ascendió el jueves a 26 fallecidos mientras autoridades locales y federales se acusan respectivamente de no hacer lo suficiente para detener la violencia vinculada al crimen organizado que se ceba en este estado del centro del país, el de mayor número de asesinatos de todo México.
Ricardo Ortiz, Alcalde de la ciudad de Irapuato, donde ocurrieron los hechos, actualizó la cifra de victimas y explicó que el ataque fue muy rápido, lo protagonizaron seis o siete individuos que llegaron al lugar en dos vehículos y que hubo mujeres que salieron con vida del lugar y un número indeterminado de personas que pudieron huir al ver llegar a los atacantes.
Cinco personas heridas están ya fuera de peligro, añadió.
Según Ortiz, la ciudad tiene casi una treintena de centros de rehabilitación irregulares que, en algunos casos, son “fachada de los propios cárteles”, cuya violencia se ha incrementado en esta ciudad industrial, sobre todo desde principios de año y a pesar de la presencia de fuerzas federales.
Guanajuato es escenario de una sangrienta lucha territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo delictivo local y el miércoles acumuló el 36 por ciento de todos los asesinatos del país, un total de 33, según dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves por la mañana.
El mandatario aseguró que las fuerzas federales seguirán apoyando al estado pero pidió más colaboración entre los distintos niveles de Gobierno, cambios en la impartición de justicia local y que se investigue si hay complicidad entre autoridades y criminales.
“Hay que hacer cambios porque así lo exigen las circunstancias”, indicó en su conferencia matutina. “Creció mucho el problema, lo dejaron crecer y hay que ver si no hay contubernio, es decir, asociación delictuosa entre delincuencia y autoridad”.
Sin embargo, el alcalde se quejaba de que aunque hay presencia del ejército y la Guardia Nacional “no basta solamente el acompañamiento mientras no exista una verdadera estrategia que combata al crimen organizado de manera más efectiva” y a nivel nacional.
La falta de un plan claro contra el crimen organizado ha sido una crítica reiterada en numerosas ocasiones contra el presidente López Obrador, que tras un inusual atendado ocurrido el viernes pasado contra el secretario de Seguridad de Ciudad de México insistió en que no declarará la guerra a nadie y que combatirá a los cárteles con unos servicios de inteligencia efectivos y atajando las causas de la violencia. Ese ataque fue atribuido al Cártel de Jalisco.
Mientras tanto, en las calles de Irapuato también existen reclamos a la autoridad. “No hace nada el gobierno ya”, lamentó Mary Moreno, que vive cerca del centro de rehabilitación.
La vivienda donde ocurrieron los hechos amaneció el jueves sin ningún tipo de resguardo ni seguridad. Era una casa de dos plantas, con patio amplio y una ventana parcialmente tapiada con ladrillos, ubicada en una zona nueva con calles sin pavimentar de las afueras de Irapuato.
Rosa Alba Santoyo, madre de tres de los fallecidos y que acudió al lugar momentos después del ataque, dijo a The Associated Press que una de las víctimas fue el responsable del centro y que llamó “el padrino” y que los atacantes dejaron ir a las mujeres que estaban allí, una de las cuales la recomendó retirarse del lugar por seguridad.
La mujer, trabajadora en una fábrica de productos de limpieza, mostraba en sus manos un periódico local que tenía en su portada una fotografía donde se veía a las víctimas tendidas en el suelo y baleadas. Entre ellas estaban dos de sus hijos. Al tercero lo encontraron muerto en la parte de arriba.
Los fallecidos, de 39, 29 y 27 años trabajaban en la construcción y tenían desde hace tiempo problemas con las drogas aunque el más joven había salido de ese mismo centro hacía cinco meses. El día de la matanza, explicó Santoyo, sólo había acudido a llevar un refresco a sus hermanos.
Los grupos del narcotráfico en México han matado en otras ocasiones a supuestos distribuidores de drogas de cárteles rivales que se esconden en este tipo de instalaciones. En 2010 fueron masacradas 19 personas en un centro similar de la ciudad de Chihuahua, en el norte del país, y desde entonces ha habido otros ataques menores a este tipo de centros, varios de ellos en Irapuato.
López Obrador garantizó que el apoyo federal continuará pero pidió al gobierno estatal que coopere y, sin mencionarlo expresamente, instó al gobernador a que participe en las reuniones diarias de seguridad con el ejército, la marina y la guardia nacional para que haya más coordinación.
“Es nuestra responsabilidad proteger a la gente de Guanajuato”, agregó. “Vamos a seguir apoyando”, esto no tiene que ver con cuestiones políticas, partidistas” pero pidió que se deje de lado la hipocresía.
El Gobernador Diego Sinhue Rodríguez, del conservador Partido de Acción Nacional, también insistió en la urgencia de trabajar de la mano del Gobierno federal.
Las fuerzas federales protagonizaron hace menos de dos semanas un amplio operativo en el que fueron detenidos 26 presuntos integrantes del cártel local, el de Santa Rosa de Lima, incluida la madre de su líder José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, que posteriormente fue liberada.
En ese momento, López Obrador subrayó que el Gobierno no podía permitir que el estado cayera en “en la anarquía, el desorden” y que la federación intervino “porque la situación era incontrolable”.
