Las críticas hacia la FGR que dirige Gertz Manero se han ido acumulando en los primeros cuatro años de su mandato por el manejo que ha dado a los casos en sus manos, unos más mediáticos que otros, sobre todo aquellos en los que no se pudo procesar, por ejemplo, a Rosario Robles, a Cabeza de Vaca y demás personajes.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR), al mando de Alejandro Gertz Manero, cumplió en enero cuatro años de haber comenzado sus trabajos como un organismo autónomo, tiempo en el que esta institución ha sido cuestionada por la manera en la que ha conducido los casos en sus manos, sobre todo las grandes tramas de corrupción en las que ha tenido reveses importantes en los tribunales.
El último caso ocurrió el martes, cuando un Juez federal ordenó la cancelación de la orden de aprehensión que pesaba en contra del exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está bajo investigación por posible enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
La resolución fue otorgada en octubre de 2022, detalló la defensa de García Cabeza de Vaca, quien dijo que el Juez advirtió que su cliente había sido imputado “erróneamente” por lavado cuando se trataba de una “operación comercial de compraventa de un departamento” que pertenecía al exgobernador.
Asimismo, la resolución del Juez señaló que la FGR sesgó información y ocultó datos de prueba al Juez de Control, esto con la supuesta finalidad de aparentar “hechos lícitos como un complejo esquema de lavado de dinero” y así, el Juez de Control tuviera argumentos para girar la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca.
La FGR respondió con comunicado contra el Juez federal, como ha hecho cada vez que sufre una derrota judicial:
“El rol de juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado”, señaló la institución y anunció que promoverá la impugnación correspondiente y analizará las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió.
La mañana de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en su conferencia de prensa diaria que la resolución del Juez en el caso “es parte de la decadencia del Poder Judicial”, que “no se ha podido reformar”.
“Es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país, entonces por eso esos amparos constantes”, señaló.
De acuerdo con el mandatario, “antes, cuando estaba [al frente de la Suprema Corte] el Ministro Zaldívar, Arturo Zaldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban, del Consejo de la Judicatura (…). Ahora que llegó la nueva Ministra [Norma Piña] declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos, que puedan hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.
Luego, cuestionado sobre si respalda la decisión de la FGR de iniciar un proceso contra el juzgador del caso, López Obrador respondió: “Sí, sí. Es que, si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas, de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces; si no actúa el Poder Judicial, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad”.
En febrero de 2021, García Cabeza de Vaca, entonces Gobernador de Tamaulipas, fue señalado por la FGR por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Al tener fuero, la Cámara de Diputados tuvo que iniciarle un Juicio de Procedencia, el cual fue completado a finales de abril de 2021.
Pero el Congreso local, de mayoría panista, rechazó retirarle el fuero, lo que provocó una confrontación constitucional entre poderes. La Suprema Corte tuvo que resolver el tema y, en agosto de 2022, determinó que García Cabeza de Vaca mantenía el fuero por el resto de su mandato, que culminó en septiembre de aquel año, cuando el morenista Américo Villarreal asumió como su sucesor.
García Cabeza de Vaca también escapó de la FGR, ya que al término de su mandato, en días previos, dejó de aparecer en el recinto oficial de Gobernador. El panista no fue a la toma de protesta de su sucesor: se justificó y dijo que nadie lo invitó. Luego tuiteó que estaba en su rancho, de vacaciones. Después acusó persecución política. Y nadie sabe de él hasta ahora, a pesar de que incluso en su momento el Instituto de Migración publicó una ficha de búsqueda por si salía del país.
ROSARIO ROBLES, EXONERADA
Semanas antes de lo sucedido en el caso de Cabeza de Vaca, el viernes 24 de febrero, la Fiscalía tuvo otra derrota en uno de los casos más mediáticos: el de Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Estado de Enrique Peña Nieto, quien quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019 en el marco de la llamada Estafa Maestra. La acusación fue desechada y señalada simplemente como una falta administrativa por lo que sólo podrá ser sancionada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Días antes, Robles se liberó de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le notificó en 2021 y con lo que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años. Así, en dos días, Robles Berlanga quedó libre de todo proceso y puede regresar a trabajar en algún cargo público.
