“[Humberto] Moreira es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.

Opinión que le valió una demanda interpuesta por Humberto Moreira en contra de Sergio Aguayo por 10 millones de pesos. La opinión del investigador de El Colegio de México fue escrita en su columna semanal del diario Reforma y se dio en el contexto de la detención de Moreira en España: “Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos.” El texto seguí “El Auto judicial tiene la sequedad y aridez de la meseta castellana. Según el documento (tengo copia), en el 2013 Humberto Moreira recibió de empresas mexicanas 199,079.48 euros. La autoridad sospechó y en marzo de 2014 iniciaron las pesquisas que llevaron a su arresto por los “delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho”. De ser condenado, se pasará once años en la prisión. Como el caso que se lleva en Estados Unidos es independiente del de Madrid, Moreira dará tumbos durante varios años.”

Todos los que creemos en la libertad de expresión y opinión deberíamos haber reproducido la columna de Sergio Aguayo en el momento que nos enteramos (hace 8 meses) que Sergio había sido demandado por el ex Gobernador Humberto Moreira por lo que escribió en su columna de opinión.

El caso está todavía en primera instancia. Pero desde ya da visos claros de la podredumbre de nuestro sistema de justicia. El juez décimo quinto de lo civil de la Ciudad de México, ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ (lo escribo en mayúsculas porque ese nombre hay que aprendérselo para identificar a uno de los peores jueces que tenemos en México) ha admitido a favor de Moreira un cuestionario psicológico parcial y tendencioso porque da por hecho la existencia de un daño. En otras palabras, quiere evaluar si el “daño” (supuesto) fue hecho con plena conciencia. Un ejemplo de lo tendencioso del cuestionario es:

“La perito deberá determinar si a partir de las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que atribuyó el Periodista Sergio Aguayo Quezada, al actor Sr. Humberto Moreira Valdés se ha denostado su imagen y credibilidad como figura pública”.

Ya no solo fueron los sentimientos ofendidos del presunto corrupto, sino que también se añadió las supuestas burlas e insultos y falsas acusaciones (ambas inexistentes si ustedes leen el texto original de Aguayo). Ante los embates –no solo de Moreira- sino del juez ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ, la defensa de Aguayo argumentó “Ante la violación sistemática de la legalidad y la ausencia de debido proceso, la representación legal de Aguayo presentó este lunes 13 de febrero de 2017 un escrito recusando al juez Rivera y solicitando al Consejo de la Judicatura del DF (presidido por Edgar Elías Azar) que envié el asunto a otro juzgado.”

Según documentos del juicio, Moreira afirmó que las palabras atentaron contra sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así́ como la consideración que de mi persona tienen los demás” (por favor, no se ría, esto es serio). Tasó en 10 millones de pesos la reparación con la cual mitigaría el “daño moral” y sus sentimientos. Al analizar la demanda de Moreira se puede desprender que lejos de haber lastimado sus “afectos y sentimientos”, el político priista busca corromper la justicia –de la mano del juez Rivera- para inhibir a una voz crítica de la sociedad mexicana. Porque más allá de buscar ganar la demanda, el tortuoso proceso judicial hará que recursos y tiempo sean empleado en la defensa en vez de las actividades cotidianas del investigador para generar conocimiento.

El caso que está perdiendo Sergio Aguayo (en primera instancia) nos debería de preocupar a todos. Todos podemos estar en los zapatos de Sergio. No es un caso aislado ni un caso sin repercusiones. Es un intento de inhibir la expresión por parte de un político que claramente tiene muchas cuentas que rendir, una de ellas en materia de violaciones a derechos humanos y corrupción.

Moreira debe de perder, claro, si la justicia y el derecho prevalecen. Elemento que no puedo sostener como verdad. Ahí tenemos al juzgador de primera instancia que lejos de proteger uno de los derechos más fundamentales en democracia –la libertad de expresión- está preocupándose más por los sentimientos heridos del priista coahuilense que por probar fehacientemente el supuesto daño ocasionado por las expresiones vertidas en la columna de opinión.

El juzgador hace mal en preocuparse por los sentimientos heridos o burlas y ofensas. Lo que parecía una acción inútil y colérica de Moreira ha llegado a niveles altamente preocupantes, en términos de libertad de expresión. Por la argumentación del caso, éste debería haber sido desechado como improcedente inmediatamente. La intención de acallar una voz y someterla a un juicio sin fundamento es lo que hacen los espíritus autoritarios. No sugiero que Moreira no tenga derecho a una defensa, sin embargo, en sus mismo argumentos se devela  que la intención del demandante no es resarcir el daño, sino crear uno al investigador.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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