Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– Ni las millonarias y recurrentes multas impuestas por violaciones a la ley electoral ni la petición de decenas de miles de ciudadanos para que se le quitara el registro –precisamente por incurrir en prácticas ilegales– bastaron para hacer mella en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que el próximo 7 de junio llegará como una de las opciones que los ciudadanos tendrán para elegir a sus próximos representantes políticos. Con ello, mientras que el llamado partido del tucán le apostará a conseguir votos que le permitan seguir manteniéndose en el espectro partidista –de la mano de su aliado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– para el país sólo quedará un mensaje de que violar la ley funciona y la impunidad prevalece, a costa de debilitar aún más a las instituciones electorales y judiciales, consideraron analistas del sistema electoral.
“El [Partido] Verde fue un desafío para la autoridad, de alguna manera nos demostró que ganó el Verde, se alzó con la victoria y perdió la autoridad; ganó la impunidad y perdió la impartición de justicia”, sintetizó el investigador del Centro de Investigaciones en Estudios Superiores y Antropología Social (CIESAS), Alberto Aziz Nassif.
El más reciente episodio de esa historia de desafíos, ganancias y pérdidas ocurrió apenas el domingo pasado, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó reducir la sanción impuesta al PVEM de tres días sin transmisión de spots en radio televisión a sólo uno. De este modo, le regresó al Partido Verde la posibilidad de contar con difusión en los últimos dos días de la campaña electoral.
La decisión mayoritaria de lo consejeros del INE no fue espontánea, sino en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el viernes 29 de mayo había determinado que si bien el PVEM había desobedecido la orden de retirar propaganda con los lemas de sus campañas, no lo hizo con dolo. Bajo este argumento, la máxima instancia de justicia electoral en el país ordenó al INE eliminar esa agravante, a una semana de las elecciones del próximo 7 de junio.
Este quizá será el último episodio de una larga historia, tan sólo durante este proceso electoral, de sistemáticas violaciones a la legislación electoral por conductas de sobreexposición, entrega ilegal de propaganda y desacato a las sanciones impuestas, y que le han valido al partido multas firmes (ya ratificadas) por 150 millones de pesos, pero que podrían rebasar los 500 millones de pesos.
Pero al final de la jornada electoral, el PVEM no seria el único afectado por su desacato sistemático de la ley, ya que la reincidencia de las ilegalidades del “campeón impune” en esta batalla también ha vulnerado al Estado de Derecho, a decir de Aziz Nassif.
“Creo que lo que más daño le hace a un estado de derecho es tener a un actor que desacata de forma sistemática la legalidad y se sale con la suya, cuya penalidad y castigo son menores a pesar de la reincidencia”, señaló. “La reincidencia es lo que lo hace gravísimo, es decir todos los partidos han sido multados en algún momento […] pero aquí ha sido una conducta recurrente, es desafiar a la autoridad de manera sistemática. Eso creo que es lo peor que le puede pasar a un estado de derecho que no tiene capacidad de regularlo”.
El experto en partidos políticos y sistema electoral propuso un símil con un delincuente común para ejemplificar cómo la reincidencia de su actuar hace ver débiles a las instancias de procuración de justicia.
“Estoy castigando a un delincuente y el delincuente sigue delinquiendo y además anda libre por la calle, y además tiene dinero prestigio, recursos, espacios de poder. Y reincide”.
Con él coincide el académico René Torres-Ruiz, de la Universidad Iberoamericana, para quien el hecho de que un partido político contravenga las indicaciones de la autoridad electoral produce el efecto de fomentar la impunidad.
“Al permitir que un partido esté haciendo lo que está haciendo el Verde, de manera reiterada, recurrente y durante tanto tiempo, es una forma de alentar la impunidad y de mandar una señal muy preocupante a la ciudadanía […] Se le multa pero no se es capaz de llegar a una medida más drástica de quitarle el registro o impedirle participar en las próximas elecciones”, expresó.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL
¿Qué es lo que llevó al Partido Verde a convertirse en este recurrente violador de la ley y en el paradigma del partido con más multas impuestas durante un proceso electoral? Para Torrez-Ruiz se trata de la debilidad institucional que hay aparejada con una recurrente conducta de quien incumple la ley.
“Si hay algo que ha permitido que el [Partido] Verde esté haciendo lo que hace es la debilidad institucional, tanto del Consejo General del INE como también, una cierta debiidad del Tribunal Electoral, o incluso connivencias o complicidades de algunos miembros del Tribunal con los grupos de poder que están detrás del Verde Ecologista, porque evidentemente quien podría tomar una decisión mucho más práctica es el Tribunal y no necesariamente lo ha hecho; incluso ha echado para atrás algunas decisiones que han venido del Consejo General [del INE]”, destacó.
En su consideración, a la debilidad institucional se suma una legislación insuficiente sobre las causales para que un partido pierda el registro y las posibles complicidades o connivencias de las autoridades electorales con el PVEM, que explicarían por qué pese a todas las ilegalidades en que ha incurrido no se le ha sancionado con mayor rigor.