En este caso, la FGR también acusó al Poder Judicial de proteger a los imputados, y adelantó que, debido a tratarse de un “hecho inaudito”, abrirá un procedimiento penal inmediato contra el Juez que exoneró a Robles Berlanga.
“Todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente”, dijo. “Declarar que eso no constituye delito es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos, ni en las leyes, ni en las pruebas”, añadió.
Robles Berlanga fue detenida en agosto de 2019. Tres años después, tras buscar por todas las maneras combatir la prisión preventiva que recibió desde su primera audiencia, la exsecretaria logró salir del reclusorio para continuar su proceso en libertad. La exoneración llegó seis meses después.
“¿Cuántos casos emblemáticos podemos tener de corrupción en el país? ¿10, nueve, ocho? Todos se pierden. En cambio las personas comunes que son perseguidas, que no tienen los recursos políticos, ni los cuates, ni el dinero para pagar, porque sí hay corrupción en la Fiscalía, están en temas de esta naturaleza”, aseguró Muna Dora Buchain, la auditora forense que detectó los malos manejos en la administración de Robles, a Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
“Ya se fueron casi cinco años y no se pudo llevar un juicio de estos cuando tenían toda la información, los elementos, las denuncias presentadas desde antes, entonces se privilegia lo político por encima de la ley”, puntualizó Muna Dora Buchain.
En tantoAdriana Greaves, cofundadora de la organización Tojil, explicó que casos como el de Robles “muestran una Fiscalía General muy débil, incapaz de hacer investigaciones sólidas, que prueben que más allá de cualquier duda razonable que frente a un Juez se sostenga, crear una teoría del caso, y realmente desmantelar redes”.
“Pareciera que la Fiscalía está tratando únicamente de aparentar hacer algo cuando no lo hacen y parece que sólo dizque persiguen casos de administraciones anteriores. Todo esto viola no sólo el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción sino también el derecho la verdad: qué sucedió con ese dinero, dónde paró, qué servicios públicos no se prestaron, es lo que muestra la Fiscalía”, explicó.
SOSAMONTES, OTRA DERROTA
A esta trama se le debe sumar el de Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Robles, también en el marco de la Estafa Maestra. El exfuncionario era Jefe de la Oficina de la Sedesol de diciembre de 2012 a agosto de 2015, periodo en el que Rosario Robles estuvo al frente de la dependencia.
Sin embargo, el Juez rechazó vincularlo a proceso a pesar de que la FGR lo acusaba de uso indebido de atribuciones, pues aseguró que, en representación de la Sedesol, suscribió contratos ilegales con Radio y Televisión de Hidalgo “RTH”.
También con Sosamontes la FGR adelantó que apelaría la decisión e inició una carpeta de investigación contra el Juez por delitos contra la administración de justicia por servidores públicos.
Con respecto a las respuestas de la FGR apuntando contra los jueces, Greaves señala que “habla del desconocimiento profundo de la Ley”.
“Parecería que están más bien siguiendo instrucciones de corte político, que no deberían, en contra de ciertos personajes. Es una excusa que siempre sucede, echarse la bolita, decir ‘yo sí hago mi trabajo, yo integré las carpetas, llevé evidencia, son los jueces que tienen estándares muy altos”.
“Los jueces no hacen los estándares, solamente interpreta la Ley que existe, que ya había sido emitida por legisladores, ellos interpretan (…) hay declaraciones muy peligrosas del Gobierno sobre los estándares de la Ley en materia penal, en materia punitiva, dice que los jueces son muy estrictos y por culpa de esa parte estricta es que se libera criminales, y no es culpa de jueces o de la ley sino de la Fiscalía, que no hace bien su chamba, ahí las cosas pierden su valor”, argumentó.
EMILIO LOZOYA, EL GRAN PENDIENTE
Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Peña Nieto que está en prisión preventiva por la trama de Odebrecht y por la sobreventa de una planta de Agronitrogenados durante su mandato, es quizá el único proceso más mediático que el de Robles. Es por ahora el único detenido por la trama con el conglomerado brasileño que manchó a docenas de funcionarios en todo el continente.
Sin embargo, pese a que aún no ha sido desechado como el de Robles Berlanga, ni Lozoya ha conseguido eliminar las medidas cautelares en su contra, el caso se ha extendido una y otra vez gracias a prórorrogas alcanzadas por la defensa del exfuncionario.
