Gobiernos fueron y vinieron, y los quebrantos que se le hicieron al patrimonio petrolero fueron tan sistemáticos que en los últimos 40 años, ningún órgano fiscalizador del Estado logró cuantificar. Sin asomo de voluntad política para exigir rendición de cuentas, en lo que respecta a Petróleos Mexicanos, el círculo de la corrupción se cerró siempre con creces. Corrupción, crimen organizado y hasta ataques de la guerrilla han contribuido en las últimas cuatro décadas con el saqueo de Pemex, otrora sinónimo de orgullo y soberanía.
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Por Linaloe Flores y Alejandra Padilla
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– Desde la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, los hidrocarburos y sobre todo el petróleo se convirtieron en sinónimos de orgullo y soberanía. Pero los quebrantos que se le hicieron a ese patrimonio fueron tan sistemáticos que en los últimos cuarenta años, ningún órgano fiscalizador del Estado ha logrado cuantificarlos. Jamás se notó voluntad política para exigir rendición de cuentas y el círculo de la corrupción se cerró con creces en torno a Petróleos Mexicanos, la empresa paraestatal transformada por la Reforma Energética en productiva del Estado.
En el sexenio de José López Portillo (1976-1982), el Gobierno anunció que se administraría la abundancia por el descubrimiento de yacimientos petroleros. El destino de ese dinero serían los proyectos sociales. Eso no ocurrió. La bonanza engrosó los bolsillos de los funcionarios o los líderes sindicales.
Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), es el emblema actual del enriquecimiento a través de Pemex. En la última década, el sindicato que dirige ha recibido de la empresa casi mil 600 millones de pesos para realizar básicamente tres actividades: festejar fechas como el 18 de marzo y el 1 de mayo, revisar el Contrato Colectivo de Trabajo, y viajar.
El 18 de Marzo –marcado como día nacional para honrar la Expropiación Petrolera– ha merecido sin alteraciones, una conmemoración magna a lo largo del territorio nacional. En los últimos 10 años, honrar al momento en el cual el Estado se apropió del petróleo que subyacía en el país al quitarlo de la administración de compañías extranjeras, ha costado más de 167 millones de pesos, de acuerdo con una revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) de esta Unidad de Datos.
El dinero para la organización del 18 de marzo lo ha recibido Romero Deschamps ya sea con transferencias bancarias, ya sea con cheques. Investido como representante obrero, ha ejercido al pie de la letra la cláusula 25 BIS, impresa en los últimos cinco CCT del Sindicato de Pemex que dice: antes del 18 de marzo de cada año, se entregará un importe en millones de pesos por el concepto de “ayuda para gastos derivados de los festejos relacionados”.
La conmemoración del Día del Trabajo es otro concepto por el que el Sindicato de Pemex pide cada año cientos de millones de pesos. Por “Gastos para los festejos del Desfile del 1 de Mayo”, la organización dirigida por Romero Deschamps ha recibido en la última década más de 135 millones de pesos.
No sólo fue la corrupción. Con la merma, también contribuyeron acciones de los cárteles de la droga y la guerrilla. Para los grupos delincuenciales, los recursos no renovables se convirtieron en una veta de tráfico. Pemex ha identificado la ruta del combustible hurtado hasta la comercialización, según solicitudes de información en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Pero en cuanto a montos, hay muy poco. Fuera de que en 2013, Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), reconoció que el robo de hidrocarburos en ese año fue de unos 20 mil barriles diarios, no se encuentra otro cálculo sobre el delito.
En cuanto a la guerrilla, ataques perpetrados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) entre julio y septiembre de 2007 a conductos de combustible en Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala ocasionaron pérdidas para la empresa por menor monto de recursos captados de 2 mil 852 millones de pesos. Más allá de la afectación económica, este evento demostró la vulnerabilidad de la estructura en la que yace el petróleo.
