La sociedad salvadoreña parece asumir como mal menor los retrocesos democráticos si continúan los históricos avances en materia de seguridad.
MADRID, 2 Feb. (EuropaPress).- Todo parece listo en El Salvador para que Nayib Bukele prolongue a partir de este domingo otros cinco años su mandato. En un país acostumbrado a la violencia, su estrategia de mano dura ha seducido de manera casi unánime a unos salvadoreños que han visto cómo en apenas tres años se han despojado del estigma que les señalaba como una de las sociedades más violentas del mundo.
Las críticas por sortear la Constitución para presentar su candidatura, sus políticas autoritarias —de las que ya dejó constancia durante la pandemia— y las denuncias internacionales a su estrategia de seguridad han tenido escasa relevancia dentro del país, donde la oposición está al borde de desaparecer, según los mismos sondeos, que le dan más de un 80 por ciento de los votos este domingo.
Bukele, nacido en 1981 como el quinto de diez hermanos, forma parte de la quinta generación de una familia de inmigrantes palestinos que llegó a El Salvador a comienzos del siglo XX. La suya fue una vida plácida entre los barrios de la élite económica, mientras la guerra civil (1979-1992) se dirimía en las montañas.
No fue hasta 2011 cuando dio el salto a la política como candidato al Gobierno de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio en la periferia de San Salvador, la capital, de mano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a cuyos guerrilleros su familia solía recibir durante el conflicto interno.
Después de tres años como alcalde de Nuevo Cuscatlán, estuvo al frente de la capital el mismo tiempo, periodo en el que comenzaron sus desaveniencias con el FMLN, que perdió una parte considerable de su electorado en las legislativas de 2018, un año después de la expulsión de un Bukele cuya clase social siempre causó recelo en un partido que se considera heredero de aquellos guerrilleros.
Ya con Nuevas Ideas, de corte populista y “atrapalotodo” —sin ideología declarada y con aspiraciones a abarcar a todo tipo de electorado—, Bukele se impuso en las presidenciales de 2019, aprovechando su alto índice de popularidad en San Salvador y la decadencia de los partidos tradicionales, que se habían alternado durante tres décadas tanto en el poder como en las noticias sobre corrupción.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Aunque ya intentó dejar constancia de que era diferente en alguna que otra intervención en Naciones Unidas y durante la pandemia del coronavirus, irrumpiendo en los hogares salvadoreños a través de la televisión para señalar directamente con imágenes a quienes se saltaban las restricciones, ha sido su mediática lucha contra las pandillas lo que le catapultó a la arena política internacional.
Era marzo de 2022 cuando Bukele anunció la enésima estrategia salvadoreña para frenar unos altos índices de criminalidad y homicidios, solo comparables a países en situación de guerra. Aquel día, después de que la Mara Salvatrucha asesinara en apenas 24 horas a más de 80 personas, impuso un estado de excepción que aún continúa y no tiene visos de acabar, más si como está previsto sale reelegido.
Y es aquí donde surge el dilema. El éxito de su estrategia de seguridad —unos 74 mil detenidos, desmantelamiento de las pandillas y con unos índices de homicidios de los más bajos de América Latina— se ha logrado a base de lo que algunas organizaciones han considerado ataques a los Derechos Humanos y a costa de una ya de por sí golpeada democracia salvadoreña.
Bukele ha ido prolongando el estado de excepción gracias al control casi total que tiene de una Asamblea Nacional, que tras las elecciones de este domingo contará con menos escaños, lo que reduce la maniobrabilidad de una sometida oposición.
Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/V7BEApXJyC
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 1, 2024
Un estado de excepción que suspende derechos fundamentales, como el de expresión y organización, que se suma a los ya previos ataques que su Gobierno ha lanzado contra la oposición, organizaciones internacionales y medios de comunicación, a los que ha acusado de apoyar el crimen por criticar su estrategia de seguridad.
Unos ataques que también ha sufrido la judicatura salvadoreña, la cual controla tras la purga de cinco jueces del Tribunal Supremo en mayo de 2021 y que permitió posteriormente una cuestionada reinterpretación de la Constitución que ha avalado su candidatura para estas elecciones, ya que no recoge la reelección.