Lozoya fue detenido en España, donde se encontraba prófugo, en febrero de 2020 y fue extraditado a México en julio del mismo año. A diferencia de Robles Berlanga, el exdirector de Pemex ha buscado colaborar con las autoridades, por lo que en un principio fue eximido de la prisión preventiva.
La FGR presionó para que recibiera esta medida cautelar después de que no hubiera avances en su cooperación y tras ser visto en un restaurante de lujo en la Ciudad de México. Lozoya pisó la cárcel por primera vez en noviembre de 2021, donde permanece desde entonces.
A pesar de haber sido vinculado a proceso por ambos casos –tanto Odebrecht como Agronitrogenados– desde julio de 2020, éste ha quedado atorado en la etapa intermedia, debido a que los abogados del exfuncionario peñista han ganado a la FGR en distintas ocasiones para conseguir en diversas ocasiones que se aplacen las audiencias, como sucedió la semana pasada, cuando el Juez difirió por cuarta vez y hasta el 27 de abril la audiencia intermedia por la compra-venta de la planta de Agronitrogenados.
Luego de esta decisión, Lozoya decidió ese mismo día –16 de febrero– enviar un mensaje al Presidente López Obrador a través de su abogado. El exdirector de Pemex dijo que no comprende por qué sigue detenido pese a ofrecer información que relacionaría a exfuncionarios federales en los casos de corrupción de Agronitrogenados y Odebrecht, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Edgardo Buscaglia, en entrevista con Los Periodistas en marzo del año pasado, “la Fiscalía de Gertz Manero sigue cometiendo los mismos errores, los mismo horrores que cometía la [PGR] de [Jesús] Murillo Karam, la de [Marisela] Morales en la época de [Felipe] Calderón y la de [Rafael] Macedo de la Concha con Vicente Fox. No es un problema personal contra este Fiscal que se enoja mucho, amenaza con que va a acusar de extorsión mediática”.
Este caso ha sido salpicado en su momento con la publicación de llamadas privadas que incluían, entre otros funcionarios, Gertz Manero con el padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Thalmann. En una de las grabaciones se escucha al padre de Lozoya Austin siendo buscado por Gertz Manero en sus oficinas, mientras que en las otras dos es Thalmann el que llama para conversar con el Subprocurador Juan Ramos y agradecerle las atenciones que han tenido.
“Yo creo que se están tardando”, dijo López Obrador en octubre de 2021 sobre el caso Lozoya. Sin embargo, dijo: “Le tengo confianza al Fiscal Gertz Manero”. Luego de la filtración de las llamadas de Lozoya Thalmann, y siempre que ha sido cuestionado sobre el titular de la FGR, López Obrador le ha reiterado su apoyo.
El proceso de Lozoya, por ahora, sigue pendiente.
JUAN COLLADO
Otro caso pendiente aún –uno de los más extensos hasta ahora– y en proceso es el de Juan Collado, reconocido abogado de altos perfiles políticos como el expresidente Peña Nieto y Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
El jurista se encuentra en prisión desde julio de 2019 acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Un mes después, Andorra anunció que reabrió la causa del letrado, con lo que congelaba 93 millones de dólares con los que contaba en la región española.
Sin embargo, esta semana su esposa, la actriz Yadhira Carrillo, aseguró que hay “altas probabilidades” de que sea liberado lo más pronto posible. Pero luego matizó sus palabras el martes: “Yo me imaginaba llevármelo de la mano, pero aquí estamos, esperando el momento, pendientes”, dijo.
Lo cierto es que la responsabilidad y las preocupaciones no corren solamente por Gertz Manero, asegura Adriana Greaves a SinEmbargo. “No olvidemos que hay una Fiscalía Anticorrupción a cargo de la Fiscal [María de la Luz] Mijangos que está completamente desaparecida, que cuenta con una autonomía específica de la FGR para evitar todavía más esa transgresión a la esfera política”.
“Aquí lo que preocupa es que todos estos casos, en lugar de llevarse desde esa Fiscalía, que supuestamente tiene ciertos controles para mitigar la inmersión política, todos se llevan desde la oficina de Gertz. La gran pregunta es, ¿por qué la Fiscalía Anticorrupción está subsumida dentro de la FGR? La preocupación es doble: tenemos una Fiscal Anticorrupción que no hace nada y todos los casos, que los tiene el fiscal Gertz, ¿por qué los integra de manera incorrecta? Pareciera que los tiene ahí como una forma de presión política”, subrayó.
