El primer mes de este nuevo año significó para los guerrerenses otros 31 días de pesadilla: 147 personas asesinadas, algunas menores de edad, incluidas matanzas colectivas que han indignado no sólo a los ciudadanos locales sino a todo el país.

Apenas el 10 de diciembre pasado, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), visitó Acapulco y se comprometió ante empresarios y líderes de la entidad a desplegar de forma más rápida y efectiva a las fuerzas federales para contener el crimen, como parte del Operativo Guerrero Seguro.

En abril de 2011, cuando arrancó dicho plan todavía en el Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el estado se ubicaba en el tercer sitio entre los de mayor incidencia de asesinatos. Desde 2012, Guerrero dio el salto al primer lugar y desde entonces no ha podido dejar ese deshonroso sitio.

A los miles de millones de pesos destinados desde entonces para reactivar la mermada economía de ese estado, uno de los más pobres y marginados del país, este año se suma una inversión federal de 11 mil millones de pesos para el desarrollo de obra pública, agua potable, escuelas, carreteras, etcétera.

Además, en las calles de sus principales ciudades e incluso en las de algunos de sus pueblos con mayores conflictos el Gobierno federal ha desplegado miles de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal (PF), de la Gendarmería, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Pero todo esto, de acuerdo con empresarios, académicos, grupos civiles y pobladores, no ha servido de nada y el resultado está a la vista: enero pasado fue el mes más violento que ha padecido la entidad en los últimos tres años, y los que vienen no prometen ser menos sangrientos.

Entonces, ¿qué es lo que pasa en Guerrero?, ¿por qué ni el dinero ni las fuerzas del Estado han podido hacerle mella a la violencia?

Para los líderes de opinión de la entidad la respuesta está en la corrupción de los gobiernos en los niveles estatal y municipal, y también en la red de complicidades que los grupos criminales y caciques han establecido con las autoridades a todos niveles.

No sirve entonces enviar a miles de tropas y destinar miles de millones de pesos a mejorar la infraestructura si no hay un control real de qué están haciendo esas fuerzas federales y a dónde, cuánto y a quiénes se están destinando las inversiones.

El fracaso del operativo en Guerrero, dicen los propios guerrerenses ahora abatidos también por una crisis económica que los está expulsando de la entidad, debe reconocerse ya, y dar un giro en sus objetivos para reencauzar esfuerzos.

Empresarios, académicos y ONGs, como punta de lanza, insisten en que es la impunidad la que ha permitido que Guerrero se salga hoy del control de las autoridades, y los discursos triunfalistas a estas alturas de la tragedia ya no los cree nadie en la entidad, vengan de Osorio Chong o de su Gobernador, el también priista Héctor Astudillo Flores.

Guerrero está sumido en una ola de violencia que sólo en los primeros 31 días de 2016 dejó 147 personas asesinadas, sin contar las decenas de secuestros, extorsiones y balaceras registradas en ese mismo periodo, y la ciudadanía reclama respuestas. Pero para que éstas lleguen, lo primero es que el Gobierno federal acepte que no pudo, que no su plan falló y que, a partir de reconocer la derrota, inicie otra campaña –esta vez con planes realistas y operadores eficientes– contra los líderes del crimen organizado, sean quienes sean; es decir, no importando que las cabezas criminales se ubiquen entre las propias autoridades, los caciques locales o los principales grupos que controlan el tráfico de drogas.

Si ese reconocimiento no llega pronto, seguiremos hablando del fracaso del Estado pero, más grave aún, de miles de guerrerenses muertos, mientras personajes siniestros, algunos con cargo de funcionarios públicos, mantienen poder, privilegios y, por supuesto, dinero… mucho dinero.

¡Buena semana, y nos vemos el próximo martes!

Rita Varela Mayorga

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Periodista especializada en economía y finanzas. Fundadora y Directora de Información de SinEmbargo.mx, fue también Directora de la revista Energía Hoy, Ruta de Negocios, Directora Editorial de El Economista y Editora en el diario Reforma. Es consultora editorial y ha participado en procesos de reingeniería de una decena de medios de comunicación nacionales. Además es coautora de los libros Los Suspirantes (Editorial Planeta, 2005); Los Amos de México (Editorial Planeta, 2007); Los Suspirantes 2012: Los precandidatos de carne y hueso (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2012), y Los Suspirantes 2018: La carrera por la Presidencia de México (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2018).

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