El primero de diciembre se ha convertido en un día en el que recordamos la injusticia. ¿Por qué la libertad de expresión se ha visto en mayor riesgo en el último año? ¿Por qué podríamos decir que, en tanto a las protestas, la línea política de todos los partidos -encabezados por el PRI- es represora?

Lo más peligroso para un gobierno autoritario es el disenso: la protesta es un golpe de legitimidad, visible, cuantificable y contagioso. Por eso buscan limitarla. Son cinco las iniciativas y leyes que lo hacen: tres en la sede principal de las marchas, el Distrito Federal, y dos a nivel federal.

Y aquí hay un argumento político tramposo: el PRI en toda su genialidad comunicativa no ha propuesto ninguna limitación. Los partidos que lo han hecho son el PAN y un PRD local en el DF. Sin embargo, las últimas propuestas legales, de ser aceptadas, facultarían expresamente al PRI –concretamente a Osorio Chong– a tener la última palabra sobre la represión de marchas en todo el país. En seguida explico por qué, pero empecemos con el DF.

El 26 de septiembre Mancera dejó clara su línea política: “Quien ataque a la ciudad, encontrará la respuesta de la ley”. Ese mismo día se presentó en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) la iniciativa para reformar el artículo 287 del Código Penal con el fin de agravar el delito de ultraje a la autoridad si el mismo se comete en contra de policías [1]. Lo primero que brinca es lo siguiente: ¿qué significa ultrajar? Ni para el diccionario es claro, pues un ultraje es “ajar o injuriar; despreciar o tratar con desvío”. En otras palabras, me puedo ir a la cárcel por decir algo que las autoridades consideren ofensivo hacia los policías, un criterio completamente subjetivo con consecuencias penales.

Esto es apenas el inicio. El pasado 2 de octubre, el diputado Sotomayor –también panista– presentó la Ley de Manifestaciones Públicas del Distrito Federal. [2] Aquí empieza la primera sospecha: ¿por qué un órgano federal como la Cámara de Diputados está dictando leyes que son competencia del Distrito Federal? [3] La Cámara de Diputados NO puede legislar sobre esto, lo cual implica que detrás hay un argumento político de peso.

Por último, la semana pasada la ALDF aprobó una reforma al Código Penal que dice que protestar es una agravante de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. [4] Para el derecho penal, ejercer la actividad de disenso político es considerado como más grave al cometer delitos. Vaya democracia.

A nivel federal, el primero en ser el protagonista, de nuevo, es el diputado panista Sotomayor. El 5 de marzo propuso una iniciativa para el Código Penal Federal con el fin de tipificar como delitos contra la paz pública a quien perturbe la coexistencia pacífica armónica y civilizada. [5] De nuevo: ¿Coexistencia? ¿Pacífica? ¿Armónica? ¡¿Civilizada?! Tomen en cuenta queridos lectores, que todo esto se interpretará desde el punto de vista de la autoridad, sea un juez corrupto o un policía encabronado. ¿Qué podría significar la “coexistencia civilizada” para ellos?

La respuesta es simple: es un tipo penal en blanco. La paz pública está tutelada penalmente por la completa arbitrariedad. Por si fuera poco, un agravante a este delito es traer una capucha puesta. ¡¡Claro!! Porque equiparar una prenda de ropa a un delito es lo más sensato cuando ni el delito sabe de qué habla. Las capuchas en nuestro país remontan a una tradición de identidad indígena, prohibirlas inclusive podía considerarse como un mecanismo de exclusión discriminatorio. Y conste que no condono la violencia, simplemente son dos cosas distintas: una es traer una prenda de ropa, y la otra cometer un acto delictivo. Es como si dijera que un delito es más grave por usar brassier, pantalones, zapatos de hombre o estrellas de David.

¿Dónde está el PRI en todo esto?

El 20 de noviembre la senadora panista Gómez del Campo presenta una ley que pretende regular las marchas en todo el país. [6] El contenido substancial de la ley es idéntico a aquel presentado fuera de las competencias de los diputados por Sotomayor.

En primer lugar, restringen el derecho de reunión y libertad de expresión a condiciones desproporcionadas como horarios para las marchas y la obligación de notificar 72 horas antes. [7] Si queremos manifestarnos en un día específico, como hoy, la autoridad tendrá facultades legales para cambiarnos de fecha. [8] En segundo lugar, establecen como violación a la ley proferir insultos, amenazas, emplear violencia o bloquear vías en cuyo caso procede multa, arresto o reparación del daño. [9]

Y aquí viene la parte buena, donde todas las facultades se terminan conjugando en el PRI. El artículo 12 de la Ley General de Marchas aplicable a todo el país, dotaría de “facultades amplias” a la Secretaría de Gobernación para tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias o inclusive ordenar la disolución de toda asamblea, reunión, protesta, manifestación, plantón, bloqueo o marcha en cualquier estado de la República si los manifestantes violan lo dispuesto en la ley (no avisan con anticipación, insultan a las autoridades o cometen actos violentos); o si las autoridades estatales declaran no contar con la capacidad para garantizar la seguridad.” [10]

Esto no es menor, sobre todo si consideramos que al inicio de su mandato, Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y la integró a la Secretaría de Gobernación, creando el Comisionado Nacional de Seguridad, al mando de Manuel Mondragón con superior jerárquico nada más y nada menos que el mismísimo Osorio Chong. [11] Este órgano tiene a su cargo la Policía Federal. Aunado a esto, no existen protocolos de actuación policial eficaces, tanto así que la propia ley ordena que se expidan en un plazo de 90 días. [12]

La iniciativa de dicha ley fue firmada por el grupo parlamentario del PAN en su totalidad, salvo pocas excepciones. Tal vez haya batallas que se ganen fuera del foro parlamentario, lejos de la luz pública. ¿Por qué el PAN le daría tantas facultades a una Secretaría de Gobernación en manos del PRI? ¿No deberían constituir una oposición política?

El argumento político de fondo persiste. El PRI no se ensucia las manos.  Inclusive Mancera es dócil ante su agenda. El resultado es que el disenso se reprime penalmente, los crímenes no se castigan, y políticamente el PRI sale impune.

¿Estamos presenciado al nuevo PRI? ¿Será que la nueva figura presidencial se está reemplazando por una Secretaría de Gobernación omnisciente y súper poderosa? Las nuevas tácticas son mucho más sutiles, pero igual de autoritarias y con la complacencia de todos los partidos.

En un contexto de injusticia, desigualdad y violaciones a derechos humanos, lo único que nos queda como ciudadanos es el derecho a alzar la voz y protestar. Las calles se pintan de colores. Con las marchas la democracia no se esconde, se denuncia su inexistencia.

Gisela Pérez de Acha

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