El impacto de las órdenes ejecutivas que emitió Trump en su primera semana de gobierno no se hicieron evidentes hasta después de un mes, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) detalló sus prioridades de seguridad. Sus decretos sentaron las bases para muchos de los cientos de edictos de inmigración subsecuentes emitidos durante su gobierno.
WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden firmó el martes una segunda serie de órdenes ejecutivas para revertir las políticas migratorias de su predecesor, poniendo de relieve tanto los poderes de la Casa Blanca como sus limitaciones sin el respaldo del Congreso.
Los decretos del martes, relativos a la separación de familias, seguridad fronteriza y migración legal, elevan a nueve el número de acciones ejecutivas de Biden en materia migratoria en sus primeras dos semanas en la presidencia. Con una propuesta de ley para otorgarles estatus legal y una vía a la naturalización a cerca de 11 millones de personas, Biden se ha centrado rápidamente en muchos de los cambios radicales que implementó el presidente Donald Trump para desalentar la inmigración, tanto legal como ilegal, y estableció un proyecto que posiblemente permanezca mucho después de que haya dejado el cargo, siempre que obtenga apoyo suficiente en un Congreso sumamente dividido.
La más reciente serie de órdenes no cuentan con grandes cambios inmediatos, aunque la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki dijo que el mandatario podrá dar más detalles más adelante y que los cambios tomarán tiempo.
“No estoy creando nuevas leyes. Estoy eliminando las malas políticas”, dijo Biden durante la ceremonia de firma de las órdenes, en la que no respondió a preguntas de la prensa.
Alejandro Mayorkas, cuya nominación como secretario de Seguridad Nacional fue confirmada en el Senado el martes, encabezará a un equipo que abordará la separación de familias migrantes, enfocado en gran parte en reunir a padres y menores que siguen separados. No está claro cuántos, pero en documentos oficiales se ha identificado a casi 5.500 menores que fueron separados de sus padres en la frontera durante la presidencia de Trump, incluidos unos 600 que no han sido localizados por una comisión designada por un tribunal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que entabló una demanda para reunir a las familias, ha solicitado al gobierno estatus legal en Estados Unidos para las familias migrantes que han sido separadas, así como compensación económica para éstas y que el gobierno cubra todos los gastos legales. El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que se sentiría “extremadamente frustrado” si el equipo asignado se limita únicamente a encontrar a los padres de los cerca de 600 niños que siguen separados.
La revisión de la seguridad fronteriza incluirá una medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue la fecha para sus audiencias en cortes migratorias de Estados Unidos. Es un paso hacia el cumplimiento de una promesa de campaña de poner fin a la política Permanecer en México, conocida oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante, que registró a casi 70.000 solicitantes de asilo desde que entró en vigor en enero de 2019.
La Casa Blanca señaló que también realizará una “revisión integral de las regulaciones, políticas y lineamientos recientes que han colocado obstáculos a nuestro sistema de migración legal”. Incluirá una revisión a la “regla de carga pública” de Trump, que dificulta obtener las tarjetas de residencia a aquellas personas que reciban subsidios gubernamentales.
Esther Olavarria, subdirectora del Consejo de Políticas Internas de la Casa Blanca en materia migratoria, fue un paso más allá durante una reunión de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos el mes pasado, señalando que una orden ejecutiva cuyo objetivo sea “restaurar la cordura en la frontera entre Estados Unidos y México” pondría fin a la medida de “Esperar en México” y a los acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras para que Estados Unidos rechace a los solicitantes de asilo y los envíe a esos países centroamericanos con la oportunidad de solicitar protección en dichas naciones. Los acuerdos de asilo no se mencionaron de manera específica en el comunicado que emitió la Casa Blanca sobre los decretos.
Olavarria también informó a los alcaldes sobre planes para rescindir las prohibiciones a las personas que ingresan al país y que son consideradas amenazas económicas, una aparente referencia a las proclamas de Trump para bloquear muchas visas de trabajo temporal y green cards mientras la economía se recupera de una pandemia. La propuesta no se incluyó en el anuncio del martes.
El impacto de las órdenes ejecutivas que emitió Trump en su primera semana de gobierno no se hicieron evidentes hasta después de un mes, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) detalló sus prioridades de seguridad. Sus decretos sentaron las bases para muchos de los cientos de edictos de inmigración subsecuentes emitidos durante su gobierno.
Muchos de los cambios tendrán que venir de agencias como el DHS, y no de la Casa Blanca, como revocar la regla de carga pública, dijo Greg Chen, director de relaciones gubernamentales para la American Immigration Lawyers Association.
Los asesores de Biden han advertido que podría tomar meses revertir las políticas fronterizas de Trump que complican el obtener asilo, lo que ha provocado quejas entre algunos activistas migratorios.
Roberta Jacobson, asesora de Biden en materia fronteriza, pidió el viernes a la prensa de habla hispana que desalentaran a sus audiencias de presentarse en la frontera de Estados Unidos. “Ahora no es el momento”, dijo en español, y añadió que el viaje “es especialmente peligroso ahora en medio de una pandemia. La administración del presidente Biden está comprometida a un procedimiento de frontera justa, ordenada y humana, pero va a tomar tiempo para ocurrir”.
Psaki reforzó ese mensaje desde el estrado de la Casa Blanca el martes, al señalar que “sigue siendo un viaje peligroso”, y “este no es el momento para venir a Estados Unidos”.
Las órdenes demuestran que, tal como Trump reformó las políticas migratorias desde la Casa Blanca, Biden puede revertirlas de un plumazo, algunas de ellas de manera más sencilla que otras. Cambios a largo plazo tendrían que ser aprobados por el Congreso, un enorme desafío que ni Trump ni sus predecesores Barack Obama y George W. Bush pudieron conseguir.
De manera similar a los fracasos legislativos de 2007 y 2013, se han formado divisiones con una marcada retórica. Stephen Miller, principal arquitecto de las políticas de Trump, dijo el domingo en Fox News Channel que las acciones de Biden representan el “fin de la seguridad migratoria en los Estados Unidos de América”.
Grupos en favor de la inmigración aplaudieron en buena medida las acciones más recientes de Biden, aunque de manera más discreta en comparación con los decretos que emitió el presidente en su primer día de gobierno.
“Los pasos positivos que está dando este gobierno deben ser el principio y no el final”, dijo Ali Noorani, presidente del National Immigration Forum. “El Congreso debe seguir estos pasos y encontrar soluciones permanentes para mejorar nuestro sistema de inmigración”.
Kelli Garcia, asesora de políticas federales para el Southern Poverty Law Center Action Fund, dijo que las órdenes más recientes son alentadoras, pero “no beneficiarán de inmediato a las comunidades migrantes que requieren urgentemente de acciones concretas”.
