Por Iván Benumea y Sarahí Salvatierra*

En la conferencia matutina del pasado viernes 28 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció nuevamente en contra del INAI. Esta vez, hizo un llamado para que el Senado realice las reformas que sean necesarias para desaparecer a este organismo, y que sus funciones fueran asumidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano que depende del Poder Legislativo. Por fortuna, la sugerencia del Presidente no fue abordada en la última sesión del Senado, pero en caso de concretarse más adelante, retrocederíamos 20 años de lucha ciudadana por nuestro derecho a saber.

Para comprender sus implicaciones, es importante tener presente que el INAI y la ASF son instituciones que cumplen funciones muy diferentes entre sí, y en los hechos tienen una concepción distinta sobre la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información.

El INAI es una institución diseñada para garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, derechos que pueden ser vulnerados por cualquier entidad, dependencia u organismo público. Esto significa que cuando algún ente público se niega a entregar información o publicar lo que, por ley, debe transparentar, todas las personas tienen derecho a acudir al INAI para exigir que su derecho a saber sea garantizado.

Por su parte, la ASF se encarga de fiscalizar el ejercicio y destino de los recursos públicos. Para ello, la ASF fiscaliza cada año a las autoridades (por ejemplo, realizando visitas y exigiendo documentación que compruebe cada peso), y debe dar seguimiento a las irregularidades que sean detectadas. El trabajo de la ASF consiste, fundamentalmente, de vigilar que las cuentas cuadren, una labor que no está directamente vinculada con nuestro derecho a saber. La ASF no está obligada a exigir que las autoridades publiquen o entreguen información que sea del interés de la ciudadanía, y, de hecho, cuando la ASF decide fiscalizar los recursos públicos lo hace bajo criterios poco transparentes.

Por su propio diseño, el INAI es una institución que puede ser activada por cualquier persona, y este instituto debe dar trámite a cualquier queja que sea presentada por la ciudadanía. En cambio, las posibilidades para la participación ciudadana en la ASF brillan por su ausencia. En teoría, cualquier persona puede acudir a la ASF para presentar una denuncia por el mal ejercicio de recursos públicos, pero en los hechos, a la ASF le interesa poco investigar lo que la ciudadanía exige.

El único mecanismo de participación ciudadana con el que cuenta la ASF son las denuncias ciudadanas, a través de la cuales sólo se puede alertar del uso irregular de recursos públicos bajo algunos supuestos. Sin embargo, este mecanismo carece de muchos elementos para que realmente pueda ser considerado un ejercicio de la ciudadanía. Por ejemplo, a) los procesos para presentar una denuncia son largos y no son accesibles para todas las personas pues requieren de mucho conocimiento técnico y jurídico, 2) las y los ciudadanos deben ser ampliamente activos para recabar evidencias para recibir información sobre el seguimiento y resultado de sus denuncias, y 3) si logran que sus casos sean investigados se enfrentan a diversos retos, como la falta de enfoque derechos humanos en la investigación, la falta de coordinación interinstitucional para la investigación y canales de comunicación deficientes entre las instituciones y la ciudadanía. Todos estos factores han influido en que, entre 2015 y 2020, la ASF haya recibido 263 denuncias ciudadanas, de las cuales solo haya investigado 25.

En las condiciones actuales, nuestro derecho a saber no debería ser asumido por la ASF, un órgano que ha mostrado poco interés por garantizar la participación ciudadana. La ASF tampoco tiene facultades para garantizar nuestro derecho de acceso a la información, y aunque su trabajo es sumamente importante para vigilar la situación de los recursos públicos, este derecho incluye otros aspectos que van más allá de los pesos y centavos, como la justificación de la toma de decisiones y la transparencia del quehacer público. Trasladar esta labor a un órgano desconectado de la ciudadanía pondría en riesgo todos los avances de los últimos 20 años, pues nuestro derecho a saber exige de instituciones que tengan la única finalidad de garantizarlo.

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* Iván es coordinador del programa de Justicia Fiscal y Sarahí es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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