Lo primero que llama la atención es el color rosa. Tomando el pigmento del INE, los manifestantes de la élite portan un uniforme que no es de sus partidos: el azul de Acción Nacional, el rojo del PRI, el amarillo o el naranja del PRD y el Partido del Movimiento Ciudadano. Escogen el color rosado y llaman a eso “ola rosa”. No es que a alguien como Claudio X. González se le haya ocurrido. Es un método que se ha seguido en todas esos golpes de Estado patrocinados por la Fundación Nacional para la Democracia, la NED por sus siglas en inglés, una organización que construyó Ronald Reagan en 1983. Reagan subcontrató a un privado para llevar a cabo las actividades de desestabilización política que antes gestionaba la CIA. Esta organización “civil”, la NED, no resuelve problemas del agua en lugares de África o desplaza médicos para vacunar en Asia, sino que responde directamente a un gobierno, el de los Estados Unidos, y actúa como una tecnología política para inducir desde afuera la inestabilidad. La NED inventó las “olas” de colores para presionar gobiernos electos y dándole un ultimátum para su renuncia. Así, tenemos la de la “rosa” en Georgia (2003), la dos “naranja” de Ucrania (2004 y 2014), la “azul” en Kuwait (2005), la “jazmín” en Túnez (2010), entre muchas otras que incluyen lo que los medios bautizaron como “Primavera Árabe” y que se convirtió en el invierno crudo del islamismo radical. Estas revoluciones de colores inlcuyen la de “pitita” que derrocó por la fuerza a Evo Morales en Bolivia (2019).

La manera de crear estas revoluciones de colores es asentar una red digital de unos cientos que, a su vez, coordinan a 5 o 6 personas más. Esperan un “incidente” para convocar a todos a salir simultáneamente en varias ciudades del país. En el caso de Ucrania, por ejemplo, ese “incidente” fue la pausa de las negociaciones para un acuerdo con la Unión Europea. No se habían roto las conversaciones pero los manifestantes creyeron que sí y se concentraron en la plaza Maidán para pedir la renuncia del presidente electo. Lo creyeron porque algunos “influencers” y medios de comunicación masiva así se los aseguraron. En el mismo mes que comenzaron las movilizaciones, noviembre del 2014, se fundaron tres nuevos canales de televisión ligados a discursos de odio contra judíos y rusos. Los influenciadores más vistos en Twitter, Instagram, y Tik Tok asistieron como oradores, de la mano de sus patrocinadores: ahí estuvo Chris Murphy, senador por Connecticut; el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, John McCain; y Victoria Nuland, la asistente del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Euroasia. Todos ellos alentando a una movilización que tenía bloqueados los edificios de un gobierno electo.

Traigo a colación estas características de las “revoluciones de color” porque en las actuaciones y dichos de los organizadores del “INE no se toca”, encontramos ciertos aires de familia. Las organizaciones políticas de Claudio X. González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Unidos, cuentan con un demostrado financiamiento de la NED y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, exhibidos por el Presidente López Obrador con facturas de pagos emitidas por la embajada de los Estados Unidos en México. De acuerdo a la investigación de la revistA Contralínea, entre 2018 y 2019 recibieron 14 millones 640 mil pesos. Otras organizaciones fachada, como México Unido contra la Delincuencia, de Isabel Miranda de Wallace, recibió un millón 400 mil pesos y Evalúa, de Luis Rubio, casi 2 millones tan sólo en 2020.

