El Comité para la Protección de Periodistas advierte también que al Presidente Enrique Peña Nieto “se le está acabando el tiempo para resolver” estos crímenes y no dejar “un legado de impunidad endémica”. Añadieron que “es un problema de democracia; un problema que directamente daña la salud de la democracia mexicana".
Además, la CPJ recomendó a la Organización de Estados Americanos “responsabilizar al Gobierno federal de México para que rinda cuentas sobre los asesinatos, secuestros, intimidaciones y amenazas contra los comunicadores.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El más reciente informe sobre México elaborado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés) advierte que la impunidad ha crecido al doble en este tipo de crímenes en el país en los últimos años y que, pese a la creación de instancias federales, prevalece la “falta de voluntad” del Gobierno por esclarecer los más de 50 casos contados por esta organización desde 2010.
El Comité internacional, uno de los más importantes en la defensa de periodistas en el mundo, advierte también que al Presidente Enrique Peña Nieto “se le está acabando el tiempo para resolver” estos crímenes y no dejar “un legado de impunidad endémica”, como el que ya representa la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y otros hechos de corrupción del sexenio.
El problema, agrega uno de los autores del informe y coordinador del CPJ para la región de América, Carlos Lauría, no es sólo de los periodistas mexicanos, sino que atenta directamente contra la democracia y de lo que debería ser su “corazón”: la posibilidad de que las anomalías sociales que vive México se puedan debatir abiertamente.
“Es un problema de democracia; un problema que directamente daña la salud de la democracia mexicana. Es un tema que está afectando derechos de todos los mexicanos, a los periodistas, pero que está generando que comunidades enteras en distintas partes del país estén desinformadas”, dice Lauría en entrevista.
“En muchos casos, tienen que tomar decisiones sobre temas clave para su vida y no tienen la información suficiente o importante que necesitan. Entonces no es sólo es la posibilidad de que haya un debate abierto sobre estos temas, la violencia, la corrupción brutal entre crimen organizado y autoridad, sobre los abusos a los derechos humanos, sobre las desapariciones, estos dramas que se están viviendo.
El debate no se puede dar si no están las condiciones, y eso es el corazón, la piedra angular de la democracia: el hecho de que se pueda debatir abiertamente sobre estos temas. Entonces, creo que es un problema de democracia”, agrega Lauría.
Por eso, plantea el informe de la organización, Peña Nieto debe “comprometerse públicamente a resolver los casos” y asegurarse que la Fiscalía especial de la Procuraduría General de la República haga su trabajo.
“El Comité para la Protección de los Periodistas formula las siguientes recomendaciones: al Presidente Enrique Peña Nieto: Comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, comprometerse a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas en la agenda de su gobierno durante el período restante de su mandato”, urge el informe.
“Asegurar que los funcionarios federales encargados del cumplimiento de la ley se hagan cargo con responsabilidad de todos los ataques contra la prensa que ocurran en sus respectivas jurisdicciones y ordenar a los funcionarios federales investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley”, agrega el documento, titulado “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas”.
La Organización de Estados Americanos (OEA), recomienda también el CPJ, debe “responsabilizar al Gobierno federal de México para que rinda cuentas, de conformidad con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que) declara: ‘El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
El informe menciona también que, por más de una década, el CPJ ha hecho campañas para alertar sobre la creciente violencia contra la prensa en México y contactos con los presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como con el priísta Enrique Peña Nieto.
En este periodo, agrega el documento, el Gobierno mexicano ha respondido con la creación de instancias, como la Fiscalía Especial para la Atención de Deltios cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, y con un “mecanismo de protección” para prevenir ataques a periodistas y defensores de derechos humanos que, sin embargo, encuentra el CPJ, en poco han contribuido.
“Las condenas en los casos de asesinato de periodistas son inusuales y cuando se dictan —como en el caso de un exjefe de la policía sentenciado en marzo a una pena de cárcel de 30 años por asesinar al periodista Marcos Hernández Bautista, del Estado de Oaxaca— con frecuencia se limitan al autor material, y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen”, dice el documento.
“Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad. Esta ausencia de rendición de cuentas perpetúa un clima de impunidad que deja a los periodistas en una situación de vulnerabilidad ante los ataques”, agrega.
El caso de Hernández Bautista es uno de los que revisa el informe del CPJ y a través del cual, dice, encuentra “las fallas de un sistema judicial que al mismo tiempo es disfuncional y está abrumado”, pero que “también demuestra que se necesita una firme voluntad política de parte del Gobierno federal para convertir la impunidad en una tarea prioritaria en los casos de ataques contra la prensa y para garantizar la seguridad de los periodistas”.
Marcos Hernández Bautista, de 38 años, reportero del medio Noticias, Voz e Imagen, fue asesinado en enero de 2016. “Por lo general hacía caso omiso de las amenazas de muerte, pero en los días previos a su asesinato, cometido en enero de 2016, el periodista de Oaxaca admitió que se sentía preocupado por los mensajes recibidos. Se ha condenado a un ex jefe de policía por el asesinato del periodista, pero hasta la fecha no se ha identificado al autor intelectual del crimen, ni se ha esclarecido el motivo”, dice el informe.