Para miles de ciudadanos esa interrogante se convirtió en una exigencia llamada #QuitenRegistroAlVerde, que pasó de la plataforma Change.org a una petición explícita al INE. Para cuando un grupo de especialistas electorales y politólogos presentaron ante la Oficialía de Partes del INE la petición para quitar el registro al Partido Verde por la sistemática violación a la legislación electoral y a la equidad en la contienda, la propuesta era respaldada por la firma de cerca de 140 mil personas. A la fecha, en la plataforma Change.org, ya suma más de 155 mil.
A esa petición se sumó un punto de acuerdo, propuesto por representantes de siete partidos políticos, para iniciar un procedimiento para quitarle el registro al Partido Verde. El punto de acuerdo fue turnado a la Secretaría Ejecutiva del INE para encauzarlo, además de que se consideró integrarlo al expediente existente por la otra petición.
Pero ni eso ha hecho mella en el PVEM, como tampoco la sanción de tres días sin spots en radio y televisión: cuando el INE aprobó suspenderle las prerrogativas durante los tres últimos días de la campaña electoral –equivalentes a 47 mil 439 spots– el vocero del partido, Carlos Puentes Salas, dijo que continuarían con la divulgación de spots para difundir sus logros.
En la lógica del Partido Verde, consideró Torres-Ruiz, pagar sanciones económicas altas podría estar dentro de su cálculo político, conforme al cual bien valdría la pena del multados porque, al final, el beneficio por haberse publicitado de forma ventajosa sería mayor.
No obstante, para las instituciones ese razonamiento los deja ver como débiles, señaló. En el caso del TEPJF, dijo, se trataría de “una muestra más de la enorme debilidad del estado de derecho en este país.
“Solamente es un reflejo de cómo el sistema judicial, en términos generales, es un sistema débil, frágil institucionalmente hablando, donde muchos actores son corruptibles o tienen intereses de grupo, o están cercanos ideológicamente a ciertos grupos de poder y eso es totalmente inaceptable en cualquier sistema que se precie de ser democrático porque en un sistema democrático debe imperar un Estado de Derecho”, sostuvo.
Aziz Nassif fue más contundente al decir que “en un Estado democrático no pasaría esto”, en referencia a que pese a las sistemáticas violaciones a la ley al Partido Verde no se le sancione de forma más rigurosa.
En su opinión, el Partido Verde forma parte de una coalición de intereses, del que formarían parte el Consejo General del INE, el Tribunal Electoral, sus partidos socios (PRI y Nueva Alianza) y el dupopolio televiso formado por Televisa y TV Azteca.
“Toda esa confluencia de intereses que forman esa amalgama ha ganado, y lo que ha perdido es la equidad en la contienda. Ha perdido la capacidad de tener una autoridad que realmente administre y haga justicia y haga respetar la legalidad”, expuso.
“Y lo que hemos tenido los ciudadanos que vemos eso: entre más se viole la ley, entre más se incumplan las normas, mejor le va a uno en la vida. Ese es el mensaje y es un incentivo perverso y negativo”.
MENSAJE A LA CIUDADANÍA
A pesar de lo recurrente de sus ilegalidades y de que el monto de sus multas es el tercero más alto impuesto a un partido político en la historia del país, poca gente se enteró de una de las primeras multas que se le impusieron al PVEM, por el programa de vales de medicina, de acuerdo con una encuesta de Parametría.
Sin embargo, Torres-Ruiz consideró que con su actuar el Partido Verde lanza un mensaje doble a los ciudadanos. Por una parte, a la ciudadanía crítica que de por sí tiene animadversión a los partidos políticos, ver que hay un partido político que puede violar sistemáticamente la legislación y desobedecer las instrucciones de la autoridad electoral es un mensaje de desaliento y escepticismo, que refrenda su postura de no votar o no creer en los partidos políticos.
“Es un elemento de impunidad, de generar mayor desconfianza por parte de la ciudadanía”, expuso.
Por otro lado, para un sector menos crítico que pueda creer en los mensajes del PVEM, el mensaje que se envía es de que se puede burlar la ley sin consecuencias.
“Desde luego que es un mensaje de impunidad, de corrupción, de debilidad institucional por parte del INE, de la incapacidad de la autoridad para llamar al orden a los distintos jugadores del proceso electoral”, expuso.
Aunque hay encuestas que hablan de que posiblemente en las elecciones el PVEM crezca en su intención de voto, Aziz Nassif dijo que aún eso es una interrogante.
En todo caso, concedió, si llegara a ganar espacios “es un incentivo a la impunidad, [según el cual] para crecer hay que violar la ley y violar la ley forma parte de un cálculo político, y el cálculo político te dice que te sale más barato violar la ley y ganar más votos, que obedecer la ley y ganar menos votos, ese sería el mensaje y el incentivo, por eso digo que es un incentivo muy perverso”.
No obstante, dijo, en caso contrario –es decir si los resultados electorales no fueran favorables para el Partido Verde– lo que se que vería es que de laguna manera el desacato sistemático de la autoridad por parte de un partido político tuvo un efecto sobre la ciudadanía.
“Y ese efecto es que a pesar de que la autoridad está coludida hay un costo político […] y ese sería un resultado esperanzador”, expresó.
