El escenario para los trabajadores mexicanos se ha complicado desde hace 36 años. La falta de políticas públicas para fortalecer el poder adquisitivo y la inserción del país en la llamado globalización, han limitado a más de la mitad de la población a percibir un promedio de dos salarios mínimos, que en la mayoría de los casos no es suficiente ni para la compra de alimentos. Pensión y gustos personales, ya no son algo a lo que puedan aspirar los mexicanos.
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- Sin dudar ante la comparación, Pablo Villalpando dice recordar haber vivido hace unas cuatro décadas en un país con una economía mucho mejor.
A finales de los años 70, recuerda el hoy pensionado de 69 años, su salario como conductor de autobuses de pasajeros en una compañía privada era suficiente para sostener a su familia, hacerla crecer hasta con ocho hijos y, aún así, dice, confiar en que podría tenerlos a todos sanos, alimentados y en la escuela.
“Ahora está muy difícil, hasta para las personas preparadas”, dice. “Uno de mis hijos es ingeniero y ahora anda de gasero y le va mejor. Otro andaba de taxista, y ahora está en Estados Unidos… Me da tristeza. Yo quisiera que ellos estuvieran en su profesión”, agrega.
Entrevistado al terminar su consulta por hipertensión en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Delegación Gustavo A. Madero, Villalpando recuerda con precisión el periodo ubicado entre 1982 y 1983 como el inicio de sus problemas económicos. Primero, dice, porque la carga familiar que calculaba sostenible empezó a ser extenuante a partir de su sexto hijo. Pero luego, recuerda, porque en el país empezaron a sucederse las crisis económicas y, pese a trabajar hasta 16 horas diarias, sus ingresos –alrededor de dos salarios mínimos– jamás volvieron a rendir lo mismo.
“Todo empezó desde Salinas [Carlos], o antes, desde Miguel de la Madrid [Presidente de 1982 a 1988], cuando fue más fuerte –dice. Yo creía que México iba a estar mejor, pero me equivoqué; hubo muchas devaluaciones y ya no alcanzaba”.
La disminución en la calidad de vida y en el poder de compra de los ingresos que Villalpando identifica de manera precisa haber experimentado a partir del inicio de la década de los años 80 no es única. Como varias investigaciones académicas, desde 2014 el Gobierno federal reportó también en su Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social que, “durante los últimos 36 años, el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una pérdida de 72.8 por ciento”; es decir, casi tres cuartas partes del valor que las ganancias de la población ocupada tenían a finales de los años 70.
Esta contracción, muestran diferentes análisis, frenó a su vez el crecimiento del resto de los ingresos y estacionó en dos salarios mínimos, o en 140 pesos actuales, el promedio máximo que gana el mayor porcentaje de la población empleada y que, junto con quienes ganan un salario mínimo, de acuerdo con el más reciente análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), suman el 42.2 de la población ocupada; es decir, unos 20.8 millones de mexicanos.
El mismo reporte muestra cómo cuando un trabajador o trabajadora gana sólo un salario mínimo, éste únicamente alcanza para la canasta básica alimentaria de dos personas, generando un faltante de casi un 350 por ciento para que, además de la comida, el ingreso sea suficiente para la adquisición de otros bienes básicos, como vestido, vivienda, mobiliario, salud, transporte, recreación y educación.
La incapacidad de estos ingresos para cubrir la necesidades básicas de los trabajadores en México viola el Artículo 123 de la Constitución, que ordena que los salarios mínimos deben “ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Pero el que sean tan bajos, advierte también el más reciente análisis de la ASF, es una ventaja para las compañías extranjeras que llegaron a instalarse en el país a partir de la introducción del modelo “exportador”, o de libre comercio. Compañías internacionales, agrega el reporte oficial, con las que la mayor parte de las empresas y la industria nacional no pudieron competir.
El resultado: una mayor demanda de fuentes de trabajo y menores salarios.
“Después de la crisis de 1995, y como resultado del modelo exportador establecido en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el país experimentó la llegada de inversión extranjera directa que venía a aprovechar los bajos salarios nacionales (en relación con los que se encontraban en sus países de origen)”, narra el apartado “Evolución histórica de la política laboral” del reporte difundido por la ASF y que revisa un periodo de 157 años.
“Sin embargo, las empresas nacionales redujeron su rentabilidad debido a la desintegración de cadenas productivas con exportadoras transnacionales, lo que impidió la contratación de nuevo personal (…) Las empresas que no adecuaron sus estructuras productivas al nuevo contexto tuvieron que cerrar en menos de un año, lo cual ocasionó la perdida de muchas fuentes de empleo. Esta situación, junto con la coyuntura derivada del bono demográfico, incrementó el déficit de empleos, la emigración hacia Estados Unidos y la informalidad laboral”, agrega el análisis del órgano auditor de la administración pública federal.
