Luego de la inseguridad y la pobreza, el tema de la corrupción se ha convertido en uno de los de mayor importancia en el Estado de México y para el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas. Si bien muchos de los casos han sido herencia de administraciones anteriores o del ámbito federal, Eruviel se ha dedicado a mantener en la impunidad a quienes los han protagonizado y además ha cooperado con el uso indiscriminado de la fuerza pública, sobre todo cuando de comunidades originarias se trata.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– Al cumplirse el primer mes de campaña por la gubernatura del Estado de México, los candidatos han posicionado en sus agendas estatales el tema que asola al Poder Ejecutivo: la corrupción. En consecuencia, Alfredo del Mazo Maza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido el más cuestionado por lo que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha dejado de hacer y por los escándalos que ha protagonizado su primo, el Presidente Enrique Peña Nieto.
Eruviel Ávila no habla mucho de los casos que le cargan. OHL, Xochicuautla y Grupo Higa o todo lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son temas menores en sus discursos donde sobresale el “vamos bien”.
La excusa que ha utilizado la actual administración estatal es que los casos no han sido provocados por el Gobierno de Eruviel; sin embargo, ciudadanos, grupos civiles, cifras de la ASF y denuncias en medios de comunicación evidencian que de todas esas problemáticas hasta el momento no hay detenidos o investigaciones en curso.
Ávila Villegas también ha cooperado en mantener las cosas tal y como convengan a los intereses políticos o empresariales. Está el caso de la comunidad otomí de Xochicuautla que libra una batalla en contra de una carretera que construye Grupo Higa. A pesar de señalamientos internacionales de que se violan los derechos de una comunidad originaria, el Gobierno local ha enviado a la policía estatal para que la maquinaria ingrese a la comunidad.
Y sobre el dinero con el que se construye, que es federal, el Gobierno mexiquense no se ha pronunciado, al ser competencia solamente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) que lo otorgó cuando Alfredo del Mazo Maza lo presidía.
La clave es que el grupo ha mantenido el control del dinero, de las políticas y de las instituciones es el mismo y eso garantiza impunidad, porque la transparencia tampoco es una opción, ya que es imposible acceder a la información de la administración de Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Rojas, periodos en los que se desarrollaron muchos de los casos de corrupción.
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OHL: EL EMBLEMA MEXIQUENSE
Cuando el escándalo estalló, Apolinar Mena Vargas, entonces Secretario de Comunicaciones, fue el primer implicado. En un audio difundido en YouTube, se le escuchó en una conversación con Pablo Wallentin, quien era representante de Obrascon Huarte Lain (OHL). Acordaban el pago de unas vacaciones en la Riviera Maya a cambio de recibir ayudas con el Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.
Esas “ayudas” le dieron a OHL ganancias por 524 millones de euros al año por las cuotas de peaje.
Luego Luz María Zarza, Consejera Jurídica del Gobierno fue acusada por tener una posición a favor de OHL en litigios, pero nunca fue cuestionada. Por su parte, aunque Apolinar Mena fue destituido, semanas después fue designado como Secretario Técnico del Gabinete del Gobernador.
Pero esos dos casos abrieron todo el expediente OHL que inicia en la administración de Montiel Rojas y continuó con Peña Nieto.
El Gobierno del Estado de México anunció una auditoría externa a las obras en cuestión y se contrató a la consultora Pricewaterhouse Cooper’s (PWC).
Los resultados mostraron que fue imposible verificar los ingresos y los egresos debido a que la información, otorgada por OHL, era incompleta, pero se detectaron inconsistencias por 296 millones de pesos y se aplicó una sanción de 38.3 millones de pesos.
Hoy no hay resolución, pero al caso se le denomina como un sinónimo de la corrupción del actual gobierno y que tuvo origen en el Estado de México. Y ahí continua desarrollándose.
Luego, Mena Vargas, estuvo implicado en otro caso, en el que se le escuchó pedir el 12 de diciembre de 2014, a una persona no identificada que inventara una cifra “nada más para que le dieran dinero” en la licitación de una línea nueva del Sistema Mexibús, de acuerdo con un audio filtrado en el mismo canal de YouTube donde se han subido los de OHL México y funcionarios públicos.
“No te preocupes, es nada más para que me den el dinero. Ya después nos arreglamos. Invéntala. O yo te la invento si quieres. Dime, dame los conceptos. Yo le pongo lana. Invéntala, quiero cumplir con el requisito, necesito la lana. ¡Me va a correr el Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] si no tengo los camiones [del Mexibús]”, se escucha decir a Apolinar.
