Por Alejandro de la Peña Rodríguez

El pasado 23 de abril el ejecutivo federal hizo pública en una conferencia de prensa su postura acerca de la gestión de la migración internacional en nuestro país. En un mensaje emitido por personajes de primer nivel del gobierno en turno*, el mensaje afirmó centralmente que México enfrenta flujos de movilidad humana sin precedentes, que el gobierno está comprometido en la protección de los derechos de las personas migrantes extranjeras en el país, que hay necesidad de que estas respeten las leyes nacionales y que se registren ante la autoridad, sosteniendo todo el tiempo esta es una postura propia y diferente a la de nuestro vecino del norte. A primera vista la posición es encomiable, sin embargo, si esto no se quiere quedar en meras intenciones, la 4T deberá considerar algunos riesgos para que su política migratoria y la gestión de la movilidad humana sean parte de la transformación y no una continuidad de la política de los gobiernos antecedentes.

Uno de los mensajes centrales del gobierno sostiene que las personas migrantes en México deben respetar las leyes, lo cual es indiscutible, pues es un deber de cualquier persona con independencia de su nacionalidad, en cualquier lugar del mundo quien no cumpla tal supuesto deberá ser sancionado de acuerdo al marco jurídico vigente. Sin embargo, nos encontramos ante el riesgo de que bajo tal argumento se justifique que las personas que entren sin documentos al país (lo que es una falta administrativa, igual que “fallar” en el alcoholímetro) vean limitados derechos fundamentales como a solicitar asilo o a la libertad personal con independencia de las sanciones concretas que se les impongan (como multas o detención), descontextualizando jurídica y socialmente la situación de las personas que incurren en ello. Si la 4T transforma la política migratoria, no puede darse el lujo de criminalizar a los migrantes limitando su acceso a derechos a causa de que no cuenten con documentos migratorios y sin considerar las causas estructurales que los llevan a cometer tales faltas administrativas.

Por otra parte, el gobierno reafirmó la necesidad de que las personas fuesen registradas para lograr mayor control sobre quién entra al país y garantizar la seguridad interior, lo cual es innegablemente importante. Sin embargo, es preocupante pensar que esto pueda convertirse en una condicionante para que los migrantes accedan a derechos básicos que el gobierno mexicano se ha comprometido en leyes nacionales y tratados internacionales a garantizar a cualquier persona que se encuentre en su territorio (como los derechos al asilo, identidad, salud, libertad personal, entre otros), pues existe el riesgo que en una mala interpretación este registro se convierta en una forma detección y deportación que responda a intereses de seguridad que no son necesariamente los de nuestro país. Si la 4T transforma la política migratoria, debe evitar que sus acciones de registro de los migrantes en tránsito respondan a un auténtico espíritu de protección y no sean una continuidad “light” de las prácticas de control migratorio de los gobiernos anteriores (que se ha mostrado conllevan múltiples violaciones de derechos y limitan fundamentalmente el acceso a estos).

El gobierno también anunció que extenderá el acceso a la tarjeta de visitante regional (que permite el ingreso y estancia en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo) a todos los nacionales de países del triángulo norte**, haciendo énfasis en que se busca que su trámite se haga en consulados mexicanos en estos países y que no se tratan de visas de tránsito. Es de gran valor esta ampliación pues suma al crecimiento de la movilidad documentada y reduce el riesgo a violaciones de derechos, pero es muy importante que el gobierno mexicano se cuide de no convertir esta política una acción que limite el libre tránsito y retenga a las personas en los estados de la Frontera Sur para evitar su arribo a la Frontera Norte (tal como lo intentó el gobierno de Peña Nieto con su programa “Esta es tu Casa”). Si la 4T transforma la política migratoria, no se puede permitir que acciones de protección de derechos como la facilitación de documentación migratoria se conviertan en formas de contención que no responden necesariamente a sus principios e intereses soberanos.

Finalmente, en el pronunciamiento, el gobierno reafirmo su compromiso con el Pacto Mundial sobre Migración para lograr migraciones “ordenadas, seguras y regulares”, bajo el cual sostiene guía sus acciones en la materia. Si bien su compromiso es fundamental, es necesario que se oriente a la protección de los derechos de las personas, especialmente durante su tránsito por México, de lo contrario el riesgo es que interpreten este mandato como mayor necesidad de control migratorio sin la consideración de que la ley actual establece requisitos difíciles de cubrir por personas de baja escolaridad y costos inaccesibles para personas de bajos recursos que representan el grueso de la población que en estos momentos arriba al país. Si la 4T transforma la política migratoria, deberá primar una visión de seguridad humana y protección de derechos, sobre una visión de seguridad nacional, haciendo una importante revisión de sus leyes, reglamentos y lineamientos vigentes en movilidad para actuar en función de sus compromisos reafirmados y al espíritu mismo del régimen.

El momento es fundamental, el gobierno mexicano se encuentra ante la coyuntura de, por un lado, hacer girar su política migratoria en torno a la protección y garantía irrestricta de los derechos de los más necesitados con acciones estratégicas basadas en el respeto de su soberanía nacional, o de, por otro lado, decantarse hacia la continuidad con una política de persecución, contención y deportación, fungiendo como filtro de las migraciones al norte. La pregunta está abierta ¿la transformación de la cuarta incluye la transformación de la política migratoria? La coyuntura deja la moneda en el aíre y estaremos pendientes de si la transformación será para todos y se respaldará con hechos.

*Participaron en la conferencia la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, y el Consultor Jurídico Adjunto de la SRE, Alejandro Celorio.
** Extensión que también se buscará concretar en la Tarjeta de Trabajador Fronterizo

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