Los impactos de esta transformación en la misión del salario mínimo, dice la investigadora Graciela Bensusán Aerous, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) son “brutales”. Y no sólo porque el poco valor del salario en el mercado laboral ha fomentado la informalidad en la que vive casi un 60 por ciento de la población trabajadora y ha aminorado el grupo de quienes sí pagan impuestos. La principal distorsión, advierte, es haber convertido el trabajo en una de las principales fuentes de pobreza.
“Es una distorsión económica brutal”, dice la investigadora especializada en temas económicos y de movimientos obreros.
“El mercado laboral está generando pobreza; tenemos una gran cantidad de empleo precario por ingreso”, agrega.
1982–1992, LA MAYOR PÉRDIDA
México ha experimentado en los últimos 30 años un proceso de profunda liberalización comercial. Desde la firma del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (o Gatt, por sus siglas en inglés) en 1986 –que aumentó a un 70 por ciento las importaciones libres de permiso– el Gobierno federal mexicano ha firmado acuerdos de libre comercio con 46 países.
Este libre flujo de productos, compañías y capitales, de acuerdo con datos oficiales, ha puesto al país en contacto con un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el mundo.
Pero México es también, de acuerdo con estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país con el salario mínimo de menor poder adquisitivo en todo el bloque; salario “extremadamente bajo” y “mucho menor al promedio” que, en 2015, la organización estimó en 90 centavos de dólar por hora; siete veces menos que en Estados Unidos (7.2 dólares) o tres veces menos que en Chile (tres dólares).
El poder adquisitivo del salario mexicano, sin embargo, no siempre ha sido tan pobre. De acuerdo con una investigación basada en estadística histórica del Banco de México (Banxico), la mayor parte de la actual pérdida se generó tan sólo en una década: entre 1982 y 1992, entre el sexenio de Miguel de la Madrid y el de Carlos Salinas, cuando el ingreso de la mayor parte de los mexicanos perdió más de un 60 por ciento de su valor.
Pero hasta la década anterior, de acuerdo con los mismos datos, el poder adquisitivo no sólo no se reducía, sino que, entre 1969 y 1977, sostuvo un crecimiento promedio de 5.7 por ciento al año.
Esa proporción de aumentos anuales para los mexicanos, sin embargo, fue la misma que en la década posterior a 1982 se convirtió en constante pérdida.
“De 1969 a 1977, el salario mínimo real crece a 5.7 por ciento anual, llegando a su punto más alto en este último año. Luego seguirá un periodo más corto, de 1977 a 1982 en que el salario mínimo tiene un ligero decrecimiento de 1.3 por ciento anual. En cambio, entre 1982 y 1992 se da la peor caída del salario mínimo en la historia del país: 6.36 por ciento anual acumulando un baja de 63.6 por ciento”, dice la investigación “Salarios Mínimos: desigualdad y desarrollo”, del académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Saúl Escobar Toledo.
“Posteriormente, entre 1992 y 1995 la caída es un poco más suave, de 2 por ciento anual, para luego volver a incrementarse entre 1995 y 2003 a un ritmo negativo de 2.5 por ciento anual. Finalmente entre 2003 y 2014 el salario mínimo se mantiene constante, ni crece ni decrece”, agrega el texto.
De acuerdo con diferentes fuentes consultadas, el tamaño de la reducción en el poder adquisitivo del salario mínimo del país tiene varios motivos, como las crisis económicas y devaluaciones, sobre todo las de 1982–1983 y 1994, pero también la iniciada en Estados Unidos en 2008. Otro, la total cooptación gubernamental de la mayor parte de las organizaciones obreras que ha permitido estancar los salarios sin que haya mayores protestas.
“También hubo un cambio de paradigmas”, plantea Escobar. “Hasta los años ochenta se consideraba que un aumento de los salarios reales generaría un mayor crecimiento económico. Ahora se considera que el impulso económico proviene de la demanda externa”, agrega.
En entrevista, el autor de la investigación explica que, hasta antes de la década de los ochenta, el salario era considerado parte de un modelo vigente en México y en varios países que se habían propuesto metas de pleno empleo como forma de alentar el consumo, la producción y, en general, el crecimiento económico.
Pero este “paradigma” o modelo económico, explica, cambia en México y en varios países a partir de la década de los años 80 por causas internas y macroeconómicas, como la incapacidad del Gobierno federal mexicano para enfrentar la deuda externa en 1982, cuando llega la primera gran devaluación, de casi cien por ciento, del peso frente al dólar.