Otro crimen revisado por el CPJ es el de Gregorio Jiménez de la Cruz, asesinado en febrero de 2014, en Coatzacoalcos, Veracruz. “Los atacantes le cortaron la lengua como mensaje de advertencia para otros periodistas. Pese a que las autoridades realizaron varios arrestos, entre ellos el del presunto autor material, los críticos sostienen que la investigación ha sido deficiente, y no se ha logrado condenar a ningún acusado”, dice el documento.
El tercer caso analizado es el de Moisés Sánchez Cerezo, fundador del periódico local La Unión, y “levantado” y encontrado decapitado en enero de 2015 en una zanja de la localidad veracruzana de Manlio Fabio Altamirano.
En este caso, dice el reporte, la víctima había participado en la creación de un grupo de autodefensas y lo había expuesto a través de un video que, de acuerdo con deudos del periodista, había “estremecido” a los Gobiernos local y estatal; éste último a cargo del ex priísta Javier Duarte de Ochoa.
“Luego de que Moisés Sánchez subiera el video, las autoridades municipales y estatales organizaron un encuentro con el grupo de autodefensa. Según el informe de la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas, en el encuentro Sánchez repitió su demanda de que Medellín se incorporara al programa Veracruz Seguro y exigió que las autoridades estatales y municipales reconocieran la existencia del grupo”, dice el informe del CPJ.
“En un encuentro entre el Alcalde y el Gobernador en la capital estatal, Xalapa, Duarte le preguntó a Cruz por qué él ‘no había podido acallar a Sánchez’. Jorge Sánchez señaló que una fuente que el periodista no identificó pero que estuvo presente en el encuentro, le contó el comentario a su padre. Jorge Sánchez expresó que, en respuesta, ‘[Cruz] supuestamente le dijo al Gobernador que era imposible y que no se podía silenciar ni comprar a mi padre”, agrega el documento.
Ninguna de estas líneas, sin embargo, ha sido examinada en este caso. “Un informe del organismo gubernamental autónomo Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas (CEAPP), halló que varias líneas de investigación se examinaron insuficientemente, entre ellas la presunta implicación del entonces Gobernador estatal Javier Duarte de Ochoa, y las autoridades dilataron o no tomaron medidas que podían haber asegurado el arresto de sospechosos”, agrega el CPJ.
El caso de Veracruz, donde la organización contabiliza, entre 2010 y 2016, seis asesinatos de periodistas por causa de su trabajo –más otras tres desapariciones y 11 crímenes por causas no identificadas–, no tiene precedente en el hemisferio, dice Lauría en entrevista.
“No tiene precedentes; es una situación dramática, escandalosa, es una vergüenza que en ese estado haya corrido tanta sangre, que se haya asesinado a tantos colegas y que la mayor parte de los casos sigan en la más completa impunidad, y que además durante mucho tiempo funcionarios de los más altos niveles a nivel estatal hayan acusado a los periodistas de vínculos con el crimen sin ningún tipo de evidencia; eso es indignante”, dice Lauría.
“Debería, evidentemente, haber una investigación muy profunda de cuál ha sido la responsabilidad de las autoridades anteriores en propiciar un clima a partir de este tipo de acusaciones infundadas, en el que matar periodistas sea posible y en el que hubo una absoluta falta de justicia, un clima de terror que generó una ola de violencia sin precedentes y ubicó a este estado como uno de los más violentos en el mundo”, agrega el funcionario de CPJ en entrevista.
–¿Qué evidencia esta situación de violencia reiterada contra los periodistas y la impunidad creciente sobre la salud de la democracia en México?
Yo digo, cuando hablan del problema de la libertad de prensa en México, que esto no es un problema de libertad de prensa, es una profunda crisis de libertad de expresión. Es un problema de democracia; un problema que directamente daña la salud de la democracia mexicana. Es un tema que está afectando derechos de todos los mexicanos, a los periodistas, pero que está generando que comunidades enteras en distintas partes del país estén desinformadas.
En muchos casos, tienen que tomar decisiones sobre temas clave para su vida y no tienen la información suficiente o importante que necesitan. Entonces no es sólo es la posibilidad de que haya un debate abierto sobre estos temas, la violencia, la corrupción brutal entre crimen organizado y autoridad, sobre los abusos a los derechos humanos, sobre las desapariciones, estos dramas que se están viviendo. El debate no se puede dar si no están las condiciones, y eso es el corazón, la piedra angular de la democracia, el hecho de que se pueda debatir abiertamente sobre estos temas. Entonces, creo que es un problema de democracia.
Me parece que la falta de prioridad de este tema obedece a que no hay una comprensión profunda de cuáles son las consecuencias.
