Familiares de los presos, abogados y activistas acompañantes explicaron que además de los 13 reos en huelga de hambre, otros siete que también fueron víctimas de tortura y se asumen inocentes de los delitos que les imputan, apoyan y luchan desde el interior de las prisiones, debido a que sus condiciones de salud o aislamiento les impiden hacer la huelga. El pasado viernes 29 de marzo, Marcelino Ruiz Gómez y Baldemar Gomez Hernández, en huelga de hambre en el CERSS número 10 de Comitán, decidieron costurarse los labios.
Por Ángeles Mariscal
Chiapas, 2 de abril (Chiapas Paralelo/SinEmbargo).- El pasado 15 de marzo, un grupo de seis indígenas recluidos en tres penales de Chiapas, iniciaron una huelga de hambre para exigir su libertad; a ellos se sumaron siete más. Las razones de su demanda son que se asumen inocentes de los delitos que les acusan, y fue mediante el método de tortura que se vieron obligados a declararse culpables. Los jueces que los juzgaron no consideraron este hecho, violando el debido proceso.
Pasados 18 días del inicio de la huelga, familiares de los presos, abogados y personas que los acompañan, denunciaron que el gobierno de Chiapas se negó a escuchar el fondo de las denuncias, y solo se ha comprometido a “leer los expedientes”.
En conferencia de prensa, explicaron que además de los 13 reos en huelga de hambre, otros siete que también fueron víctimas de tortura y se asumen inocentes de los delitos que les imputan, apoyan y luchan desde el interior de las prisiones, debido a que sus condiciones de salud o aislamiento les impiden hacer la huelga.
“Esta huelga es el resultado de muchas injusticias, torturas, horribles procesos judiciales y demasiados años de encierro arbitrario; pero también de organización, de lucha y dignidad. Es la respuesta a una situación de secuestro, el grito de rabia digno y rebelde de nuestros compañeros presos, pero también el nuestro”, señalaron familiares, ex-presos, y el Grupo de trabajo No Estamos Todxs, que les ha ayudado.
Explicaron que la huelga de hambre obligó al gobierno a abrir un espacio de diálogo con las familias y organizaciones de derechos humanos. “Este espacio, más que atender las demandas en la lucha por la libertad de nuestros compañeros, se fue convirtiendo en un espacio revictimizante y de desgaste para las familias y todas las personas que estuvimos acompañando el proceso”.
“Desde el primer encuentro -añadieron- los funcionarios que fueron asignados iban bajando de nivel y la única alternativa que fueron capaz de ofrecer es la lectura de los expedientes y derivarlos, de nueva cuenta, a los abogados de oficio que, siendo generosos, podríamos decir que han hecho una defensa nefasta… y eso cuando la hicieron.
“Al final lo que ofrecen es lo que de por si están obligados a hacer y no han hecho en años y años, eso no es una dádiva, esa es su obligación! Y si eso no fuera poco, mienten, se niegan a reconocer la tortura que está documentada por el Frayba (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casasa) en 13 de los casos. Y nos ningunean de forma racista y clasista”.
Cabe señalar que el Gobierno tampoco ha cumplido su compromiso de garantizar las condiciones mínimas para realizar la huelga de hambre. El pasado viernes 29 de marzo, Marcelino Ruiz Gómez y Baldemar Gomez Hernández, en huelga de hambre en el CERSS número 10 de Comitán, decidieron costurarse los labios. Un día fueron agredidos por el Alcalde, junto a otros 10 custodios, sometiéndoles a diferentes formas de tortura física y psicológica, como desnudarles y bañarles contra su voluntad.
Exigieron la libertad inmediata e incondicional de los presos en huelga y los siete que se han sumado a la protesta. “El sistema de justicia los han orillado a una situación en la que ya sienten que no tienen nada que perder y será su responsabilidad si la vida o la integridad de los presos se pone en riesgo”.
Estos son sus casos:
