El informe realizado por Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University) detalla que en los conflictos derivados por proyectos mineros, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).
La base de datos detalla también las acciones de las comunidades, los gobiernos y las empresas involucradas, así como el papel de los mecanismos de participación (por ejemplo, la consulta previa, las consultas públicas, y las asambleas ejidales y comunales) en estos conflictos. Los datos reflejan que las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción “institucionalizada”(como los juicios y recursos de amparo); en cambio, las que combinan este tipo de accionescon otras “no institucionalizadas” (toma de instalaciones, de oficinas públicas o de las empresas, retención de funcionarios) son las comunidades que buscan la negociación de beneficios.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Dos académicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y de la Montfort University hicieron un mapeo de los conflictos sociambientales en México generados a partir de proyectos mineros y energéticos durante los últimos doce años. Lograron detectar más de 879 conflictos distribuidos en casi todo el país.
Gisela Zaremberg (de Flacso) y Valeria Guarneros-Meza (de la inglesa Montfort University) revisaron un total de 964 notas periodísticas para crear cuatro diferentes mapas: de los conflictos por proyectos mineros; por proyectos eólicos; por campos petroleros; y por gasoductos.
CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS
Las académicas hallaron un total de 879 conflictos: 374 por minería; 188 por hidroeléctricas; 127 por campos petroleros; 116 por eólicas; y 74 por gasoductos.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán.
El documento detalla que en los conflictos derivados por proyectos de minerías, las empresas más involucradas son: Grupo México (con 30 casos registrados); Ternium (con 25); Goldcorp Inc (con 22); Grupo Frisco (con 18); Almaden Minerals Ltd (con 17); Minera Autlán (con 13); First Majestic Silver Corp (con 12); y Escellon Resources Inc (con 10).
Las académicas hallaron también que en 28 conflictos por minería, que involucraron a 14 proyectos diferentes, estuvo involucrado el crimen organizado. Los casos se registraron en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.
Para revisar los conflictos por este tipo de proyectos, las académicas revisaron 463 notas periodísticas sobre el tema. Y de los 374 reportes de conflictos hallados, se involucra a un total de 134 proyectos.
CONFLICTOS POR CAMPOS PETROLEROS
La mayoría de los conflictos violentos por proyectos relacionados con campos petroleros se concentran en Tabasco, Chiapas y Veracruz.
Además se encontró que en al menos 6 hechos violentos estuvo relacionado el crimen organizado, y los casos se registraron en Veracruz, Campeche y Tabasco.
Para este rubro se revisaron un total de 130 notas periodísticas. Y se halló que los 127 conflictos reportados involucran a un total de 70 diferentes proyectos.
CONFLICTOS POR GASODUCTOS
Los estados con más conflictos violentos relacionados con gasoductos son: Puebla- Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa, y Chihuahua-Sinaloa.
Para este proyecto se revisaron 94 notas periodísticas. Y en los 74 hechos reportados estuvieron involucrados 15 proyectos.
CONFLICTOS POR HIDROELÉCTRICAS
Y Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero registran el mayor número de conflictos por instalaciones hidroeléctricas
CONFLICTOS POR EÓLICAS
En tanto, Oaxaca y Yucatán tienen los mayores registros por conflictos por instalaciones eólicas se concentran en Oaxaca y Yucatán.
La base de datos realizada por las académicas detalla también las acciones de las comunidades, los gobiernos y las empresas involucradas, así como el papel de los mecanismos de participación (por ejemplo, la consulta previa, las consultas públicas, y las asambleas ejidales y comunales) en estos conflictos.
Los datos reflejan que las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren principalmente a la acción “institucionalizada”(como los juicios y recursos de amparo); en cambio, las que combinan este tipo de accionescon otras “no institucionalizadas” (toma de instalaciones, de oficinas públicas o de las empresas, retención de funcionarios) son las comunidades que buscan la negociación de beneficios. Por su parte, los actores gubernamentales, en combinación con las empresas, son los que más frecuentemente aparecen mencionados en relación a acciones informales e ilegales.
