El Colectivo Seguridad Sin Guerra tiñó, con pintura vegetal roja, seis fuentes representativas de la Ciudad de México y llamó a la ciudadanía a ejercer presión a los Senadores para que no prueben la Ley de Seguridad Interior.
La Ley, aprobada en la Cámara de Diputados, es una carta blanca para que el Poder Ejecutivo pueda “echar mano de medidas excepcionales”, situación que pone en riesgo los derechos humanos y, de acuerdo con diversos analistas consultados, huele a medida autoritaria.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Al menos seis fuentes de la Ciudad de México fueron teñidas de rojo sangre como parte de las acciones que emprendió el Colectivo Seguridad Sin Guerra en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Se trata de las fuentes San Sebastián, Sátiro y Amor, Doríforo, Mercurio y Argos, y El Pescador, ubicadas en la colonia Roma, así como la fuente de Los Coyotes en Coyoacán.
“Desde Cencos creemos que la Ley de Seguridad Interior no es la respuesta y únicamente perpetuará la violencia. Exigimos se busque la paz, continuar con esta guerra, sólo generará más sangre”. explicó Ixchel Cisneros, Directora de la organización Cencos, integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra.
Ayer, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Tras ser avalada, el Senado de la República deberá aprobarla. De ser así, el Ejecutivo federal tendría más atribuciones legales para disponer, a discreción y sin controles legislativos, de la totalidad de la fuerzas armadas [Ejército, Armada y Fuerza Aérea] y de las instituciones de seguridad pública para preservar el orden y prevenir “el surgimiento de amenazas”.
El riesgo, señalan analistas consultados, es la violación de derechos humanos a partir de una estrategia autoritaria.
Las fuentes fueron teñidas con tinta vegetal ecológica, aclaró la activista en entrevista con SinEmbargo.
A su vez el colectivo lanzó un llamado e invitación a la ciudadanía para que el próximo martes 12 de diciembre acudan a la Cámara de Senadores para protestar y presionar a los Senadores para que no aprueben dicha legislación.
“La seguridad no debe ser responsabilidad de las fuerzas armadas”, destaca el Colectivo Seguridad Sin Guerra
Otra forma de ejercer presión es por medio de redes sociales o bien, ingresar a la plataforma de Seguridad sin guerra, en donde los ciudadanos se pueden sumar y enviar desde ahí un mail a los Senadores pidiendo no aprobar la ley.
“Debemos apostar por una estrategia que también considere la prevención como eje fundamental para la solución de la grave crisis de violencia del país”, enfatiza la organización civil.
Actualmente la plataforma acumular más de 6 mil 269 que han enviado correos a los legisladores contra la citada ley.
La Ley de Seguridad Interior busca limitar la participación de las fuerzas armadas en tiempos de paz, así como definir sus atribuciones cuando realicen labores que corresponden a las fuerzas de seguridad pública. La justificación para impulsarla es que las policías han sido rebasadas por la violencia. En contraparte, sus detractores señalan que las disposiciones de la iniciativa son ambiguas y que, por tanto, podrían militarizar aún mas al país e incrementar las violaciones a los derechos humanos. Para ellos, existe la posibilidad de que la norma sea utilizada con fines políticos y represivos.
Con la aprobación de Ley de Seguridad Interior, las autoridades estatales y el Presidente de la República podrán solicitar la intervención del Gobierno federal para contener cualquier “grave peligro a la integridad colectiva”, a partir de la emisión de una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”. Esto significa que, en todo caso en que haya una circunstancia de crisis en las que las fuerzas de seguridad pública no se den abasto, las fuerzas armadas podrán interceder.
Según la iniciativa de Ley, una amenaza para la seguridad interior de México son todas aquellas situaciones “que superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes” para preservar la paz. O bien, todo acto que el Estado considere como “violento” y que tienda “a quebrantar la continuidad de las instituciones” y de los derechos fundamentales de las personas.
Una marcha o “rebelión”, un sismo, las acciones criminales de a diario y los ilícitos de alto impacto, podrían entrar en este paquete ante la amplitud del concepto. Y serían las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes determinen cuándo y cómo deberán participar las fuerzas armadas -o si deben suspender derechos y garantías para preservar la paz-.
–Con información de Romina Gándara y Efrén Flores
