En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan en el municipio Ocampo, Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio.
Tres año más tarde, en 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.
La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada”, en un litigio que suma más de 13 años. Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.
Coahuila/Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– El Primer Juzgado de Distrito de la Décima Región Auxiliar negó un amparo a la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic y ordenó al Sexto Tribunal Unitario Agrario que revise las pruebas presentadas por ejidatarios de la tercera edad de la comunidad de Tenochtitlan, en Ocampo, Coahuila, quienes desde hace 13 años reclaman la usurpación de mil 300 hectáreas de su territorio por parte de la minera.
Juan Francisco Flores Gándara, abogado defensor de los ejidatarios, explicó que el Juez sobreseyó el amparo que había interpuesto la empresa pues advirtió una causal de improcedencia.
Es la segunda resolución a favor de los ejidatarios, pues anteriormente, en 2016, el Tribunal Colegiado desechó una demanda de amparo directo de la Reforma Agraria.
El ejido Tenochtitlan está invadido desde hace más de 38 años y desde 2004 mantiene el litigio con la empresa canadiende First Majestic.
“Hemos tardado pero vamos paso a paso. Creo que tenemos la razón y que finalmente el Tribunal Agrario deberá dictar sentencia a favor de nosotros. La consecuencia directa es que el Tribunal Agrario pueda cumplir lo que le ordenaron de México”, añadió el abogado.
Aunque la empresa puede interponer un recurso de revisión y alargarse tres meses más hasta que se revise la sentencia del Juez de Distrito, de lo contrario, el Tribunal Agrario tendría que recabar información que le faltó para valorar pruebas, particularmente documentos de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Reforma Agraria Nacional.
Flores Gándara mencionó que entre los documentos que en primera instancia no valoró el Tribunal Agrario, está un documento donde que se expidió en 2011 al ejido donde se hacen nulas las ventas porque el encargado entonces estaba imposibilitado a vender. Otro es la resolución presidencial de dotación que no fue ejecutada conforme a los términos y planos y el peritaje que aportaron los ejidatarios.
En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan en el municipio Ocampo, Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio.
“La compañía ofreció 10 millones por todo, a través de su abogado y su contador. Se lo he contado a la gente para evitar malos entendidos”, detalló Mario Valdés Lomas, ex presidente del Comisariado Ejidal de Tenochtitlan en aquella ocasión.
La comunidad de 36 ejidatarios, la mayoría de la tercera edad, esperan que les indemnice por las consecuencias que ha dejado la minería en la zona. Al menos dos de sus integrantes han muerto antes de ver la justicia.
Casi todos los lugareños han servido durante décadas a la minera. Sin embargo saben que ésta funciona sobre sus tierras, extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado sus aguas.
“Además, de devolver el terreno. Ellos deberían de pagar por usar nuestros terrenos para entrar. Hicieron un camino sin pagar un cinco y no conformes de ahí sacan las onzas de plata, llega un avión los martes y miércoles y se las lleva”, dice Valdés.
Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense. El litigio lleva cuatro años.
“En general, es común que haya grandes asimetrías durante los litigios por minería. En especial, por la falta de información de las comunidades, pero también por lo onerosos que pueden resultar los juicios”, relató Francisco Cravioto Lagos, investigador de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La empresa canadiense en el 2013 extrajo 4 millones 162 mil onzas de plata de tierras que aseguran les pertenecen desde el 2006. Éstas fueron en primera instancia compradas por el Grupo Peñoles a un particular de nombre Armando de Hoyos Galicia, quien las explotó durante cuatro décadas.
En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.
La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de más de una década.
Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.
Los ejidatarios demandaron que se cumpliera un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.
First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.
LA MINERA QUE OPERA CON IRREGULARIDADES
El 21 de febrero de este año se dio a conocer que First Majestic anunció su nuevo y más importante proyecto: San Dimas, en el estado de Durango.
Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo que planea trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining.
First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.
Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.
La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.
De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.
La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.
En julio de 2017 habitantes del ejido Tenochtitlán denunciaron que una filtración de cianuro hacia los afluentes naturales, proveniente de la minera First Majestic, mataba a la fauna de la región.
Mario Valdés, poblador de esta localidad, señaló que varios animales –como caballos y vacas- muurieron debido a la contaminación del agua.
Asimismo sostuvo que parte del ejido se inundó porque la presa que usa la compañía canadiense First Majestic, se desbordó luego de las lluvias, por lo que el agua que llegó a la comunidad esta combinada con cianuro, además las personas también corren peligro, ya que tuvieron contacto con el afluente.
El ejidatario aseveró que la gente está preocupada, ya que algunos tienen como sustento la cría de animales, por lo que temen que más ejemplares empiecen a morir, además de que la escasa flora también corre peligro.
Ante ello, los pobladores de la zona interpusieron una queja en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Esta querella se suma a la denuncia que interpusieron en 2013 ante la afectación de especies de animales y plantas en peligro de extinción, la cual –según Valdés- no ha avanzado, pues les dicen que es un proceso largo.
-Con información de Vanguardia
