La reforma, que incluye una variedad de medidas económicas, administrativas, penales y hasta medioambientales, fue aprobada en general y debe ahora ser debatida artículo por artículo antes de ser enviada al Senado.
Por Débora Rey
BUENOS AIRES (AP) — La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el viernes en general el paquete de amplias reformas impulsadas por el Presidente ultraliberal Javier Milei para desregular la tercera economía de América Latina, aunque la letra chica del proyecto todavía es objeto de negociación política.
Con 144 votos a favor y 109 en contra, el proyecto oficial de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” —o “Ley Ómnibus” por la gran cantidad de aéreas sobre la cual legisla — obtuvo la sanción tras tres días de acalorado debate en la cámara baja y violentas protestas en las afueras del Congreso.
La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el martes, cuando los diputados iniciarán el tratamiento en particular de cada uno de los más de 300 artículos de la iniciativa, que incluye reformas económicas, administrativas, penales y hasta medioambientales, antes de que sea enviada al Senado.
Las negociaciones no están cerradas debido a que los diputados de la oposición más dialogadora tienen reparos sobre varios capítulos de la reforma, entre ellas la privatización de empresas públicas y el plazo de delegación de facultades legislativas al Presidente.
El proyecto ha puesto a prueba la capacidad negociadora de Milei, un economista ultraliberal con escasa experiencia previa que asumió el 10 de diciembre y no cuenta con la suficiente fuerza parlamentaria para imponer su agenda. Su partido la Libertad Avanza es la tercera fuerza en el Congreso.
El Presidente Milei agradeció en un comunicado a los líderes de las bancadas opositoras que acompañaron el proyecto porque “comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa y en favor del pueblo, que ha sido empobrecido y hambreado”.
“Esperamos contar con la misma grandeza el día de la votación de la ley en particular”, acotó.
En línea con su pensamiento libertario, Milei busca tumbar los cimientos en los que se ha basado la economía del país y apostar por la desregulación, así como limitar la intervención del Estado. Considera que las recetas populistas han fracaso y que su plan es la única salida para terminar con los padecimientos de la nación sudamericana tras sucesivas crisis.
La iniciativa oficial otorga amplias facultades legislativas al Poder Ejecutivo para, entre otras medidas, privatizar empresas públicas, suprimir controles sobre distintas actividades económicas, reformar la administración pública y establecer un nuevo esquema de tarifas de servicios públicos. También legisla sobre salud, educación, cultura y medioambiente.
El mandatario considera que es una herramienta indispensable para el éxito de su programa económico en medio de una inflación anual superior al 200%, que ha empujado a la pobreza a casi la mitad de los argentinos, y un abultado déficit fiscal.
“El único camino viable para nuestra Patria es el de la libertad, el trabajo y el orden”, remarcó Milei el viernes tras la votación.
Sin embargo, del texto original de la reforma con más de 600 artículos, quedaron en pie la mitad porque generaba fuerte rechazo entre los gobernadores de provincias, a los cuales responden los diputados, y estaba en riesgo su aprobación.
Obligado a ceder, el Poder Ejecutivo redujo a un año el plazo de delegación de facultades legislativas, excluyó a la petrolera YPF de la lista de empresas que quería privatizar, retiró el capítulo fiscal que establecía el aumento de impuestos a la exportación de granos y la eliminación de la fórmula de actualización de jubilaciones y desistió de una reforma del sistema electoral.
“Nosotros debemos proveerles todas las herramientas mínimas, justas y necesarias… Para que puedan llevar adelante su Gobierno, custodiando de nuestra parte los temas que pongan en riesgo la salud republicana de la Argentina. Ésa es la tarea que veníamos haciendo”, indicó el Diputado Rodrigo De Loredo, de la Unión Cívica Radical (UCR), parte de la oposición que dio su aval al proyecto.
Por su parte, el Diputado Cristian Ritondo, líder del conservador PRO, remarcó que “hay proceso de cambio que reclama la sociedad y no pueden poner trabas y piedras… Vinimos a darle al Gobierno una caja de herramientas para solucionar los problemas que crearon con un populismo berreta (vulgar)”.
El proyecto oficial fue rechazado por la totalidad del bloque Unión por la Patria, el peronismo de centro-izquierda que gobernó hasta 2023. También por los diputados de izquierda.
“Venimos acá a honrar el compromiso electoral que hicimos con el pueblo argentino. Dijimos todo el tiempo que había y hay otro camino. Nadie habla de producción, industria, trabajo, exportaciones, ciencia, tecnología. Palabras ausentes en este debate”, lamentó el líder de la bancada peronista, Germán Martínez, para justificar su voto negativo.
Por tercer día consecutivo, grupos de izquierda y organizaciones sociales se manifestaban frente al Parlamento para repudiar la aprobación de la ley, cara a cara contra varios cientos de policías que custodiaban el edificio.
El miércoles y jueves se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y militantes, con detenidos y varios heridos, entre ellos agentes y una veintena de periodistas.
Mientras la oposición más dura denunció la represión policial, el Gobierno defendió la aplicación del nuevo protocolo de seguridad para impedir que las protestas interrumpan la circulación vehicular en las avenidas y calles aledañas al Congreso.
“No estamos dispuestos a que un grupo de violentos logre frenar un debate legislativo”, advirtió el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, en rueda de prensa. “Parece infantil a esta altura aclarar que quien corta la calle, quien agrede a un ciudadano o a un agente policial, está cometiendo un delito”.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia para que se investigue la supuesta comisión de delitos de las fuerzas de seguridad “frente a la violencia institucional desplegada” y para reclamar la retirada de los agentes federales de los alrededores del Congreso y que sean reemplazados por la policía de la Ciudad de Buenos Aires.