No obstante, esto no sería posible sin el amplio apoyo de una sociedad que tras décadas de violencia, extorsiones y homicidios, asume como un mal menor los retrocesos democráticos que traen consigo las políticas del “dictador más cool del mundo”, como él mismo se ha descrito con ironía, mientras continúen los buenos resultados de su estrategia de seguridad.
VICTORIA QUE AMENAZA SUBSISTENCIA DE PARTIDOS
Si los pronósticos de todas las encuestas electorales se cumplen y el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele arrasa en las elecciones presidenciales y legislativas del domingo en El Salvador, algunos partidos podrían perder fuerza o hasta desaparecer.
Los actos de corrupción atribuidos a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y al izquierdista Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN) —que durante tres décadas dominaron el escenario político del país— los llevaron a un acelerado declive.
Mientras partidos políticos emergentes como Nuestro Tiempo y VAMOS y otras fuerzas tradicionales ahora aliadas al Gobierno como la Gran Alianza Para la Unidad Nacional (GANA) —que llevó al poder a Bukele— tienen más posibilidades de desaparecer.
La ley de partidos políticos salvadoreña establece que se cancelará la inscripción de un partido político cuando no obtenga 50 mil votos válidos emitidos a su favor en elecciones legislativas y si no tiene al menos un diputado en la Asamblea Legislativa.
El domingo 5.4 millones de salvadoreños, aptos para ejercer el sufragio, elegirán Presidente y Vicepresidente así como 60 diputados de la Asamblea.
Según la más reciente encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas, Nuevas Ideas aparece con 81.9 por ciento de intención de voto, el FMLN con 4.2 por ciento, Arena 3.4 por ciento, Nuestro Tiempo 2.5 por ciento, Fuerza Solidaria 1.1 por ciento y Frente Patriótico Salvadoreño uno por ciento.
El estudio otorga al menos 57 de los 60 diputados del Congreso a Nuevas Ideas, cifra que podría subir con los votos de los salvadoreños en el exterior.
En DOS DÍAS, los salvadoreños volveremos a hacer historia por nuestro país. 🇸🇻
Este #4F defenderemos lo que tanto nos ha costado. 👊🏻 pic.twitter.com/Y42MSaTiMs
— Nuevas Ideas (@nuevasideas) February 2, 2024
“La foto de esta encuesta dice que nos acercamos hacia un régimen o de partido único o de partido hegemónico. El partido hegemónico es un partido predominante que tiene otros partidos pequeños que son de ornato para aparentar pluralidad”, sostuvo Omar Serrano, vicerrector de Protección Social de la UCA.
El profesor de Ciencias Políticas de esa universidad, Álvaro Artiga, cree que el resultado ya está definido y que la votación del domingo “es sólo un trámite”.
Al analizar las posibilidades que tiene la oposición en la contienda electoral, Artiga afirmó que “ahora lo que hay es un predominio total de un solo partido”, Nuevas Ideas, pero advirtió que con otros cinco años en el poder Bukele “va a consolidar una dinámica de partido hegemónico”
Oscar Picardo, que dirige el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), señaló que Arena y el FMLN “no han resulto sus problemas del pasado” y que el Gobierno ha aprovechado todo su aparato de comunicación y propaganda para remarcar las acusaciones de corrupción en su contra.
Desde 2019 cuando ganó las elecciones presidenciales, Bukele —un experto en comunicación que ha sabido explotar su imagen en las redes sociales— ha machacado sobre la corrupción de esos dos partidos.
Dos expresidentes de Arena —Francisco Flores (1999-2004) y Tony Saca (2004-2009)— fueron procesados en los tribunales por lavado de dinero y peculado, entre otros cargos.
El primer presidente de Arena, Alfredo Cristiani (1989-1994), ahora prófugo de la justicia, está siendo procesado por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras perpetrado por un comando del ejército en 1989.
El expresidente Mauricio Funes (2009-2014) del FMLN enfrenta en ausencia siete procesos penales, mientras que su sucesor, también del FMLN, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) está siendo procesado por lavado de dinero y peculado en un caso que investiga el destino de 183 millones de dólares de gastos reservados de la Casa Presidencial.
Estos dos exmandatarios se refugiaron en Nicaragua donde el Presidente Daniel Ortega les otorgó la nacionalidad, lo que impide que sean extraditados.
— Con información de Marcos Alemán de AP