El 12 de enero de 2015, Peña Nieto y el Gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, inauguraron –con retraso– la Línea 2 del Mexibús, que recorre los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.
AUDITORÍA 2015
Los resultados de la Auditoría para el Estado de México no fueron del todo positivos. De entrada, la entidad no comprobó el 18.5 por ciento de los 10 millones 529 mil 543 pesos que recibió de transferencias federales de 2015 y se concluyó que el Gobierno del Estado de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
De la revisión de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de Programas Regionales, también de ese año, se advirtió un probable desfalco al erario de 471 millones 464 mil pesos, monto al que se suman los intereses generados desde que los recursos fueron depositados a las cuentas.
Además, se verificó la realización de múltiples retiros y depósitos reincorporados a cuentas posteriormente.
En la misma revisión, salió el caso del Auditorio Metropolitano de Tecámac. El Gobierno federal entrega dinero año con año dinero para infraestructura, fortalecimiento financiero e impulso a la inversión con cargo en los programas y fondos estatales y son administrados por la Secretaría de Finanzas.
El Auditorio Metropolitano entró en los programas regionales. En un inicio, la obra se proyectó con un costo de 430 millones de pesos y sería construida en 307 días, pero el monto aumentó 169 millones 929 pesos, ya que el costo final fue de 600 millones de pesos, un incremento del 39.5 por ciento y los días de construcción pasaron de 307 a 553 días.
La ASF detectó que la tardanza se debió, de inicio, a una “deficiente planeación del proyecto”; razón por la que la empresa constructora decidió implementar cambios porque el lugar no cumplía con las normas para espacios públicos de uso masivo, además de que el predio ni siquiera era adecuado.
XOCHICUAUTLA Y BANOBRAS
A pesar de las constantes protestas y las recomendaciones internacionales que alertan que se violan derechos de las comunidades indígenas, el Gobierno de Eruviel ha cooperado con elementos policiacos que han llegado a desalojar a los habitantes originarios y se ha infiltrado en las asambleas para dejar a gente afín al gobierno en la toma de decisiones.
Es por la autopista Toluca-Naucalpan, que atraviesa la comunidad de San Francisco Xochicuautla en el municipio de Lerma.
En todo este tiempo se han violentado órdenes de suspensión definitiva y de transparencia para conocer cómo el Estado está financiando la obra, a pesar de la expropiación de 38 hectáreas que le corresponden a la comunidad otomí.
El lunes pasado, la Policía del Estado de México llegó en camionetas a las siete de la mañana a San Francisco Xochicuautla y esta vez entraron por el campo de futbol y se distribuyeron por todo el pueblo. Estuvieron presentes dentro de la asamblea comunal donde se “impuso” al nuevo Comisariado de Bienes Comunales, cuyas funciones originales son salvaguardar el territorio y a la comunidad, pero al ser afín al PRI actúa a favor de intereses del gobierno mexiquense y de la compañía.
AGUA O DESARROLLO
Habitantes de la comunidad nahua en San Pedro Tlanixco y de la otomí en San Lorenzo Huitzizilapan, ambas ubicadas en el Estado de México, han luchado durante años contra el intento del Gobierno mexiquense de privatizar su agua y bosques, símbolos de sus usos y costumbres, para instalar megaproyectos como desarrollos inmobiliarios, autopistas o incluso campos de golf.
El pasado 10 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró una planta de Grupo Peñafiel en Tecámac, donde también tienen un sistema autónomo de administración de agua. La empresa refresquera operará y extraerá el líquido del acuífero Cuatitlán-Pachuca a pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió veda debido a su sobreexplotación.
En el Estado de México, 80 de sus 125 municipios tienen sistemas comunitarios y autónomos de administración del agua de sus manantiales o ríos.
También está el caso de Coyotepec, un municipio donde los habitantes mantienen una lucha en defensa del agua ante la pretensión del gobierno estatal de municipalizar el servicio para favorecer al municipio vecino de Huehuetoca, donde se pretende construir una Ciudad Bicentenario.
Cientos de granaderos entraron esta mañana al municipio de Coyotepec, en el Estado de México, luego de que el domingo pasado los pobladores frenaran la consulta mediante la cual, denunciaron, el Gobierno local buscaba arrebatarles el control de los pozos de agua que la comunidad construyó en 1963.
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