En los 18 meses del mandato del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 52 mil 131 personas fueron víctimas de homicidio doloso en México; 3 mil 623 de secuestro y 16 mil 365 de extorsión. Además se registraron 5 mil 770 asesinatos de mujeres.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- El Gobierno federal festejó ayer, 1 de julio, dos años de su victoria en la elección presidencial de 2018 y su primer año y medio de gestión sin exhibir aún una estrategia integral y efectiva que esté enfocada a resolver el tema de violencia en el país y dar respuesta a las demandas de justicia de las víctimas, coincidieron expertos en el tema de seguridad y violencia.
“La justicia es una gran deuda social que arrastra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este año y medio”, expresó Ricardo Ravelo, periodista especializado en seguridad y temas de crimen organizado.
“El escenario en la seguridad pública del país no es nada alentador […] Vemos que la estrategia que ha implementado el Gobierno federal no está funcionando”, añadió el abogado penalista, Ramón Celaya Gamboa, experto en procesos de seguridad nacional.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que tampoco se ven políticas claras para combatir los feminicidios: “Los mismos datos revelan la gravedad (de los asesinatos de mujeres) en el país. No hemos logrado tener estrategias contundentes. Hay una falta de perspectiva y una resistencia para entender que la violencia de las mujeres no solo está suscrita en el ámbito familiar, también en el ámbito criminal”.
MATANZAS Y ATENTADOS
A dos años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, victoria que representó la llegada de la izquierda a la Presidencia y que prometió transformar México, el país sigue inmerso en la vorágine de violencia.
Las dos últimas semanas han estado definidas por múltiples episodios de violencia de alto impacto: el asesinato del Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa, en Colima; los bloqueos e incendios en Guanajuato a raíz de los operativos federales para tratar de acorralar y capturar a José Antonio Yépez, “El Marro”, líder del Cartel de Santa Rosa; y los feroces ataques a corporaciones policiales, como el atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch; el homicidio de tres policías en Silao, Guanajuato, y un enfrentamiento de armados contra elementos de la Guardia Nacional en Jalisco.
Las masacres y los hallazgos de cadáveres en masa tampoco han cesado. La noche del 15 de junio al menos 15 personas fueron “torturadas y quemadas vivas” en la comunidad indígena ikoots en San Mateo del Mar, Oaxaca. El 26 de junio, 14 cuerpos fueron encontrados en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. En Sinaloa, el 25 de junio se registró una jornada violenta que dejó al menos 15 personas muertas en las comunidades serranas Los Bagrecitos y La Vainilla.
En los primeros 18 meses del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 52 mil 131 personas fueron víctimas de homicidio doloso en todo el país; 3 mil 623 de secuestro y 16 mil 365 de extorsión. Además se registraron al menos 5 mil 770 asesinatos de mujeres, de los cuales, solo 1 mil 456 son investigados como feminicidios.
El 2019 fue el tercer año consecutivo que llegó a cifras récord en materia de violencia con 35 mil víctimas de homicidio doloso. La paz en México cayó 4.3 por ciento debido a que las actividades delictivas subieron un 24 por ciento, en tanto que la tasa de homicidio aumentó 1.4 por ciento, de acuerdo con el Índice de Paz México 2020 (IPM) realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El mismo estudio detalla que la violencia le costó el año pasado a México al menos 4.57 billones de pesos (238 mil millones de dólares), lo que representa, el 21.3 por ciento del Producto Interno Bruto de México (PIB).
Los mexicanos cada día se sienten más inseguros. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), concluye que menos un 73.4 por ciento de los mexicanos sintió mayor inseguridad en primer trimestre del 2020.
La percepción de inseguridad de la población mexicana entre enero y marzo de 2020 fue mayor medio punto porcentual con respecto al último trimestre de 2019.
“Es evidente que la inseguridad que se vive en el país es clara y la gente se siente insegura”, expresó Ramón Celaya Gamboa.
Los especialistas entrevistados coincidieron que el problema de la violencia y el crimen organizado está tan arraigado en el país y en la idiosincrasia nacional que no es algo que se vaya a resolver ni en un año, ni en un sexenio o en dos; sin embargo, destacaron que tampoco ven en claro una política y acciones que estén asentando las bases para mejorar la seguridad.
Ricardo Ravelo recordó que el mandatario nacional pidió, en noviembre de 2019, un año de plazo para empezar a dar resultados en materia de seguridad, sin embargo, “es la hora en que no vemos una estrategia”, enfatizó.
Y añadió: “A pesar de que están la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército en la calle, parecen insuficientes para contener la violencia. Entonces, me parece que este será un sexenio perdido en materia de seguridad pública”.
Celaya Gamboa agregó que un año es el plazo mínimo razonable para empezar a dar indicios de resultados, pero en el tiempo que ya lleva la actual administración no hay señales que permitan pensar o pronosticar en un descenso de violencia, por el contrario, se espera que siga en aumento.
“Si bien no nos podemos basar totalmente en las cifras, sí hay muchos indicadores que nos pueden dar luz que algo no funciona, que algo en la estrategia está fallando”, expresó.
El tema de feminicidios es otro rubro donde falta mayor atención y efectividad, de acuerdo con los expertos.
María de la Luz Estrada consideró que el Gobierno federal tiene una mirada muy asistencialista para tratar de combatir este problema y que carece de un enfoque integral y estratégico para cesar con la violencia de género. La activista aclaró que esto no es exclusivo de éste sexenio.
“No vemos una política de seguridad con perspectiva de derechos humanos y de género que proteja a las mujeres. Nosotros seguimos documentando desapariciones, los mismos modus operandi”, expresó la defensora.
LA GUARDIA NACIONAL
La creación de la Guardia Nacional fue una de las principales apuestas de Gobierno federal –más allá de programas sociales y reformas de ley– ante la situación de violencia en todo el territorio nacional, sin embargo, esta corporación ha sido polémica desde su inicio, debido a su conformación mayormente militar.
Los expertos afirman que la seguridad pública no debe de quedar a manos de militares, sino de las instituciones civiles. Militarizar la seguridad pública, destacaron, propiciará una mayor incidencia en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, porque la historia en México ha mostrado que es el Ejército quien acumula mayores denuncias de este tipo.
Para los analistas, la Cuarta Transformación sigue por el mismo camino de los últimos sexenios: combatir la delincuencia y violencia con las Fuerzas Armadas, aspecto que –destacaron– ya ha quedado en evidencia que no funcionó y además dejó múltiples víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
“México tiene una historia larga de militarización… esta historia se refuerza después de la declaración de la Guerra contra el Narcotráfico, cada vez más militares y marinos metidos en política de seguridad pública y esto no cambió ni en el Gobierno de Felipe Calderón ni en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y lamentablemente tampoco está cambiando en el de AMLO”, expresó Daniel Vázquez, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
“Yo creo que este Gobierno sí es como los anteriores, que no reconocen un contexto donde desaparecen y asesinan a las mujeres, y comercializan con sus cuerpos”, añadió Luz Estrada.