EL ENEMIGO EN CASA: LA CORRUPCIÓN
Horarios, rutas y operativos son parte de la información que los miembros de la delincuencia organizada sólo pueden obtener por medio de dos rutas: a través de la intervención de las comunicaciones de autoridades federales, estatales y trabajadores de Pemex o con sobornos a esas mismas autoridades y trabajadores.
El Frente Nacional Petrolero y la Gran Alianza Petrolera, integrados por disidentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ha acusado a los dirigentes de dicho sindicato de estar involucrados en una red de corrupción para cometer ilícitos.
En un documento dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, estas dos organizaciones afirmaron en 2015 que la logística y operación de la “ordeña” de combustibles tienen su origen en la dirigencia del sindicato y sus liderazgos locales.
En esta acusación señalaron a los caciques de las secciones 15, 24 y 40 del STPRM, a Ricardo Aldana, presidente del Consejo General, y a Carlos Romero Deschamps, secretario general de este gremio.
A nivel técnico hay pruebas de que el robo de combustible no puede ser operado sin información interna: una toma clandestina debe ser realizada cuando no transite ningún hidrocarburo por los ductos. La hora y el lugar específicos en donde esto ocurrirá son información que está en manos de los empleados de la empresa.
Además de estos datos, los miembros del crimen organizado o cualquier otra persona que opere la puesta en marcha de una toma clandestina debe tener un mínimo entendimiento sobre la operación de los ductos para obtener el combustible sin provocar accidentes.
Las explosiones que han tenido lugar en diferentes estados del país y que han dejado como saldo decenas de muertos y heridos son prueba de ello. En 2010 un oleoducto de Pemex se incendió y provocó una explosión en la comunidad de San Martín Texmelucan, Puebla. Las investigaciones concluyeron que la perforación ilegal de los ductos fue la causa del incidente en el que murieron 30 personas.
2007: CUANDO CALDERÓN BUSCÓ LEGITIMIDAD
En 2007, entre julio y septiembre, conductos de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) explotaron en Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. Apenas si el fuego en las instalaciones de la petrolera en Querétaro había sido amainado, cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudicó la autoría del desastre en un comunicado.
“La orden de iniciar con la campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo ha sido puesto en marcha”, se leyó en el comunicado del grupo guerrillero. Felipe Calderón Hinojosa llevaba apenas un semestre en la Presidencia de la República.
Los ataques fueron cometidos con el fin de que los militantes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez fueran presentados con vida. Desaparecieron el 25 de mayo de ese año y es la hora en que no se les ha vuelto a ver.
Más allá del asunto político, para Pemex el daño causado a los ductos repercutió en una caída de 4.3 por ciento en las ventas internas de petrolíferos en general; del 6.7 en gas natural y de 4.7 en gasolinas, respecto al mes anterior, según el reporte Indicadores Petroleros correspondiente a septiembre.
Esa reducción en el volumen de ventas internas se tradujo en pérdidas para la empresa por menor monto de recursos captados de dos mil 852 millones de pesos en el caso de los productos petrolíferos, de los cuales mil 627 millones de pesos correspondieron a a gasolinas –Magna y Premium– y 68 millones de pesos a gas licuado de petróleo.
Pese a ello, el valor de las importaciones totales de petrolíferos, petroquímicos y de gas natural registrado por la paraestatal en ese mes resultó inferior en casi 200 millones de dólares respecto a agosto, cuando Pemex desembolsó casi mil 520 millones de dólares para comprar en el exterior 537 mil barriles diarios de petrolíferos, incluidas gasolinas, diesel, combustóleo; 403 millones de pies cúbicos diarios de gas natural; y 21 mil toneladas de petroquímicos.
EL VALIOSO MERCADO NEGRO
En momentos en el que los precios del petróleo y la gasolina resultan altos para la economía mexicana, Pemex reconoció mil 211 grifos ilegales en sus oleoductos en el primer trimestre de 2015, 58 por ciento más respecto al mismo periodo que el año pasado, según datos de Pemex en Insight Crime (que citó a Dinero de Grupo Imagen). Cada día son robados en promedio 10 mil barriles del recurso no renovable, según datos de la empresa.