“Esto muestra que realmente no hay capacidades hacia adentro de la Fiscalía o no hay intención de persecución penal y es solamente una forma de presión política”, destacó Greaves.
EL CASO AYOTZINAPA
Cuando llegó al poder, el Presidente López Obrador se comprometió a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Lo que les pasó a los jóvenes estudiantes cimbró al país y la versión del Gobierno peñista de la “Verdad Histórica” rápidamente quedó desacreditada.
La ubicación de los jóvenes, aunque se han encontrado más restos de los cuerpos de un tercer normalista, Jhosivani Guerrero (en el mismo sitio donde estaba Christian Rodríguez), sigue estancada. En este aspecto, la Fiscalía tampoco ha podido avanzar con los procesos, al menos los más mediáticos, y ya tiene algunos reveses en su contra también.
El más destacado es el de Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con Peña Nieto, acusado de tortura. El exfuncionario está prófugo en Israel, que no tiene tratado de extradición con México, y quien ya rechazó el criterio de oportunidad que le ofreció la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa para que cooperara en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, de acuerdo con el Gobierno federal.
Zerón se encuentra en Israel desde el 13 de agosto de 2019. El Presidente López Obrador ha insistido en un acuerdo con el Gobierno de Israel para poder extraditarlo, pero por ahora no han conseguido ningún acuerdo. Este proceso también lo encabeza la Fiscalía General de la República, (FGR) con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El exdirector de la AIC es una de los artífices de la famosa “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, en donde fueron asesinados y sus restos quemados.
El otro es Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República con Peña Nieto.
Murillo Karam fue detenido en su propiedad en la capital mexicana el 20 de agosto y unos días después fue vinculado a proceso, pero trasladado desde entonces varias veces al hospital por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de los normalistas.
A finales de diciembre, el exprocurador peñista volvió al Reclusorio Norte, donde se encuentra mientras se lleva a cabo la etapa de investigación, la cual se prevé termine, salvo que las autoridades o la defensa pidan una extensión, en estos primeros días de marzo.
Más allá de estos dos casos pendientes, también está la polémica por el retiro de órdenes de captura contra 21 personas, 16 de ellas militares y el resto exfuncionarios estatales, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad del exfiscal encargado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes, Omar Gómez Trejo, quien renunció el pasado mes de septiembre.
ALONSO ANCIRA
El de Ancira podría considerarse uno de los pocos procesos con algún éxito: Ancira Elizondo entregará 216 millones 664 mil 40 dólares, más intereses, a Pemex, para reparar el daño causado por la compra de la planta de Agronitrogenados, pero gracias al acuerdo pudo salir de prisión en abril de 2021.
Parte del acuerdo de reparación incluye que el llamado “Rey del Acero” realice tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre de 2021, para que la FGR no lo lleve a juicio, hasta ahora lleva dos pagos y la mitad del dinero.
La reparación se acordó el 19 de abril de 2021, cuando la Fiscalía accedió a liberar Ancira a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del daño a Pemex por venderle una planta chatarra de fertilizantes en 2013, uno de los casos que también se le persiguen a Lozoya.
Ancira estaba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de Ciudad de México desde febrero de 2021, un día después de su extradición desde España, donde estuvo detenido desde mayo de 2019 a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca.
El 2 de diciembre pasado, el propietario de Altos Hornos de México, realizó el segundo pago a Petróleos Mexicanos (Pemex), por un monto de 54 millones de dólares de los 216 millones 664 mil dólares que se comprometió a cubrir como reparación del daño por el caso Agronitrogenados.
SALVADOR CIENFUEGOS
En uno de los casos más polémicos del mandato de Gertz en la FGR fue el del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en octubre de 2020 por supuestos vínculos con el narcotráfico. Después de una fuerte presión del Gobierno mexicano para extraditarlo, la Fiscalía lo exoneró en enero de 2021, unas cuantas semanas después de su extradición.
“La integración de todo el expediente llevó al Ministerio Público Federal (MPF) a la certeza de que el General Salvador Cienfuegos no realizó acto alguno del que pudiera probársele cualquier conducta delictiva, respecto a las acusaciones que se le hicieron en los Estados Unidos de Norteamérica y que le fueron retiradas por las autoridades de ese país; así como tampoco respecto a las diligencias ministeriales independientes realizadas en México”, defendió la dependencia liderada por Alejandro Gertz Manero.
Esta exoneración le atrajo fuertes críticas a la FGR y a la administración de López Obrador, incluso de aliados del oficialismo.
LOS CIENTÍFICOS DEL CONACYT
Otra de las derrotas más mediáticas de la FGR en los juzgados fue el caso que llevó contra científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que estaban acusados de presuntos delitos de lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada.
De los 31 acusados en septiembre de 2021, cinco científicos consiguieron cerrar su proceso: el Ministerio Público ya no podrá investigar y acusar por los mismos hechos a Julia Tagüeña Parga, José Franco, Gabriela Dutrénkt Bielous, Tereza de León Zamora y Marcial Bonilla.
Ante los señalamientos de supuestas aportaciones ilegales del Conacyt por 244 millones de pesos, el Juez de control sobreseyó la causa penalecontra los cinco científicos en enero, lo cual tiene alcances de sentencia absolutoria.
Cuando la FGR hizo pública la acusación, Artículo 19, una de las agrupaciones que defienden la libertad de prensa y expresión en medios, señaló que se trataba de una “persecución penal”.
UN FISCAL “AUSENTE”
Gertz Manero además estuvo cerca de un año sin presentarse de forma pública, en medio de rumores sin confirmar sobre operaciones y convalecencias en Estados Unidos. El Fiscal reapareció el viernes en una reunión con miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la World Jurist Association y luego estuvo presente en el evento por el Día de la Bandera junto al Presidente López Obrador y otros miembros del gabinete.
La FGR publicó una foto y un comunicado en el que informó la asistencia de Gertz Manero con Víctor Olea Peláez, el Presidente entrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y con Javier Cremades, presidente de World Jurist Association, y a los miembros del Consejo Directivo de esa asociación.
El pasado 24 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Fiscal se había realizado una operación en la columna y que se encontraba “bien” en su casa, en recuperación. Sin embargo, la ausencia de Gertz estuvo envuelta en especulaciones en los que incluso circuló un documento apócrifo sobre su remoción.
“Yo creo que sí le afecta a la Fiscalía que hay un mal entendimiento de la secrecía de la investigación: una cosa es que se necesita para no poner en riesgos la investigación penal, para a no avisarle a los investigados y que no se oculte evidencia. Pero está mal entendido, lo hemos visto en la administración de Gertz: entiende la secrecía como prácticamente sellar su oficina de poca transparencia, de completo oscurantismo, donde ninguna organización o persona puede ver hacia adentro”, explicó Greaves, de la organización Tojil.
“La respuesta de que no sale públicamente, de que no contesta cómo están las grandes investigaciones que nos interesan a todos, se escuda detrás de la secrecía, mal entendida: claro que está obligado como funcionario publico, y más siendo responsable de la persecución penal, de dar cuenta, respuesta, de esas investigaciones, a dónde van, y dónde está la política criminal del país. ¿Nos interesa combatir la corrupción? Qué estás haciendo para eso, cuántas personas has procesado, no queremos saber los detalles, eso sí pondría en riesgo las investigaciones, pero tenemos esto… Se ha entendido mal, él también está obligado a rendir informe en el Senado.
“Sabemos que hay rumores sobre su salud, pero lo que realmente me preocupa, es el equipo interno, los subprocuradores y subfiscales, deberían seguir trabajando, dar apertura, la transparencia obligatoria a la ciudadanía. Más allá de él, que es preocupante, es saber si hay una Fiscalía que no está operando. No sabemos qué está pasando y lo único que vemos son los tintes de investigaciones políticas”, concluyó Greaves.
Durante su comparecencia ante el Senado en enero de 2019, Gertz Manero aseguró ante los legisladores: “No siento yo ninguna preocupación y la ley por encima del poder será real”. “Ese es el reto, si eso no se cumple en forma inmediata todo este esfuerzo que estamos haciendo no va a tener ningún resultado, el compromiso ya no tiene margen para equivocarse ni para engañar”, dijo en aquel momento.