–Dado que han creado instancias, la FEADLE, el mecanismo, pero hay más impunidad, ¿no evidencia esto que el compromiso del Gobierno federal ha sido sólo en el discurso?
Evidentemente la creación de la Fiscalía y del mecanismo son producto de una presión de la opinión pública importante, y el hecho de verse obviamente obligados a reaccionar. Ahora, creo que las falencias de la Fiscalía y del mecanismo también obedecen a que este tema no es prioritario o que parecería que no es prioritario.
Y a otra cosa: que evidentemente esta situación de violencia e impunidad endémica ha generado una división entre muy profunda entre prensa y autoridad, y restablecer esa confianza va a llevar muchísimo tiempo, mientras tanto está produciendo esa falta de confianza evidentemente, un problema grave para que estos mecanismos y esta Fiscalía puedan dar frutos, porque, evidentemente, los periodistas no quieren acudir al mecanismo o son reacios a presentar sus casos a la Fiscalía.
La falta de confianza genera un obstáculo que veo hace mucho tiempo que esa diferencia, esa falta de confianza, en lugar de achicarse se ha ido agrandando, y eso en general va en detrimento de estos mecanismos.
Ahora, creo que es importante que, una vez creados, se implementen de manera que sean eficaces, y a eso hay que ir, y creo que la crítica es fundamental para eso, la que hagan los periodistas, las organizaciones domésticas, las organizaciones internacionales, es fundamental, porque la idea es que funcione. Porque lo que no puede pasar es que el Gobierno no se vea obligado, no sienta la responsabilidad de tener que cumplir; eso no puede pasar, porque ésta es una obligación del Gobierno federal.
Está escrito en la Constitución, México es firmante de convenciones internacionales y, como tal, debe responder; por tanto, hay que exigirle al Gobierno que cumpla.
–¿Cómo debe ser esta respuesta, más allá del discurso?
No se trata de un mensaje solamente. El mensaje muchas veces lo hemos visto, no sólo en este Gobierno, sino en el anterior y el anterior, que los mensajes muchas veces quedan huecos, cuando no hay hechos.
Creo que más que mensaje se necesitan hechos. Hay una necesidad clara de que el tema sea prioritario, la protección de los periodistas, la creación de un clima donde los periodistas no sientan este estado de indefensión y de vulnerabilidad tan grande: la resolución de los casos, fundamentalmente, la impartición de justicia.
Y no es una responsabilidad que sólo competa al Gobierno, el Gobierno puede decir que es el Ejecutivo; obviamente, hay una responsabilidad de un sistema de justicia que está sobrecargado y que es disfuncional, y que también tiene que responder, pero por parte del Gobierno creo que debe haber, y no es ningún tipo de intento nuestro de querer decir lo que tiene que hacer, en absoluto, pero nos parece que el tema debe ser prioritario, porque es un problema de democracia, no es sólo un problema de los periodistas, por tanto debe ser prioridad, y para esto debe haber señales claras: debe haber un caso que se resuelva hasta las últimas consecuencias, que se conozcan los motivos, que haya condenas ejemplares, que esté limpio de pies a cabeza. Y la evidencia está, hay jueces probos, fiscales competentes, policías que quieren hacer las cosas, seguro; el camino creo que va por parte del poder político a la existencia de una voluntad férrea para que sea un tema de agenda prioritaria.
–Si no lo hace, si no hay un resoluciones de casos, ¿qué indica del Gobierno mexicano y de México?
Esperamos poder conversar en estos días con las autoridades, porque nos interesa muchísimo, y lo hemos hecho con todas las administraciones, desde Fox, pasando por Calderón y en este Gobierno nos hemos reunido, y hemos tenido reciprocidad y tenemos diálogo.
Queremos tener esta posibilidad de conversar para poder leer con mayor claridad cuál es, al menos, tener la sensación de cuál es el grado de compromiso. Evidentemente, hasta el momento, las cosas no han funcionado y el grado de compromiso a este nivel no lo hemos visto; es un mal mensaje, evidentemente, en un país donde estos hechos ocurren con tanta frecuencia y donde el nivel de impunidad es tan alto, es un mensaje desalentador.
–¿Cuál es la diferencia de este informe o del contexto en el que se presenta ahora?
Este informe dice que ya no hay excusas: Se crearon los mecanismos, se estableció la fiscalía, hubo una enmienda de la Constitución y la impunidad sigue en un nivel altísimo; no hay excusas, sobre todo cuando hay casos donde hay sospechosos identificados, arrestados.
Se ha trabajado en la medida de lo posible para elevar el nivel de responsabilidad para que el Gobierno entienda que este es un tema que le compete al Gobierno federal, porque es una obligación por la Constitución y los tratados internacionales.
Ahora hay que quebrar el ciclo de impunidad. Ahora, o es perentorio, porque, si no, lamentablemente, esta situación de falta de confianza se agigantará más y complicará más el panorama.
