La crisis que atraviesa el estado de Baja California –gobernado por el panista Francisco Vega de la Madrid– y el deterioro observado en el balance primario en los últimos años provocó que bajara su calificación crediticia a HR BBB+, esto significa que la entidad ofrece moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene moderado riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante cambios económicos adversos, informó Hla calificadora R Ratings a través de un reporte.
Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– HR Ratings revisó a la baja la calificación para el estado de Baja California, debido al deterioro observado en el balance primario que mantiene una tendencia deficitaria en los últimos años.
La calificación que determina HR Ratings para la entidad gobernada por el panista Francisco Vega de Lamadrid, conocido como “Kiko Vega, es de HR BBB+. Esto significa que el estado ofrece moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene moderado riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante cambios económicos adversos.
El signo “+” otorga una posición de fortaleza relativa dentro del mismo rango de calificación.
En los últimos meses de 2018 se registró la falta de pago por parte del Gobierno estatal hacia algunas dependencias como el Instituto de Pensiones del Estado (ISSSTECALI), el Tribunal Estatal de Justicia Alertenativa, así como a personal de los institutos del Deporte y la Cultura Física, De la Juventud, De la Mujer y De Transparencia, según reportó el semanario Zeta.
Una situación que no había sucedido en los gobiernos panistas de Baja California y que derivó en la calificación asignada por HR Ratings.
De acuerdo con el reporte de la calificadora, la tendencia deficitaria en los últimos años se ha visto reflejado en el continuo uso de financiamiento a corto plazo por parte de la entidad, así como en el crecimiento de las Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC).
Al cierre de 2017, el Balance Primario reportó un déficit equivalente a 3.2 por ciento de los ingresos totales, esto a pesar del crecimiento que se observó en los Ingresos de Libre Disposición (ILD) del estado de 14.4 por ciento para 2017.
No obstante, explicó la calificadora, el crecimiento del Gasto Corriente provocó que el estado reportara un déficit por 3.2 por cinto de los ingresos totales.
HR Ratings estima que la falta de liquidez que presenta la entidad se vea reflejada en que las Obligaciones Financieras sin Costo continúen incrementándose, así como en que continúe el uso de financiamiento a corto plazo, lo cual ha impactado el Servicio de la Deuda a los Ingresos de Libre Disposición del estado en los últimos ejercicios.
LA DEUDA
La deuda directa de Baja California ajustada a diciembre de 2017 fue de 12 mil 458.1 millones de pesos, mientras que septiembre de 2018 se incrementó a 12 mil 595.0 millones de pesos.
Lo anterior, debido a la adquisición de financiamiento adicional a largo plazo por 800 millones de pesos durante 2018, a través de dos financiamientos: Bancomer 370 millones de pesos y Banorte, 430 millones de pesos.
Con estos datos, la deuda directa ajustada a septiembre de 2018 estuvo compuesta por 10 mil 531.6 millones de pesos de deuda estructurada a largo plazo y 2 mil 063.4 millones de pesos de financiamiento a corto plazo.
Asimismo, la deuda a corto plazo representó en promedio 22.5 por ciento de la deuda directa ajustada del estado en 2016 y 2017, y se vio reflejado de manera importante en el nivel del servicio de la deuda del estado, el cual representó 19.2 por ciento de los ingresos de libre disposición en 2017.
HR Ratings explicó que de acuerdo con la última valuación actuarial al Instituto de Pensiones del Estado (ISSSTECALI), al cierre de 2017 el personal de magisterio no cuenta con periodo de suficiencia. Debido al convenio de pago realizado por el estado con el ISSTECALI, las Obligaciones Financieras sin Costo de la entidad pasaron de 5 mil 979.2 millones de pesos en 2016 a 7 mil 734.7 millones de pesos para 2017.
LA CRISIS EN LA ENTIDAD
La última catorcena de octubre y la primera de noviembre de 2018, el Gobierno de “Kiko” Vega dejó de enviar los recursos para la administración y operación de seis dependencias y un poder del Estado: Cobach. Cecyte, Instituto estatal Electoral, Instituto de Transparencia, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Alternativa al Poder Judicial.
Desde pagos por 300 mil pesos hasta por 20 millones de pesos, se dejaron de suministrar con el argumento, por parte de la Secretaría de Finanzas hacia los titulares de las dependencias, que no había dinero porque se utilizó para el pago a maestros –que van a un nuevo paro por las mismas razones-, y porque los recursos extraordinarios por parte del Gobierno federal no habían llegado a las arcas estatales.
Lo cual indica que los recursos ordinarios, etiquetados por el Congreso del Estado para ser ejercidos por el Gobierno estatal y entregados a las dependencias y poderes, fueron desviados de su propósito original para el pago de otros servicios o productos.
La falta de pago, que no había sucedido en los gobiernos panistas de Baja California y mucho menos en la cantidad económica y de instituciones que se deja de recursos, hizo crisis la última semana de noviembre, cuando en las instancias no tuvieron dinero suficiente para pagar los sueldos de los trabajadores.
Para apoyar a la administración de “Kiko” Vega –que oficialmente termina el 31 de octubre de este año–, el Gobierno federal destinó mil 300 millones de pesos de recurso extraordinario en 2018, con lo que se pudo pagar aguinaldos de magisterio estatal activo, prima vacacional y algunas prestaciones pendientes, incluyendo el bono de 22 por ciento para maestros federales y el pago del mes de noviembre y aguinaldo a maestros jubilados estatales, informó el lunes el Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz.
El recurso total se dispersaría en los próximos días, por lo que pidió a los docentes dar por terminadas las protestas y toma de instalaciones del Gobierno estatal.
Según Hernández, también se les depositarían los pagos correspondientes al Poder Judicial para la catorcena y aguinaldo; los Órganos de Fiscalización Superior del Estado también recibieron sus pagos, así como personal de los institutos del Deporte y la Cultura Física, De la Juventud, De la Mujer y De Transparencia.
Sin embargo, la ayuda de los mil 300 millones de pesos por parte del Gobierno federal no fue suficiente para cubrir los adeudos del gobierno estatal, según consignó el semanario Zeta.