Eso, en lo que respecta al Gobierno de Enrique Peña Nieto que impulsó la Reforma Energética, una de las más ambiciosas enmiendas de su tren transformador, porque implicaba la apertura del petróleo al mundo; es decir, un recurso asociado con la soberanía en la memoria de los mexicanos.
De 2000 a 2015, Pemex perdió unos 65 mil millones de pesos por el delito de robo de combustible, una práctica conocida en el argot delincuencial en torno a la ex paraestatal como “ordeña”.
En el mercado internacional resulta imposible diferenciar el combustible legítimo del robado, un escenario en el que los traficantes de combustibles se llevan unos cuatro mil millones de dólares al año.
Según un diagnóstico de Pemex elaborado en 2014, hay un extenso modus operandi para lograr “la ordeña”. Primero, el robo se hace en tomas clandestinas o sustracción de pipas en los ductos. Una segunda etapa es el almacenamiento en depósitos clandestinos o camiones. Luego se comercializa con el combustible en estaciones de servicio irregulares, o en carreteras y pueblos. La otra es que el petróleo hurtado, los grupos delincuenciales lo usan para sus propias necesidades de consumo. También hay contrabando de turbosina a Estados Unidos y Centroamérica.
Aunque Pemex ha identificado la ruta que el combustible sigue desde el robo hasta la comercialización, el único dato que ha proporcionado vía solicitudes de información es la cantidad de hidrocarburos recuperada, pero jamás ha respondido sobre el total que ha sido robado en la última década. El dato más cercano a ello es el que brindó Emilio Lozoya Austin, ex director general de la empresa (ahora productiva del Estado) en 2013, cuando expuso que el robo de hidrocarburos en ese año ascendió a 20 mil barriles diarios.
En 2014, el robo de combustibles afectaba a todos los estados de la República Mexicana, de acuerdo con documentos dados a conocer por el Gobierno federal y retomados por el portal Business Insider. Tamaulipas y Veracruz, controlados por Los Zetas, experimentaron el crecimiento más rápido en cuanto a robo de gasolina y otros hidrocarburos.
Pemex reportó robo entre 2009 y 2015 en las tuberías ubicadas en esos estados, por casi cuatro millones de barriles de petróleo. En tanto, el robo de una tubería en Salamanca, Guanajuato, y una bodega en Guadalajara, Jalisco, fue de 5.6 millones de barriles.
En enero de este año el Senado de la República aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos que implica un aumento en las penas. Pasaron de entre ocho y 14 años a un mínimo de 15 y un máximo de 25. InSight Crime opinó que estas medidas son poco efectivas porque los grupos del crimen organizado han experimentado una fragmentación cuyo resultado es el surgimiento de pequeñas organizaciones que no tienen la intención de traficar drogas a nivel internacional y encuentran en las actividades domésticas una redituable fuente de ingresos; el robo de hidrocarburos es una de ellas.
PEMEXGATE, EL ATREVIMIENTO POLÍTICO MÁS CARO
En 2000, el director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de administración, dos cheques por mil 100 millones de pesos que fueron depositados en un banco de Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del partido tricolor. Las elecciones las ganó el Partido Acción Nacional con Vicente Fox Quesada como candidato. Cuando corrían sus primeros meses, la administración foxista presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República en contra de la entonces paraestatal por presunto desvío.
Pablo González Álvarez, perredista, dio a conocer el expediente. Se supo entonces que el PRI habría recibido una cantidad jugosa de Pemex de manera ilegal y además, el PRI no lo había incluido en sus informes de ingresos y egresos ante el IFE.
Por este episodio, conocido como Pemexgate, el PRI se convirtió en el protagonista de de la mayor multa emitida hasta el momento por la autoridad electoral: mil millones de pesos en marzo de 2003. Hoy en día, al partido fundado por Plutarco Elías Calles no se le puede achacar esta deuda. La tiene saldada por completo. Hizo 32 pagos y para enero de 2006 ya no debía nada.
