Por: Ana María Morales *

El pasado 19 de marzo se realizó el lanzamiento formal de la Alianza por la Justicia Fiscal conformada por 7 organizaciones de la sociedad civil y un programa universitario: Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Fundación Friedrich Ebert, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), Oxfam México, el Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (Indesig), México Evalúa, y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED) de la UNAM, donde además se hizo público, un documento de propuestas en materia fiscal que dichas organizaciones hemos trabajado durante más de un año y que contempla tanto reformas de política tributaria como de manejo del gasto público. Pero ¿por qué son novedosas estas propuestas?, y ¿por qué deberíamos estar discutiendo sobre política fiscal?

En primer lugar, las 12 propuestas[1] de la Alianza parten de la preocupación compartida de dos problemáticas que aquejan a México de manera particular. Por un lado, la baja recaudación de impuestos del país en comparación con sus pares de la OCDE e inclusive de la región; México apenas recauda poco más de 16% del PIB en impuestos, mientras que el promedio de América Latina supera el 21% y el de la OCDE el 34%[2]. Por otro lado, la alta concentración del ingreso y la riqueza del país muestran cifras alarmantes, como es el hecho de que el 1% de las familias más ricas concentran más del 40% de la riqueza neta del país[3].

En consecuencia, la Alianza se conforma bajo el entendimiento de que la política fiscal es una herramienta de recaudación y gasto que permite la provisión de servicios públicos y la garantía de derechos humanos por parte del Estado, pero a la vez, es un instrumento esencial para la reducción de desigualdades económicas y sociales. En concreto, se busca democratizar las decisiones del gasto público, potenciar los impuestos ambientales y fortalecer la progresividad de los impuestos sobre la renta y la propiedad. Ello es fundamental en cuanto se comprende el potencial redistributivo de la política fiscal y no únicamente su capacidad recaudatoria.

En segundo lugar, la Alianza formula diversas propuestas de política tributaria enfocadas únicamente en las personas de mayores ingresos. Ejemplo de ello son las modificaciones propuestas al ISR y a la propiedad de activos de lujo como automóviles de alto valor, jets privados y yates. Con respecto al ISR se plantean cambios que únicamente aumentaría la tasa de impuestos para personas que ganen más de 183 mil pesos mensuales aproximadamente y/o que reciban ingresos por capital, como son los ingresos por venta de acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores o herencias millonarias por encima de los 8 millones de pesos. Además, se propone restringir el acceso a exenciones o deducciones a personas de altos ingresos, permitiendo con ello que el beneficio otorgado por estas medidas recaiga en el resto de la población con menores ingresos.

Por último, otro elemento que resalta en las propuestas es la utilización de la política fiscal para fines extrafiscales enfocados en reducir las afectaciones por la crisis climática y a redirigir recursos de forma específica a las problemáticas asociadas con el cambio climático. Se promueve, por ejemplo, que el impuesto a la tenencia de automóviles incorpore las emisiones contaminantes en el cálculo de su pago, así como, reducir las exenciones al IEPS al carbono que grava el contenido de carbono de los combustibles fósiles.

Si bien los elementos mencionados no abarcan por completo las reflexiones y propuestas que la Alianza ha realizado en los meses anteriores, sí permiten entrever un uso de la política fiscal mucho más amplia. En efecto, la política fiscal puede utilizarse como herramienta de gasto y de recaudación. Sin embargo, creemos esencial que en el debate público también se hable de la política fiscal como un instrumento para reducir las desigualdades, reorientar los patrones de consumo de la población, reducir la afectación ambiental por emisiones de carbono y, en definitiva, para proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población.

* Ana es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

[1] Hacia-una-Reforma-Fiscal-Progresiva.pdf (alianzajusticiafiscal.mx)

[2] Folleto: Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2023 (oecd.org)

[3] La distribución del ingreso y la riqueza Nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas – CEPAL (cepal.org)

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