“Y esto fue minando este sistema basado en el pleno empleo, creando condiciones para la revolución monetarista o neoliberal. Por otra parte, después de esos años se derrumban el Muro de Berlín y la Unión Soviética, y ya no hubo políticamente ninguna necesidad de competencia entre los países para ver cuál sistema otorgaba mejor bienestar”, dice.
“Y se fue creando una economía global donde no había ya barreras ni los mismos obstáculos para los negocios, y esto creó un paradigma distinto: en el que ya no importa el pleno empleo, sino la competencia, la inversión y libre circulación de los mercados”, agrega.
Esta competencia económica, dice, exige la menor intervención posible del Estado, bajo la lógica de que el bienestar social será resultado de esta liberación de los mercados, y no la meta de las políticas públicas.
Y así, agrega, el salario que antes se consideraba en México como un factor del crecimiento, para la mayoría se transformó en una “variable residual” del mercado cuya caída, agrega, “ha ido al parejo del resto de los salarios”.
En un análisis sobre los mecanismos de fijación de los salarios mínimos en México publicado en noviembre pasado, Bensusán también advierte la existencia de “una política salarial restrictiva por más de 30 años” que “dejó de atender su objetivo social para privilegiar otros de tipo macroeconómico”.
Desatención permitida, explica, por dos problemas específicos: el control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el mecanismo que fija los salarios; es decir, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Y, por otro, la enorme asimetría que hay entre la presencia del “capital” en esta comisión frente a la nula representación de los trabajadores.
“Las reglas que organizan el procedimiento para fijar el salario mínimo en el país instauraron la participación tripartita como forma de integración de la Conasami, lo que permite la toma de decisión al Poder Ejecutivo y garantiza la paz laboral, pero resulta en un mecanismo antidemocrático, basado en la simulación, en el que hoy se atiende un solo interés”, dice el ensayo.
En su revisión sobre la política laboral, la ASF advirtió el pasado mes de febrero que, efectivamente, en al menos los últimos catorce años, la Conasami ha dejado fuera de sus consideraciones para establecer el salario, información sobre aspectos clave en la vida de la población ocupada, como “el presupuesto indispensable para la satisfacción de las necesidades de cada familia” o “las condiciones de vida de los trabajadores”.
CUANDO EL ESFUERZO NO BASTA
La enorme contracción en el poder de compra de los ingresos en el país ha dejado en poco menos de mil pesos semanales la pensión que paga el Seguro Social a Pablo Villalpando y que él comparte con su esposa, por lo que cada uno vive con alrededor de 71 pesos diarios, o un salario mínimo.
Con eso, dice, compran sólo los alimentos, como leche, verduras, frutas “cada vez más caras” y pollo sólo una vez a la semana. Y si bien por su hipertensión no puede consumir carne roja, dice, no deja de sentir pesar al notar que aun cuando quisiera comprarla para invitar a comer a sus hijos y a sus nietos cuando lo visitan en la casa, de todas formas no le alcanza.
Y es “verlos a ellos”, insiste en la entrevista, lo que en general más dolor le causa. “Verlos estudiando y que no haya trabajo”.
Villalpando llegó a la Ciudad de México alrededor de 1960, a los doce años, procedente de Jalisco. En la Delegación Gustavo A. Madero construyó una vivienda de dos pisos y cuatro recámaras para, a partir de 1970, albergar a su creciente descendencia.
Eran años, recuerda, en los que podía llevarlos a todos de vacaciones al menos una vez al año, o salir a pasear en fines de semana y comprar una quesadilla por dos pesos, o comer carne roja casi cada tercer día.
Los cambios en las décadas transcurridas desde entonces no sólo son económicos, hace notar en la entrevista. También han aumentado la contaminación, observa, o la exposición al crimen, el hecho de que en las calles ya no puede dejar casi ningún objeto valioso porque peligran desde vehículos hasta tanques de gas o bicicletas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, como Villalpando, en la Delegación Gustavo A. Madero viven al menos otras 52 mil personas con un salario mínimo diario, o un 12.6 por ciento de la población de esa demarcación capitalina. Otras 116 mil 729 personas, o el 28 por ciento de la población, viven con dos salarios mínimos diarios.
Juntos, estos dos segmentos de la población representan el 40 por ciento de la los habitantes de la Gustavo A. Madero y una de las mayores proporciones de habitantes en condiciones de pobreza por ingreso en las zonas urbanas de la Ciudad de México.
De acuerdo con un reporte de febrero pasado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Ciudad de México es, a su vez, la segunda entidad en el país con el más alto índice de tendencia laboral de la pobreza.