Eso, en cuanto al financiamiento. Ahora vayamos a los motivos de la movilización. En teoría era una manifestación para tomar una foto: la imagen del Zócalo lleno que se reprodujera en las portadas del Wall Street Jornal, el New York Times, el Washington Post. Con una consigna vaga sobre la maldad de la ley electoral aprobada por el Congreso de la Unión y una presión a los tres magistrados de la Suprema Corte que se supone que no votarían por la inconstitucionalidad, la marcha alentó a un sector de derecha que está en desacuerdo con los programas sociales del gobierno de la 4T. No hubo entrevistado que no se refiriera a los destinatarios de derechos sociales plasmados en la Constitución como “clientelas” del obradorismo o, de plano, “una generación completa de inútiles que sólo estiran la mano”, como le dijo a Hernán Gómez una señora en uno de los camiones que transportaban adultos mayores a la marcha. Alentó a un sector de la derecha que se siente amenzado por la idea de que la pobreza se contagia. Por eso la cantaleta de muchos participantes de que “seremos Venezuela o Cuba” o de que se les está transfiriendo recursos fiscales a esos países por órdenes de algo que suponen una autoridad internacional llamado “Foro de Sao Paulo”. Si en noviembre del año pasado, esos manifestantes no habían leído la reforma constitucional que propuso López Obrador para limpiar la representatividad del Congreso de la Unión, ahora tampoco sabían nada de la ley electoral a la que se oponían con tanta enjundia. Muchos de ellos, por ejemplo, no saben que no desaparecen las juntas distritales, sino que sólo se reduce el número de sus vocales o que tan sólo van a desaparecer mil 200 plazas de trabajo de las 17 mil que tiene el INE, que el cómputo de los votos comenzará la noche misma de la elección y no habrá el fraudulento PREP con el que hicieron ganar a Felipe Calderón en 2006. Nada, los manifestantes siguieron diciendo que el Presidente quiere “controlar” las elecciones de 2024 y, como decía el supuesto error tipográfico de la versión en inglés del diario El País, “modificar la Constitución para reelegirse”. Así lo dijeron los chatos oradores de la última marcha.

Beatriz Pagés, ex diputada plurinominal del PRI entre 2006 y 2009, dijo sin miedo a la Rosa de Guadalupe: “Callar nos haría cómplices de un crimen de estado; de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar una ruta a una dictadura electoral”. Para la ex diputada del PRI, quien aseguró en un programa de Alazraki que el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles albergaba venezolanos ilegales que iban a cometer actos terroristas en Estados Unidos, ella, Beatriz Pagés cree, primero, que la redacción de una ley es equiparable a un crimen de Estado; dos, que existe algo llamado “dictadura electoral”, es decir, el mismo principio de mayoría con el que gobiernan PRI, PAN, y MC, algunos estados de la república. Es como aquel término usado por Enrique Krauze, la dictadura “plebiscitaria”, es decir, el principio de mayoría por voto universal, secreto y directo, si no me conviene, es “crimen de Estado” y “dictadura” sustentada en votos. Sigue la ex diputada del PRI: “Ante el fracaso y la falta de resultados, ya huelen su derrota y preparan la estafa. Buscan desaparecer al árbitro y torcer la decisión ciudadana en el 2024. El Plan B de la Reforma Electoral es la crónica de un fraude anunciado”. Aquí, Pagés Rebollar, hace una denuncia anticipada de un fraude electoral por parte de quien tiene la aprobación del 70 por ciento. ¿Para qué el obradorismo, más allá de que es un movimiento democratizador contra la corrupción, necesitaría un fraude electoral para permanecer en la presidencia? Eso no lo dice Pagés porque está proclamando pronósticos desde la mentira, como lo hicieron los de las revoluciones de colores.

El otro orador fue el ex ministro José Ramón Cossío, conocido de todos nosotros por encubrir a los responsables del incendio que mató a 49 niños y niñas e hirió a otros 106 en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009; por votar en contra de la liberación de Florence Cassez por un proceso indebido que incluyó el montaje en televisión de una detención, el 9 de enero de 2005, por parte del narcotraficante Genaro García Luna y conductor de noticias, Carlos Loret; por redactar la ponencia y votar en contra del amparo, el 10 de enero de 2018, a los mil 166 indígenas de Juchitán Oaxaca que se oponían a la instalación de una empresa aeólica en sus tierras que dotaba de energía a FEMSA, los OXXOs y la Cervecería Cuauhtémoc. Pero, además de ser el encargado del llamado “litigio estratégico” de Mexicanos Contra la Corrupción de Claudio X. González, el ex ministro propuesto por Acción Nacional, fue el orador que enlazó dos ideas que le sirven a la intervención estadunidense en nuestro país: la reforma a la ley electoral y el narcotráfico. Dijo sin miedo a la relación forzada: “Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegiados sólo si aceptan debilitar a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros órganos representativos”. Cossío somete a tortura su interpretación de una ley que es casi exclusivamente presupuestal, es decir, para hacer las elecciones menos caras, con un salto cuántico que va de reducirle el gasto al INE a que lo financien los narcotraficantes, como García Luna, al que protegió. Por eso, la gran imagen de la marcha de la derecha fue la furia por quitar de un edificio del Zócalo una megamanta que llevaba el rostro adusto del narcotraficante Genaro García Luna con el logo del Partido Acción Nacional. Porque el principal obstáculo entre los Claudios y una “revolución de color” es que los grupos fundadores son los partidos de la corrupción y la complicidad con el narcotráfico. Por eso las imágenes viralizadas de los militantes del PAN tratando de arrancar con las uñas unos carteles con el rostro de García Luna que decían “Calderón sí sabía”. Llenos de prófugos, los partidos de la moratoria legislativa, PAN, PRI, PRD, y MC, no tienen una figura intachable y con integridad como lo es López Obrador. Ahí otra diferencia entre el Egipto del corrupto Mubarak o el presidente de Ucracia, Yanukovich, que tenía cuentas en paraísos fiscales. López Obrador está blindado por su propia biografía.

