Con este fallo se obliga a las autoridades mexicanas a reconocer como víctimas directas a Bertilda Parada de Osorio y a Alma Yessenia Realegeño, originarias de El Salvador, y familiares de dos migrantes, cuyos restos fueron encontrados en 2011 en fosas clandestinas San Fernando, Tamaulipas, quienes ahora podrán tener acceso a la información y expedientes referentes al caso, además podrán acceder a mecanismos de reparación de daño. “Este amparo servirá para saber la verdad, para que se haga justicia. Que haya reparación para todos”, dijo Bertilda Parada.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de dictamen el cual obliga a las instituciones mexicanas a que abran el expediente de la matanza de migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas, en 2011. El fallo de la Corte obliga a reconocer como víctimas directas a Bertilda Parada de Osorio y Alma Yessenia Realegeño, originarias de El Salvador, quienes ahora podrán tener acceso a la información y expedientes referentes a sus familiares y al caso, además podrán acceder a mecanismos de reparación de daño.
“Este amparo servirá para saber la verdad, para que se haga justicia. Que haya reparación para todos”, dijo Bertilda Parada, al salir de la Primera Sala de la SCJN.
El hijo de Bertilda Parada, Carlos Alberto, salió de San Salvador el 17 de marzo de 2011 con rumbo a Estados Unidos. El último contacto que tuvo con sus familiares fue el 26 del mismo mes cuando les dijo que se encontraba en Monterrey. La familia denunció el caso ante la Cancillería de El Salvador que, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y demás integrantes del Banco de Información Forense de El Salvador, tomaron muestras de ADN que luego fueron entregadas a México.
En diciembre de 2012, Bertila Parada recibió un llamado por parte de la Fiscalía General de la República de El Salvador, le dijeron que habían sido identificados los restos de su hijo entre los localizados en las fosas clandestinas de San Fernando. Por esa razón pidió los documentos que acreditaran la identificación, pero no volvió a tener noticias. A la fecha sigue luchando, ahora desde la trinchera legal para saber dónde quedó su hijo.
Sergio Méndez, abogado del caso explicó que si bien, el veredicto del Máximo Tribunal fue unánime, habrá una ampliación y modificaciones a favor de la señora Bertilda; sin embargo, los ministros no informaron, hoy en la sesión pública, cuáles serían.
“Es un fallo favorable y se va a ampliar para el efecto del amparo”, detalló Méndez, quien es miembro de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y de Derecho.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, aseguró que este fallo deja un precedente, pues el amparo reafirma que Bertila es víctima en cualquier jurisdicción, tanto en la de Tamaulipas como en la Procuraduría General de la República (PGR).
El 22 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Sudamérica.
Meses después, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban 193 cuerpos. Los cadáveres –tanto de mexicanos como de migrantes centro y sudamericanos– pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a los Estados Unidos.
La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo Los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel.
La semana pasada, la Fundación para la Justicia informó que en el proyecto de dictamen se olvidó que las víctimas son migrantes y que los familiares están lejos, no se analizó el contexto de las masacres (secuestros, narcotráfico, violencia, entre otros), no clasificó los hechos como graves violaciones a los derechos humanos, o buscó dar a conocer la verdad sobre el intento de cremación de los cuerpos y la dificultad de una víctima migrante para probar actos donde la información la tiene exclusivamente el Estado, omite las fallas de servicios periciales, y no establece parámetros para que casos similares puedan ser investigados bajo estándares internacionalmente reconocidos, como el protocolo de Minnesota.
Sin embargo, en las próximas semanas se sabrá las modificaciones del amparo. En tanto la defensa espera que sean en favor de todas las víctimas de San Fernando.
Desde ayer, familias provenientes de Honduras, Guatemala, Brasil y El Salvador se manifestaron a las afueras de la SCJN para exigir su derecho a la verdad y justicia para las víctimas.
Al menos ocho familias de víctimas de la primera matanza de San Fernando denunciaron que en aquel 2010 sólo recibieron una caja de cenizas con un acta de defunción y credenciales, pero no el expediente o resultados de las pruebas genéticas.
