ANUARIO 2016 | La violencia se ha trasladado a entidades antes seguras. El 2016 termina con nuevos focos de violencia y el Gobierno federal ha sido participe de la nueva distribución de la inseguridad, han apuntado organizaciones civiles que monitorean la incidencia delictiva. A 10 años de la guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado se ha diversificado después del descabezamiento de grupos criminales y 37 células delictivas operan en el país. ¿Qué nuevas entidades han resultado más afectadas por la relocalización de grupos criminales?
Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El año más violento del sexenio termina con nuevos focos de violencia. Estados con bajos niveles de inseguridad despuntaron en el presente año debido al reacomodo de los grupos del crimen organizado, han asegurado organizaciones de la sociedad civil.
Una familia de cuatro integrantes fue asesinada afuera de su domicilio a balazos la noche del 15 de diciembre en Tecomán, Colima. El hecho se suma a una larga lista de tragedias ocurridas en la entidad en el último año.
El estado, gobernador por el priista José Ignacio Peralta, registró -a noviembre de 2016- una tasa de 72.45 carpetas de investigación de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, la estadística más alta del país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En Colima, la violencia repuntó este año. En 2015 la entidad contabilizó 136 carpetas de investigación por homicidio doloso en los primeros 11 meses del año, mientras que en el mismo periodo de 2016 la cifra ascendió a 533; un aumento del 291 por ciento.
La entidad cuenta con la presencia de diversas mafias que se disputan el mercado negro de las drogas, expuso Santiago Roel, director de la organización civil Semáforo Delictivo.
El anterior Gobernador Mario Anguiano afirmó tener información de que el Cártel de Sinaloa entró a disputar la plaza estatal, mientras que otros informes han dado cuenta de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Por otra parte, son las propias autoridades las que han quedado a deber, sostiene Francisco Rivas, director de la organización de monitoreo de la violencia Observatorio Nacional Ciudadano.
“En el caso de Colima encontramos que dentro de la administración del Gobernador anterior hubo fallas estructurales importantes. No hubo un compromiso institucional por generar corporaciones de policías capaces y lo mismo pasa en otras entidades”, detalló.
El 20 de diciembre, el Presidente Enrique Peña Nieto presidió la 41 sesión del Consejo Nacional de Seguridad en la que aseguró que su Gobierno había capturado o abatido a 105 de los 122 capos que su administración fijó desde un inicio como prioritarios.
Sin embargo, este choque frontal contra el narcotráfico iniciado desde que Felipe Calderón Hinojosa era Presidente, no hizo más que fragmentar a las cabezas visibles del crimen organizado. Y una de las secuelas fue la expansión de la violencia a lugares no vistos.
“Si volteamos a ver la administración de Calderón vamos a encontrar que el homicidio y la violencia del país estaba en los estados fronterizos, Michoacán y Guerrero. A partir de Peña Nieto la encontramos en Veracruz, Tabasco, Edomex, a niveles impensables, Guanajuato y Colima”, dijo Rivas.
A 11 meses de 2016, éste se convirtió en el más violento de lo que va de la presente administración. Se han registrado 18 mil 915 carpetas de investigación por homicidio doloso en ese periodo.
De acuerdo con Rivas, durante el año que acaba de terminar la violencia se acrecentado en ciertos estados debido a la falta de creación de policías locales fuertes: “Es decir en estos diez años deberíamos haber visto que en los estados se generan instituciones en lo local”.
Guanajuato es una de las entidades que ha registrado un aumento de la violencia. Este año contabilizó durante los primeros 11 meses 880 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en el mismo periodo del año pasado 810; un aumento del 8.6 por ciento.
CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA
Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
En Veracruz la violencia subió de forma abismal. Entre enero y noviembre se registraron mil 126 carpetas de investigación por homicidio doloso; cuando en el mismo periodo del año pasado fueron 505; un aumento del 122.97 por ciento.
El 12 de octubre, el entonces Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa pidió licencia para separarse de su cargo bajo el argumento de que se dedicaría a atender las denuncias en su contra. Una semana después un Juez libró una orden de aprehensión en contra del ex mandatario, desde entonces se encuentra prófugo.
Organizaciones de familiares de víctimas de desaparición como el Colectivo Solecito han señalado al Presidente Peña Nieto de ser cómplices de la fuga de Javier Duarte y a las autoridades estatales, de la violencia en Veracruz.
“En México te lleva un comando armado, una policía, una patrulla, algo que no se ve en otros países. Tenemos un caso en el que se llevaron a nueve chamacos del municipio del puerto, ahora el caso está en el comité de Desaparición Forzada de la ONU”, dijo Lucía de los Ángeles García Henao, fundadora de la organización civil Solecito.
UN GOBIERNO SIN IDEAS
Para Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Gobierno inició sin ideas novedosas en el ámbito de estrategia de seguridad.
Una de ellas fue la Gendarmería, que tenía previsto sumar entre 40 y 50 mil elementos, con una formación policiaca y militar: “Sin embargo, se fue quedando como una pequeña unidad de la Policía Federal”, detalló Cortez.
Actualmente la división de la Gendarmería cuenta con 5 mil integrantes y está enfocada a proteger ciclos económicos productivos en distintas regiones. Cortez sostuvo que la idea no había sido madurada por las autoridades lo suficiente.
“No estaba inserta en una estrategia conjunta, sino como una acción suelta y se fue disolviendo en función de otras urgencias”, dijo el investigador.
A casi dos años de que acabe el sexenio, el Presidente expuso el 20 de diciembre que una de sus prioridades en materia de seguridad serán los operativos en 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los municipios del país.
Para cumplir con esta meta, Peña llamó a los Gobernadores a redoblar esfuerzos. Y recordó que en su administración se han destinado 49 mil millones de pesos en subsidios y aportaciones federales al fortalecimiento de las corporaciones locales.
Sin embargo, el destino de recursos no se ha traducido en mejores policías estatales, han criticado organizaciones civiles.
Foto: José I. Hernández, Cuartoscuro
“No sabemos que se ha logrado en los 50 municipios. Suena más a un discurso de justificación, pero sin realmente ninguna capacidad de innovar”, dijo Cortez.
El 8 de diciembre el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda criticó el hecho de que el Ejército continué en las calles.
Abogó por un marco jurídico que regule la operación de las fuerzas armadas. Ya que, según, sus palabras hay elementos que tienen miedo de realizar misiones, cuando saben que no hay una ley que respalde sus labores.
El 27 de octubre el jefe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados César Camacho Quiroz presentó una iniciativa de ley sobre la Ley de Seguridad Interior, cuyo controvertido contenido da potestad al Presidente para determinar un lugar y momento en el que las Fuerzas Armadas puedan realizar las funciones de la policía.
“Creo que Peña ha sido un Presidente claudicante por querer darle un marzo jurídico a las fuerzas armadas, por darle facultades a los militares de policía y aceptar que de ellos dependerá la seguridad”, dijo Cortez.
