Hasta ayer, el calendario del proceso de liberalización de los precios de las gasolinas seguía intacto. Este 4 de febrero se preveía un segundo aumento, sin embargo, será hasta el próximo 11 de febrero que se comience su aplicación; a partir del 18 de febrero también se tiene previsto un aumento diario, aunque siempre con la posibilidad de que el precio pueda disminuir. Algunos actores políticos desde los primeros días de enero han defendido y respaldado la decisión federal de aumentar hasta 20 por ciento el precio de los combustibles. Pese a la cancelación de este primer aumento de febrero, el daño ya está hecho desde el 1 de enero de 2017, y lo que decidan las autoridades en los siguientes días, dicen analistas, obedecería meramente a una cuestión política.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).-El año 2017 inició con la marca del primer gasolinazo, que fue de hasta 20 por ciento, derivado de una política implementada y defendida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Presidencia de la República.
Todo enero fue de protestas en contra de la política que rompió con los pronósticos de inflación y que de manera inmediata provocó problemas en el bolsillo de los mexicanos. El saldo reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es que con el gasolinazo, el salario mínimo perdió 3 por ciento de su poder adquisitivo y generó alzas de precios de hasta 10 por ciento de los alimentos, bienes y servicios.
Y eso es hasta el momento. De acuerdo con la modificación del calendario de liberalización, el próximo gasolinazo se aplicará el próximo 11 de febrero y luego, a partir del 18, los cambios en el precio cambiarán diariamente.
Sin embargo, esta fecha llegó con varios días de protestas ciudadanas, de cierre de carreteras, toma de transporte público, de saqueo a tiendas departamentales y de constantes y severas críticas en contra de la medida de parte de la clase empresarial.
Autoridades federales y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señalaron en diferentes espacios que existían las condiciones para que el primer gasolinazo, previsto para este 4 de febrero, se cancelara. Hoy, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la decisión de Hacienda de postergarlo una semana.
Previo a esta decisión, Adrián García, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo a SinEmbargo que cancelar el el proceso de liberalización por completo, como se ha exigido en las protestas, sería complicado, además de que el daño ya está hecho y fue ocasionado por el primer incremento que fue de 20 por ciento, por lo que otro de 5 por ciento, no sería ya tan severo.
Por tal razón, agregó, la decisión de cancelar o aplazar el aumento de este 4 de febrero, parecería más política que técnica.
“Como el gobierno ha tenido una buena racha, por así decirlo, en el contexto internacional y un pequeño repunte en la imagen, quizá para continuar con eso podrían decidir no ir con este nuevo gasolinazo que causaría de nueva cuenta mucho descontento, además de que el aumento, siguiendo la fórmula aplicada no sería tan grande como se había anticipado […] El aumento sería muy pequeño y quizá van a querer guardárselo para continuar con esta buena racha de imagen”, comentó.
El día de ayer, la calificadora Moody’s advirtió que el aumento a los precios de los combustibles impactará tanto a los empresarios como a los consumidores mexicanos, ya que se elevarán los costos de los productos y servicios y eso impactará en la inflación.
“El incremento es negativo para compañías que dependen del gasto doméstico, ya que precios más altos elevarán la inflación, lo que pesaría sobre el consumo privado”, explicó la calificadora en un documento.
EL COSTO DE UNA DECISIÓN POLÍTICA
Como la “obligación de los priistas es cuidar la economía familiar”, Enrique Ochoa Reza hizo un llamado al Gobierno federal para que detenga el gasolinazo, según lo dijo en la reunión plenaria de diputados priistas, el pasado 30 de enero.
Dijo que el PRI era un partido con amplia vocación de justicia social.
El llamado lo hizo en nombre del priismo nacional, para que no se aumente de nueva cuenta el precio de los combustibles.
Pero desde los primeros días de enero, legisladores y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerraron filas para apoyar la medida decretada por Hacienda y Presidencia.
“Apelo a que la sociedad escuche las razones del porqué de esta decisión, que de no haberse tomado, debo decir, serían más dolorosos los efectos y las consecuencias”, dijo Peña Nieto y agregó: “Comprendo la molestia y el enojo de la población de distintos sectores. Sin duda esta medida es una acción que nadie hubiera querido que se tomara, no es fácil para el gobierno tomar esta medida. No es el deseo del presidente ni del gobierno”.
Ochoa Reza dijo también aquellos primeros días de enero, que la decisión del gobierno federal era responsable porque permitiría preservar los programas sociales y descartó que la medida pudiera tener consecuencias electorales, justo en el año en que el PRI peleará por dos de sus bastiones: Coahuila y Estado de México.
Al respecto, Adriana Berrocal González, Presidenta Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), criticó la indecisión federal sobre el gasolinazo, ya que el que la coyuntura actual determine las decisiones económicas enviará malas señales al mercado.
“Eso parecería luego de haber dado argumentos tan contundentes de la conveniencia de liberar el precio de las gasolinas. Estábamos convencidos de los argumentos aunque la medida fuera dolorosa […] si ya se había tomado la decisión, lo más conveniente es apegarse a ella, también por la imagen que se está dando a los mercado, porque apenas a un mes de tomada la decisión, estamos regresando al tema; a hacer ajustes discrecionales y eso puede ser interpretado como una decisión política y no técnica”, comentó.
En caso de que las autoridades determinen que se pospondrá, Berrocal González señaló que entonces tendrían que explicar qué opciones se tomarán y por qué no se tomaron antes.
“Nos dieron muchos argumentos y sostuvieron que era una medida que se tenía que tomar, que no había opciones, pero ahora resulta que siempre sí. No sabemos si se encontraron alternativas que no habían sido analizadas o se van a dar algunas de las acciones que antes se querían evitar, como el cierre de secretarías de Estado, que se incrementará la deuda, se cobrarán más impuestos”, agregó.
El día de miércoles, más de mil científicos, académicos y estudiantes-investigadores de posgrado enviaron una carta a la Cámara de Diputados de México para alertar del enorme coste social de la subida de los precios de las gasolinas, que impactan en la inflación y castigan a las clases bajas.
Pero por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el mismo día que las tarifas eléctricas para el sector industrial aumentarán entre 6.4 y 8.4 por ciento en febrero debido al alza de los combustibles para generar energía eléctrica registrados en enero de 2017 en comparación con enero de 2016.
“Si las medidas se acompañan de una evidente y contundente responsabilidad de las autoridades, en fortalecer los fundamentos económicos del país, en generar confianza a los inversionistas, en ya no apretarse el cinturón sino hacer una dieta rigurosa, y el tan esperado combate a la corrupción, con todo la sociedad estaría respaldando, sino con gusto las decisiones, con convicción de que se tendrán aspectos positivos […] Es entendible que la presión que se ha generado crea la tentación de dar reversa a una medida poco popular, sin embargo, ya hemos visto en otras épocas, los desequilibrios que se generan al posponer decisiones económicas por razones políticas”, agregó Berrocal González.
