Una de las grandes paradojas que caracterizan al México actual es la enorme cantidad de casas abandonadas en estado ruinoso y por otro lado miles de familias mexicanas viviendo prácticamente en la calle o en circunstancias de alto riesgo por carecer de una vivienda digna.

Pues a pesar de ser un derecho humano reconocido en la Constitución política de México, y objeto de múltiples discursos, rasgaduras de vestiduras incluidas, “Por los pobres que viven en la calle”, “Por aquellos que sufren la ausencia de un domicilio seguro”, Discurso favorito de los políticos en campaña y de los diputados en los exhortos a las autoridades en verdad no se ha avanzado en años para tratar de resolver en serio este problema.

Aquí en Ciudad Juárez hay más de 70 mil casas que fueron abandonadas entre 2008 y 2011, convirtiéndose en los refugios de los malvivientes, narcotraficantes, sicarios que asolaron a la ciudad.

Estas casas no fueron rescatadas de manos de los delincuentes ni por la policía ni por el ejército, estas casas fueron arrebatadas a las manos del crimen por los pobladores, migrantes, desplazados dentro de la misma ciudad, que llegaron ahí cuando eran tapias, de las cuales se conservaban básicamente las estructuras, y con el esfuerzo de la familia y los ratos libres que les deja su empleo en las fábricas maquiladoras, poco a poco transformaron los barrios donde viven, tuvieron a sus hijos, han partido a la fábrica diariamente a las 5:00 h de la mañana, o a las 2:00 de la tarde, según el turno de trabajo, y repentinamente se enfrentan 10 o 12 años después, a actuarios prepotentes que van a desalojarlos, porque la casa es de un Banco o una inmobiliaria, o alguien se la compró al Infonavit.

Más de 4 mil pobladores se han organizado en un colectivo llamado Vecinos Unidos de Juárez. Y han impulsado la elaboración de una Ley especial que facilite la regularización de las propiedades que en circunstancias excepcionales ellos rescataron.

Los licenciados Miguel Ángel Franco y su hija Tamara Franco prepararon un proyecto de ley especial que, sin modificar los principios fundamentales de la propiedad privada de la tierra, ni las fincas, resolvería en un corto plazo el problema que enfrentan miles de familias ocupantes de las casas recuperadas por ellos.

¿Qué es una Ley especial?

Las leyes especiales, se aplican a una o a varias categorías de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades específicas, se encuentran investidas de las características de generalidad, abstracción y permanencia, dado que se benefician a todas las personas que se colocan dentro de las hipótesis que prevén y no están dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado, además de que su vigencia jurídica pervive después de aplicarse a un caso concreto para regular los casos similares en que se actualicen los supuestos contenidos en ellas, no transgrediendo, por tanto, el citado precepto constitucional. En esta propuesta se aplicará sin consideración de especie o de personas a todos los casos que previene, ya que será efectiva a todas las personas que se encuentren o estén en la clasificación establecida.

Y al respecto, el artículo 13 precisa a que tipo de posesionarios beneficia, “Las posesiones de viviendas, así como los asentamientos espontáneos anteriores al 1 de diciembre del 2006 y posteriores a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, no están cubiertos por la misma”.

Así redactan las leyes los académicos, lo anterior significa, que solo podrán acogerse a esta ley, los que ingresaron a las viviendas abandonas y en situación ruinosa después del 1 de diciembre de 2006 y antes de que entre en vigor esta normatividad especial.

Hay un antecedente, Las pensiones a los veteranos de la Revolución, solo beneficiaba a quienes se incorporaron al movimiento armado, después del 20 de noviembre de 1910, y antes del 5 de febrero de 1917.

Pero este gran problema no ha sido responsabilidad de los ciudadanos que abandonan casas o las ocupan cuando se han convertido en ruinas.

Elvira Maycotte y Erick Sánchez escribieron “El papel del sector público, encabezado por el gobierno del Estado de Chihuahua y por el del municipio de Juárez, ha sido estratégico para la expansión de la superficie urbana. Por una parte, asumiendo un papel activo aún por encima de los instrumentos legales para consolidar maniobras de especulación de suelo al incorporar suelo urbano, induciendo el crecimiento urbano a través de la promoción directa de conjuntos habitacionales de gran magnitud tanto en su superficie como en el número de viviendas, todos ellos carentes de facilidades equipamiento e infraestructura urbana y por otra, brindando facilidades para que las empresas desarrolladoras del sector privado urbanicen predios no aptos uso habitacional y hasta promoviendo versiones simuladas de consulta pública para avalar la ampliación del fundo legal con base a argumentos de los empresarios privados, entre los cuales destaca la falta de suelo urbano a costo razonable para producir vivienda económica” https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/9342/ACE_14_SA_11.pdf.

En esas condiciones el sur suroriente de Juárez creció desmesuradamente, produciendo más casas de las que demandaba el crecimiento natural de la población, al mismo tiempo que se dio una salida de pobladores citadinos, con motivo de la violencia y la desocupación de una gran cantidad de obreros industriales.

Con tales argumentos los creadores de la propuesta señalan que es indispensable establecer esta ley especial para enfrentar el problema urbano, caótico y con un porcentaje muy alto de la población juarense que vive en una casa que recuperó de las ruinas pero que está en la zozobra de perder todo lo hecho en los últimos 10 años.

Resaltan en la propuesta, los siguientes artículos.

Artículo 1.- Esta ley… tiene por objeto ordenar y regularizar el proceso adquisición de viviendas y de la tenencia de la tierra, ocupada por la población en los asentamientos urbanos, populares e indígenas,”

Artículo 5.- Las personas que hayan ocupado en concepto de propietarios con la finalidad de habitar y habiten permanentemente viviendas abandonadas, habiéndose hecho mejoras para su rehabilitación y conservación, que tengan la posesión de la misma por cuatro años o más …adquieren el derecho de propiedad …. bajo el principio pro-persona.

La sentencia que emita el juez tendrá efectos de título y deberá ser inscrita al registro público de la propiedad.”

Artículo 6.- … Las personas poseedoras que se encuentran en la hipótesis de esta ley deberán cubrir el pago del impuesto predial de la vivienda…”

Y finalmente el

Artículo 11.- Las personas naturales beneficiadas por esta Ley, también deberán acompañar declaración jurada de que no son propietarios de otra vivienda o terreno urbano.

Como se ve, es una ley especial que pretende resolver un problema concreto, sin alterar la estructura lógica jurídica de los derechos de propiedad que regula el Código Civil.

Esta propuesto se convirtió en iniciativa de ley y fue presentada ante el Congreso del Estado, en la sesión celebrada en Ciudad Juárez en días pasados Por la fracción parlamentaria de morena, y más de doscientos vecinos, que se trasladaron por 25 kilómetros, para presentar y firmar la iniciativa conjuntamente.

Las condiciones de crisis por la vivienda no son exclusivas de Ciudad Juárez, seguramente muchas ciudades del país enfrentan circunstancias similares, y la propuesta de leyes especiales, que se han usado pocas veces en el México, es una buena idea que deberían explorar los nuevos gobiernos de morena para resolver graves problemáticas sociales que reciben junto con el mando político de su estado.

Por lo pronto a los Vecinos Unidos de Juárez, les quedan tiempos de lucha y de esfuerzos mayores para poder lograr que sus casas se conviertan en sus propiedades.

Gustavo De la Rosa

https://www.sinembargo.mx/author/delarosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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