Eric Farnsworth, vicepresidente de la organización empresarial Council of the Americas and Americas Society, dijo que los líderes sudamericanos han quedado en un escenario en el que deben presentar resultados a sus gobernados.
“Ese es su mandato en este momento o seguirán enfrentando protestas callejeras”, indicó. “Tienen que proporcionar mejores escuelas, mejor atención médica, calles más seguras. Porque serán castigados en las urnas si no lo hacen”.
Por Luis Alonso Lugo
WASHINGTON (AP).— La conflictividad se perfila como un elemento que probablemente defina al debate político sudamericano durante 2020 incluso si los gobernantes aprovecharan la coyuntura creada por las intensas protestas callejeras de 2019 para emprender las reformas estructurales necesarias para revitalizar la economía regional.
Expertos consultados por The Associated Press coinciden en describir las protestas desatadas el último trimestre en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia como una “temporada de descontento” desencadenada por una brusca ralentización del crecimiento económico regional que inició en 2010 y cayó en territorio negativo en 2016.
La voraz demanda de materias primas que necesitaba China para expandir su economía permitió a la región expandir su clase media durante la primera década de este siglo. Sin embargo, los precios de éstas –principal producto de exportación en América Latina— han descendido a medida que el auge chino ha ido perdiendo vigor, así que el continente probablemente terminará 2019 nuevamente en rojo tras una leve recuperación el año pasado.
En cada país las protestas tuvieron catalizadores propios.
Gobernantes conservadores en Chile y Ecuador lograron mantenerse en el poder pese a las protestas por aumento de los combustibles o la tarifa del metro. Sin embargo, el socialista Evo Morales renunció y abandonó Bolivia cuando la gente salió a las calles a denunciar un fraude electoral que le habría permitido seguir como presidente tras 14 años en el poder.
En paralelo, la vía electoral permitió un giro a la izquierda en Argentina y otro a la derecha en Uruguay.
La directora del programa latinoamericano del Wilson Center, Cynthia Arnson, considera que el análisis no debe plantearse en torno a qué bando ideológico perdió o ganó durante 2019.
Lo que sí dejaron claro las protestas de los últimos meses fue no solamente el descontento de esa clase media por la pérdida de poder adquisitivo, sino también su alto nivel de exigencia en cuanto a gobernabilidad y servicios públicos de calidad.
“Las fracturas sociales son muy profundas. Los movimientos de protestas tienen una variedad de demandas que no pueden ser satisfechas en su totalidad, y la política se mantendrá muy volátil”, dijo Arnson.
Geoff Thale, presidente interino del centro de estudios Washington Office on Latin America (WOLA), prevé más protestas el año próximo porque considera que los líderes de la región no han mostrado la creatividad necesaria.
“Cuando China estaba comprando materias primas sin parar y Venezuela estaba boyante y subsidiaba a sus vecinos, puedes posponer esos asuntos”, dijo Thale. “Ellos no los resolvieron, los pospusieron”.
Thale agregó que la tendencia se ve exacerbada por la ausencia de un involucramiento constructivo de la comunidad internacional, y específicamente de Estados Unidos, cuya contribución gubernamental al desarrollo en el hemisferio occidental ha quedado rezagado ante China.
Sin embargo, Estados Unidos es el principal emisor de los 237 mil millones de dólares que América Latina captó por inversión extranjera directa en 2017.
Eric Farnsworth, vicepresidente de la organización empresarial Council of the Americas and Americas Society, dijo que los líderes sudamericanos han quedado en un escenario en el que deben presentar resultados a sus gobernados.
“Ese es su mandato en este momento o seguirán enfrentando protestas callejeras”, indicó. “Tienen que proporcionar mejores escuelas, mejor atención médica, calles más seguras. Porque serán castigados en las urnas si no lo hacen”.
El caso más sorprendente fue Chile, que había logrado forjarse la imagen de una democracia estable que permitía una distribución equitativa de la creciente riqueza acumulada tras dos décadas de crecimiento económico.
El Presidente centroderechista Sebastián Piñera ha ofrecido pequeñas mejoras a las pensiones de los mayores de 80 años y los ingresos mínimos, ha establecido el congelamiento de los precios de la electricidad y ha prometido rebajas en los medicamentos. Sin embargo, no ha logrado atenuar las protestas desatadas el 18 de octubre y que han dejado 26 decesos y miles de heridos, incluyendo más de 300 con graves traumas oculares.
Humberto López, vicepresidente en funciones y director de Estrategia y Operaciones del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, admite que la urgencia con que los manifestantes presentan sus demandas se enfrenta a la lentitud con la que avanzan los esfuerzos a largo plazo, como mejorar el clima de negocios o iniciar reformas educativas.
A pesar de ello, López percibe la coyuntura como una oportunidad para que los gobiernos de la región asuman reformas estructurales que le permitan diversificarse para reducir la dependencia a las materias primas y aumentar la tasa de inversión regional, actualmente en torno al 19 por ciento del producto interno bruto, para acercarla a la inversión promedio del 30 por ciento del PIB en los países de ingreso medio.
“2020 tiene que ser el año donde los gobiernos se sienten a dar respuestas. Un momento de reflexión nacional. Que tengamos políticas de Estado y no de partido”, señaló.
López subrayó que la región ofrece ejemplos exitosos como el de Jamaica, donde no han ocurrido protestas mientras el Gobierno recortó deuda durante el último lustro desde un 150 por ciento de su PIB a menos de 100 por ciento, privilegiando gasto social e incentivos a la inversión privada.