Cossío le pidió a los magistrados de la Corte que declararan inconstitucional la ley electoral, aprobada por el Congreso de la Unión, es decir, que desoigan a los representantes legales, como lo hizo cuando se negó a aceptar la consulta indígena contra FEMSA y los OXXOs en Oaxaca. Se lo pide a una Suprema Corte que, desde la llegada apenas hace dos meses, de Norma Piña, ha descongelado las cuentas de la esposa del narcotraficante García Luna, exonerado a Rosario Robles por los 5 mil millones de pesos desviados en la Estafa Maestra, amparado a Cabeza de Vaca, el ex gobernador corrupto de Tamaulipas, con un argumento jurídico que haría salir de prisión a Lozoya, Collado y demás rateros de cuello blanco: que acusar a alguien de lavado de dinero y de crimen organizado es acusarlos dos veces del mismo crímen,algo prohibido en la Constitución. Así es ese poder judicial de Norma Piña al que Cossío apela para que sean buenos y no aprueben lo que él mismo llamó: “intento deliberado de hacerse del sistema electoral”. Una reforma presupuestal, para no dilapidar dinero en la burocracia dorada del INE, en los 400 funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, pasa de “crimen de Estado” a intento de controlar al órgano electoral.

Los gringos supieron aprovechar esto. El New York Times aseguró que el Plan B había hecho saltar las alarmas del Departamento de Estado. Para ello, citó a dos fuentes que “no están autorizadas para hacer comentarios”. Brian Nichols, encargado del hemisferio Occidental del Departamento de Estado y Ned Price, de Relaciones Exteriores de Joe Biden, hablaron de “recursos suficientes” para garantizar elecciones. Pero el diario español El País tituló esa nota del 27 de febrero como: “Washington resplada la marcha de la oposición en México”. Bob Menéndez, senador que encabeza el Comité de Relaciones Exteriores, y Michael McCaul, republicano del mismo comité del Senado estadunidense, sostuvieron sin miedo al embuste que: “La iniciativa (del Plan B) hace retroceder a México a su pasado oscuro de elecciones controladas por el presidente no sólo retrasando el reloj de su democracia, sino también el de las relaciones entre nuestros países”. Un recorte presupuestal a las carísimas elecciones mexicanas es ya un punto de enfriamiento de relaciones bilaterales. Vaya audacia de los senadores.

Hasta el día de hoy, los intentos de generar algo como una “ola rosa” han fracasado por sus evidentes contradicciones: organizaciones fachada fundadas por partidos en crisis desde 2018, sólo un empresario corrupto como Claudio X. González, los puede reunir; sin líderes que no sean ex diputados del PRI, PAN o PRD o abogados que protegieron a García Luna y a los OXXOs; y con una base social que llena el Zócalo aterrorizada porque la pobreza y la inferioridad de clase social se les contagiará, por el momento no tienen viabilidad electoral. Les queda presagiar el desastre: un fraude cometido por un movimiento y su partido que va arriba en todas las encuestas de intención de voto. Tienen los medios, la Suprema Corte, y los partidos en crisis, no la razón, no la integridad, no la dignidad. Y, por supuesto, tampoco los votos.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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