Ubicada en el límite norte de la Ciudad de México, la Gustavo A. Madero es, como Iztapalapa o Tláhuac, una de las zonas que un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) encontró como las de peor índices de calidad de vida.
Ahí, en la colonia Casa Alemán, vive también Lorena Padilla, una madre de familia de 42 años que desde niña se dedicó al comercio y que, hasta hace cinco años, confiaba en que podía juntar el dinero suficiente para montar una boutique en la cual exhibir la mercancía que ahora vende de manera informal en un puesto callejero.
El sueño empezó a derrumbarse a partir de 2010, en las secuelas mexicanas de la crisis financiera iniciada en Estados Unidos en 2008. A partir de entonces, dice, sus ventas informales descendieron de cifras diarias superiores a los mil pesos a 500 y luego a 200 entre 2013 y 2014. “Fue un cambio muy drástico –dice. Y por primera vez en mi vida tuve que salir a buscar un trabajo”.
Ahora, narra, trabaja de ocho de la mañana a tres de la tarde ofreciendo préstamos a personas pensionadas, como Villalpando, entre las cuales ha encontrado, dice, un alto nivel de endeudamiento. Ella también gana el salario mínimo, o unos dos mil 200 pesos mensuales. Otro tanto, agrega, lo gana en comisiones, para lo cual debe destinar otras tres o cuatro horas diarias por la tarde para hacer labor de convencimiento entre los potenciales clientes.
Vive en la casa heredada por la familia y los estudios del único de sus dos hijos que aún va a la escuela corren a cargo de su ex pareja. Haber encontrado un trabajo fijo además, considera, le ha salvado de la pérdida casi total de su negocio, además de que disfruta conocer cada día personas nuevas.
Pero el salario, evidentemente, es tan bajo que el cien por ciento de lo que gana en nómina alcanza sólo para los alimentos. Otros gastos fuertes que debe pagar con lo que genera en comisiones son los servicios, como 200 pesos mensuales de agua, 250 de luz o más de 500 de teléfono.
“Gustos personales” que antes podía comprar, explica, como algún perfume o alguna prenda “de marca”, han ido desde hace unos cinco años limitándose casi por completo, como los encuentros para comer en algún lugar con sus amigas y, de plano, las salidas de vacaciones con sus hijos.
“Yo nunca pensé que iba a estar en una financiera; yo pensaba que podía tener una boutique. Todavía hace tres años tenía ese sueño, pero tanto cayó el negocio que empecé a pedir prestado; uno se endroga, y tuve que entrar a trabajar para pagar tanta deuda”, dice.
“Entonces, hay veces que nos la creemos que podemos lograrlo, pero desafortunadamente no es así”, agrega.
Como Villalpando, sin embargo, Padilla coincide en que nada de lo perdido económicamente se compara con el dolor de pensar en el futuro de sus hijos y de millones de jóvenes que, estudien o no, deberán enfrentar también el desempleo o la abundancia trabajos mal pagados.
Es “fatal”, dice Padilla. “No quiero ni pensarlo”.
Ana Laura Luna Collazo, una joven de 21 años que imprimía su currículum en un puesto ubicado en el exterior de la clínica 23 Morelos del Seguro Social, a unos metros de donde Padilla ofrecía créditos a pensionados y Villalpando esperaba volver a casa, coincide con esta desalentadora idea del futuro que le espera cuando termine su carrera.
“Los salarios son pésimos”, dice. “Cuatro mil pesos al mes, y eso en jornadas sin horas de salida”, agrega.
Estudiante de Comercio Internacional, busca trabajo en agencias aduanales porque descubrió que le apasiona la logística y también, dice, porque considera que es una profesión con posibilidad de desarrollo en México. Una posibilidad, dice, es el Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM), que se espera multiplique las actuales operaciones de tránsito mundial de personas y productos.
Pero por lo pronto, agrega, todo está subiendo, como la comida o el transporte público. Y aunque tenga un trabajo, sabe que no tendrá pensiones o que hay nuevas formas para que los empleadores reduzcan antigüedad y otros derechos.
“Es frustrante”, resume. “Porque antes te decían que con que tuvieras una carrera tenías tu vida solucionada, un buen trabajo. Pero ahora no, aunque tengas tu carrera”.
En el exterior del puesto informal convertido en papelería en el que imprime, un anuncio contiene un letrero que asegura que “el éxito depende del esfuerzo”.
Consultada con respecto a si considera que la frase es cierta, después de meditar por unos segundos Luna responde que “sí, pero no sólo depende nosotros; a lo mejor también es el entorno”.
