Unos minutos antes de que terminara el periodo de sesiones en el Congreso el pasado viernes, el Diputado Rafael Hernández Soriano tomó la palabra para señalar que ante las prórrogas que había sufrido su iniciativa para reformar la Ley General de Salud recibió la recomendación de asesores de la Comisión de Salud de retirar su iniciativa o reunirse con los representantes de Coca Cola en la Cámara que podrían atender sus preocupaciones. Se sabe bien que los representantes de esta empresa tienen fuerte presencia en el legislativo, sin embargo, la recomendación que recibió el Diputado Hernández muestra el grado en que esta Comisión se ha vinculado a los intereses de la empresa refresquera. La recomendación muestra el nivel de cooptación de la Comisión de Salud por los intereses particulares y todas las consecuencias que esto tiene para bloquear las políticas que de manera urgente deberían implementarse en el país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas naciones han establecido regulaciones para evitar el conflicto de interés en la elaboración de recomendaciones y políticas de salud pública en materia de obesidad y diabetes para evitar la influencia de la gran industria de alimentos y bebidas. La Dra. Margaret Chan, directora general de la OMS lo señaló en 2013 en Finlandia: “La salud pública debe enfrentarse a la Gran Industria de Alimentos y a la Gran Industria de Refrescos... Estas industrias odian las regulaciones y se protegen usando las mismas tácticas… El poder en el mercado se transforma en poder político. Pocos gobiernos dan prioridad a la salud sobre las grandes empresas”.
Para impulsar las políticas de salud pública que se recomiendan internacionalmente para enfrentar la obesidad y la diabetes debe enfrentarse “a la Gran Industria de Alimentos y a la Gran Industria de Refrescos”, como dice la directora general de la OMS. El Diputado peruano Jaime Delgado y el Senador chileno Guido Girardi lo hicieron al promover leyes generales contra la obesidad que regulaban, de manera efectiva -no declarativa como en México-, la presencia de alimentos y bebidas no saludables en escuelas, su publicidad dirigida a la infancia y el desarrollo de etiquetados frontales de advertencia en estos productos, entre otras medidas. Enfrentaron a estas empresas y sufrieron campañas intensas en los medios de comunicación con ataques directos a sus personas. Girardi ganó en Chile con el apoyo del Ministerio de Salud que se enfrentó a la industria, que reguló el conflicto de interés, que se basó en la ciencia para impulsar sus regulaciones.
En México, la Senadora Marcela Torres Primbert, que impulsó la iniciativa del impuesto a las bebidas azucaradas, que sería retomada por el ejecutivo, vivió las presiones de la industria e, incluso, fuertes presiones dentro de su partido político y de otros legisladores con intereses en la industria de bebidas.
El Gobierno chileno, que cuenta con una política ejemplar para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, siguiendo las recomendaciones internacionales, ha recibido el reconocimiento de la OMS, la FAO, la CEPAL y la OCDE. Al mismo tiempo enfrenta demandas de la Gran Industria de Alimentos y la Gran Industria de Bebidas a escala nacional e internacional, que incluyen demandas ante la organización Mundial de Comercio.
Para enfrentar la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes se requiere de líderes comprometidos en el legislativo y autoridades entregadas al servicio público, libres de conflicto de interés, que impongan la salud pública por encima de las presiones de las corporaciones, que enfrenten estos intereses, no que les sirvan, como ha venido ocurriendo en nuestro país.
En Perú la legislación fue bloqueada por el cabildeo de la industria. En una entrevista, antes de dejar el poder, el expresidente Humala dio como ejemplo más destacado de las fuerzas que se oponen a las políticas que un presidente quiere establecer, la oposición de la industria de comida chatarra a la ley contra la obesidad. Señaló el fuerte cabildeo en el Congreso y en los ministerios de la industria para impedir la implementación de esta ley, lo que quedó registrado a través de sus declaraciones en un video: http://bit.ly/2oQzBtC
En México, la recomendación de un asesor de la Comisión de Salud a un legislador para que consulte con Coca Cola, no es una ocurrencia, es el resultado de un cabildeo, de una intervención, de la cercanía que desarrollan estas empresas con ciertos legisladores y, especialmente, con estas comisiones,
Hay hechos que pueden parecer intrascendentes para algunos, pero no lo son, son muy graves, explican una realidad que nos afecta a todos. ¿Cómo es posible que un asesor de la Comisión de Salud pueda recomendar a un legislador entrar en contacto con Coca Cola para ver su iniciativa? ¿Cómo es posible que esta Comisión no haya impulsado ninguna reforma sustancial para enfrentar la declarada “emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes”?, ¿Cómo es posible que no haya aplicado ninguna de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para América Latina?, ¿Por qué las únicas iniciativas en materia de políticas de salud pública frente a la obesidad han venido del ejecutivo?. Son regulaciones débiles, a excepción del impuesto a las bebidas azucaradas, que, o no son implementadas de forma eficiente (regulación de alimentos y bebidas en escuelas), o han sido cooptadas y diseñadas por la industria (etiquetado frontal y publicidad dirigida a la infancia). Pero del legislativo nada sustancial ha surgido.
Nos referimos aquí a la ausencia de iniciativas nacidas en el legislativo, a políticas regulatorias, normativas eficientes que ayuden a modificar el ambiente obesogénico, no a frases de buenas intenciones introducidas en las leyes. El conflicto de interés, el poder de las grandes corporaciones y el sometimiento de funcionarios y legisladores a estos poderes son las causas de que esta epidemia continúe avanzando.
En Chile, se ha establecido que: Los funcionarios públicos deben registrar y dar publicidad a las reuniones y audiencias solicitadas por lobistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública; los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones; y los regalos que reciban en cuanto autoridad o funcionario (Ley N° 20.730 o Ley de Lobby).
En Brasil se establece que los funcionarios deben ser acompañados por al menos otro funcionario en cualquier reunión que se lleve a cabo con el sector privado y se debe mantener un registro de la reunión (Código de Ética de los Servidores Públicos).
Este tipo de regulaciones deben abarcar al Poder Ejecutivo y al Legislativo para mantener el interés público sobre el privado, dado que hablamos de servidores públicos y representantes populares, no de agentes al servicio de las corporaciones.
Mientras nos convertimos en el país con el mayor índice de muertes por diabetes en el mundo, entre los países con grandes poblaciones. Mientras, la política de salud pública para la prevención del sobrepeso y la obesidad continúa ahogada en el conflicto de interés. Mientras el sistema de salud pública colapsa, gran parte de los legisladores están enfocados en a dónde darán el salto ahora que termine la legislatura.
