San Diego, 2 Ene (Notimex).- Una de las 760 nuevas leyes que entraron en vigor este 1 de enero en California prohibe a los departamentos de policía y alguacil confiscar los vehículos a los indocumentados que conduzcan sin licencia.
La ley del asambleísta Gil Cedillo dice que si las autoridades policiales encuentran conductores sin licencia en retenes sorpresivos en busca de choferes ebrios, no quitarán los autos sino que sólo los orillarán hasta que se presente un conductor con licencia a llevarse el carro.
La medida todavía impone una multa a quien conduzca sin licencia, sea indocumentado o no, pero evita que miles de conductores indocumentados sean encarcelados, se les confisquen sus vehículos y al salir del arresto sean entregados a agentes de migración para su deportación.
La Coalición de Inmigración del Sur de California, una organización civil que apoyó la iniciativa, señaló que confiscar vehículos a indocumentados era un doble castigo que únicamente beneficiaba a las empresas de grúas y remolques.
“Las compañías de remolques saben cuáles son las comunidades más vulnerables y por tener ganancias imponen un doble castigo: por un lado California niega a los indocumentados la posibilidad de obtener licencias (desde 1993) y por el otro los multa, les quita sus vehículos e incluso los deporta”, explicó la coalición.
Para cada retén las autoridades planean con las empresas de remolques y tienen a disposición varias grúas que de inmediato se llevaban los vehículos de indocumentados; el costo de remolque es de unos 250 dólares más entre 55 y 70 dólares por cada día en custodia.
Por lo general a los 30 días de ley vendían los autos y se quedaban con el dinero por concepto de traslado y custodia.
El colmo, según la coalición, era cuando los retenes sancionaban a inmigrantes que fueron choferes profesionales en sus países de origen.
Ahora un grupo en Los Angeles intenta reunir cerca de medio millón de firmas de electores empadronados para llevar a la elección de este año una propuesta que anule la ley que recién entró en vigor.
Mientras tanto, a menos que un conductor indocumentado conduzca alcoholizado, las autoridades policiales en los retenes sólo pueden retenerlo momentáneamente mientras llega un reemplazo a conducir y multarlo por carecer de licencia.
Si el conductor está alcoholizado, enfrenta las mismas sanciones que cualquier otro conductor en esas condiciones: se le recoge el vehículo, es fichado y tiene que presentarse ante un juez que por lo general le impone una multa y ordena que tome clases de conducir.
Como sanción separada, las aseguradoras de conductores y vehículos aumentan notablemente el costo de póliza a los conductores que merecieron una infracción por conducir bajo efectos alcohólicos.
Según el caso, los conductores bajo el influjo del alcohol pueden llegar a pagar multas y sanciones hasta por unos diez mil dólares.