Los mexicanos están hartos de la corrupción, así lo reveló la más reciente encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. De acuerdo con los resultados, siete de cada diez perciben que la corrupción aumentó en el último año, mientras que el 78 por ciento está de acuerdo con eliminar el fuero constitucional a los políticos.
Otro dato que arrojó la encuesta es que nueve de cada diez mexicanos (90 por ciento), están de acuerdo con que todos los servidores públicos tengan que presentar su declaración 3 de 3 y coinciden en que se deben aumentar las penas para los empresarios involucrados en actos de corrupción con servidores públicos.
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Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Siete de cada diez mexicanos perciben que la corrupción aumentó en el último año, sobre todo en el sector público, mientras que el 78 por ciento está de acuerdo con eliminar el fuero constitucional a los políticos para evitar que lo utilicen al cometer este tipo de delitos.
La encuesta “Transparencia y rendición de cuentas”, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, reveló que la corrupción en México es un delito que se practica más entre los sectores del poder como políticos, servidores públicos y empresarios, que entre los ciudadanos.
Siete de cada diez entrevistados (71 por ciento) señalaron que hay más corrupción en el sector público, nueve por ciento dice que en el sector privado y 10 por ciento percibe mayor prevalencia de este fenómeno en las organizaciones sociales.
El 71 por ciento de los mexicanos encuestados perciben que en los últimos 12 meses la corrupción ha aumentado en el país debido principalmente a que nunca se castiga a los responsables que cometen este tipo de actos.
Incluso, el 69 por ciento de los entrevistados piensa que se puede corromper a quienes dictan sentencias para evitar ser castigado por actos de corrupción.
Al cuestionarlos sobre la principal razón por la que prevalece la corrupción en México, la respuesta más mencionada es la impunidad (38 por ciento), la siguiente es sanciones muy débiles (21 por ciento) y el crimen organizado (17 por ciento).
Para los mexicanos la mayor consecuencia de la corrupción es, en este orden, pobreza y desigualdad (21 por ciento), incremento de la delincuencia organizada (21 por ciento) y la falta de oportunidades (16 por ciento).
De acuerdo con los encuestados, la corrupción está presente en todo y en todos, por ejemplo, el 20 por ciento reveló que en los últimos 12 meses le pidieron dinero para agilizar algún trámite o recibir algún servicio, mientras que el 19 por ciento acepta que en el mismo periodo ha ofrecido dinero con este fin.
Cuando se les preguntó ¿cuál cree que sea la principal causa de que no se denuncien actos de corrupción?, el 44 por ciento contestó que por miedo a represalias, 30 por ciento piensa que se protege a los corruptos y 16 por ciento dijo que no sirve de nada.
Sobre la percepción de la corrupción en los próximos tres años, los mexicanos se muestran pesimistas. El 60 por ciento consideró que será mayor, el 26 por ciento que seguirá igual y sólo el 11 por ciento piensa que será menor.
Las profesiones consideradas más honestas son académico, médico y maestro de primaria. Las menos honestas son servidor público, policía y político.
PIDEN ELIMINAR FUERO A POLÍTICOS
Diversas organizaciones civiles y activistas han impulsado iniciativas, como la Ley 3de3, para acabar con el fenómeno de la corrupción en México, sobre todo en los servidores públicos.
Al respecto, nueve de cada diez (90 por ciento), están de acuerdo con que todos los servidores públicos tengan que presentar su declaración 3 de 3 y coinciden en que se deben aumentar las penas para los empresarios involucrados en actos de corrupción con servidores públicos.
El 78 por ciento está de acuerdo con que el servicio profesional de carrera sea la vía para desempeñar un cargo público y piden eliminar el fuero constitucional para los representantes que lo tienen.
Respecto a que las organizaciones ciudadanas participen en las auditorías a las instituciones públicas, ocho de cada 10 (79 por ciento) consideró que es una medida que ayudaría a la transparencia.
El 86 por ciento está de acuerdo con que los titulares de las contralorías sean electos por voto popular, mientras que el 88 por ciento considera que la participación ciudadana puede ayudar a reducir la corrupción.
Respecto a la Contraloría Social, el 64 por ciento considera que “no ha funcionado en su objetivo de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social”.
Sobre el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción –en operación desde el 19 de julio de 2017– uno de cada tres entrevistados (34 por ciento) ha escuchado hablar de éste.
El 67 por ciento de los mexicanos considera que dicho sistema es muy necesario, el 20 por ciento que es algo necesario y sólo el 10 por ciento señala que es poco o nada necesario.
El 72 por ciento de los encuestados aprueba que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga facultades para realizar un seguimiento detallado a los casos de corrupción que lleguen a instancias del Poder Judicial y el 80 por ciento considera que se le deben dar facultades para evitar la duplicidad de funciones de fiscalización en instituciones públicas del país.
A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, la percepción de que México es un país corrupto va en aumento y es el país peor calificado en este rubro entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 (IPC) difundido en febrero pasado.
El índice realizado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional reveló que la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
Esto ubicó al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción.
