La decisión de un Juez de dar prisión domiciliaria al autor intelectual de una agresión con ácido a una mujer, dejó en evidencia la violencia institucional que el Estado ejerce sobre las sobrevivientes a este tipo de agresiones.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Son al menos 33 casos de los que se tiene registro de mujeres que han sido agredidas con ácido en México. En la mayoría de los casos, la búsqueda de justicia ha tardado años y ha sido una tarea de las víctimas mismas: con heridas abiertas luego de operaciones o luego de ser inducidas al coma, deben acudir a las Fiscalías locales para pedir que las autoridades detengan a quien las agredió por temor a que busquen cumplir con el objetivo no logrado: asesinarlas.
Las cifras de la Fundación Carmen Sánchez detallan que en el país, desde el año 1988, 33 mujeres han sido víctimas de este tipo de ataques con ácido, sin embargo, esa cifra no contempla a las mujeres que han sufrido agresiones con otro tipo de sustancias químicas.
La decisión del Juez Teódulo Pacheco que determinó el pasado 21 de enero que el autor intelectual de la agresión con ácido a la saxofonista María Elena Ríos podía continuar el proceso penal en su hogar, despertó no sólo el enojo de la activista y de otras sobrevivientes, sino que destapó el tortuoso camino para obtener justicia.
Actualmente, sólo siete entidades tienen tipificado el delito de la agresión ácida. Esa situación ha provocado que las que sobreviven tengan que convencer sobre los daños físicos y psicológicos que sufrieron, ya que las autoridades lo que observan en esos casos, aseguran, es que están vivas, aunque la agresión les haya cambiado la vida por completo.
“El 20 de febrero del 2023 se cumplen nueve años de mi agresión, se cumplen nueve años en los que yo he llevado una lucha constante, una lucha de revictimización y que en esta lucha no sólo me he enfrentado a la violencia machista de este criminal que intentó asesinarme con ácido sino a toda esta indiferencia institucional y a esta impunidad del Estado, a la revictimización social, a la discriminación laboral y que hasta el día de hoy no he logrado arrancarle un pedazo de justicia al Estado mexicano”, contó la activista y sobreviviente de violencia ácida, Carmen Sánchez.
“Se han dedicado a mirar esta parte de que ‘están con vida’, pero a mí de nada me sirve que este criminal me dejara con vida porque yo no tengo una vida digna. Porque a mí desde el momento en el que él me quemó me empezó a torturar; los ataques con ácido son una tortura de por vida porque hoy puedo estar bien pero mañana no, entonces este hombre a mí me ha torturado por todos lados”, agregó.
El caso de la activista proveniente del Estado de México es uno de los que mayor relevancia ha tenido en el país. Ella no ha parado en la difusión y en la protesta contra las autoridades que en una primera instancia consideraron que sus lesiones no requerían hospitalización, pese a que luego de que Efrén “N” le arrojara ácido en el rostro y cuerpo pasó ocho meses hospitalizada y a la fecha lleva 64 cirugías.
“Las mujeres que han sobrevivido a un ataque con ácido en México tienen que enfrentarse a una serie de obstáculos y barreras institucionales en la procuración del acceso a la justicia. La primera barrera es el servicio de salud pública que no las atiende de manera gratuita e integral, proporcional a los daños causados. Todas ellas han tenido que enfrentarse con un sistema médico que discrimina las lesiones, en el caso de Carmen y de muchas otras se asentaron en los expedientes que eran lesiones que en ese momento no ponían en peligro la vida, a pesar de que el tipo de sustancias empleadas para intentar asesinar a una mujer son sumamente peligrosas y letales”, comentó también en entrevista Ximena Canseco, coordinadora de la fundación que agrupa a diversas sobrevivientes.
LA BATALLA CON HERIDAS ABIERTAS
Cuando una mujer es atacada con ácido requiere de múltiples atenciones. Tienen que someterse a procedimientos que tienen un costo de entre los 100 mil hasta los 600 mil pesos. Cada uno es doloroso y son de alto riesgo al ser invasivos con la piel y otros órganos internos. La Fundación Carmen Sánchez tiene registro de una víctima que ha requerido hasta 260 cirugías.
El día a día también cambia por completo para ellas. Tienen que ir a consultas médicas, terapias físicas de rehabilitación para liberar tejidos, para adelgazar las cicatrices, mejorar la movilidad de algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, el cuello que es una parte, además de la cara, que termina siendo muy afectado e impide la movilidad.
Además hay agravamiento de padecimientos previos, dolores intensos de espalda, migrañas debido al estado físico y psicoemocional en el que se encuentran, ya que algunas han intentado quitarse la vida luego de las agresiones.
Aún así, en el caso de Carmen quedó asentado que sus heridas no eran graves:
“Pasó todo el tiempo que yo estuve dentro del hospital y todavía más. Fui a preguntar sobre mi carpeta y me di cuenta que el médico legista sólo había asentado que tenía lesiones que no tardaban en sanar más de 30 días, que no necesitaba hospitalización y que no ponían en riesgo mi vida cuando estuve ocho meses hospitalizada y mi vida estuvo en peligro siempre; me mantenían sedada por los dolores, dentro del hospital intenté quitarme la vida porque esta agresión nos deja un estrés postraumático que claro que nos puede llevar a quitarnos la vida”.
Está la batalla por sanar, la batalla por justicia y también la batalla por tener una vida digna, cuestión que también ha significado un problema.
De acuerdo con Canseco, las que han logrado sobrevivir tienen que enfrentarse a una serie de obstáculos dentro de la sociedad que les ha impedido reincorporarse a la vida con discriminación laboral y educativa.
“La precarización económica en la que se encontraba la mayoría de ellas y el rezago también social, cultural y educativo, se profundiza después del ataque con ácido. Casi todas han perdido sus empleos y sus fuentes de ingresos en el momento del ataque para dedicarlos enteramente a su recuperación”, comentó.
PRESENTAN LEY MALENA
El pasado martes se presentó en el Congreso de la Ciudad de México la Ley Malena, que busca imponer una pena de entre ocho a 12 años de cárcel en el Código Penal del Distrito Federal, con lo que se alcanzaría hasta 30 años mediante diversos agravantes.
También busca considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio cuando las lesiones “provoquen deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo u ocasione la pérdida del oído o la vista, lo cual brindará herramientas jurídicas indispensables a las víctimas de este delito”.
Conjuntamente, el Ministerio Público tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño. Por su parte, las instituciones de salud deberán llevar a cabo un registro de las víctimas, mismo que actualmente no existe en el país.
