El INE inició a finales de septiembre el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de nueve ministros de la Suprema Corte, 820 jueces de distrito y magistrados de distrito, 17 magistrados del Tribunal Electoral, así como los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial que sancionará irregularidades.
Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– Las reformas que otorgan a la Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) el poder de nombrar y designar a directores ejecutivos y titulares de las unidades técnicas del organismo divide hoy a las y los consejeros electorales, todo esto a la par del reto que tiene el instituto de avanzar en los preparativos de la elección por voto popular de juzgadores prevista para 2025.
El Consejero Martín Faz Mora, quien votó a favor de llevar a la Suprema Corte una controversia constitucional para revertir las modificaciones, critica la falta de transparencia con la que se impulsaron y cómo concentran en una sola persona decisiones que hasta ahora se toman en conjunto.
“Las dos reformas que se introdujeron de manera subrepticia sí dañan seriamente el diseño institucional del INE”, mencionó en entrevista para el programa Dos con todo en referencia a los cambios a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre, después de ser avalados por legisladores de Morena y partidos aliados.
Además de Faz Mora, las y los consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel, Arturo Castillo y Jaime Rivera votaron ayer a favor de promover la controversia constitucional contra estas reformas con el argumento de que romperán la colegialidad en el INE, es decir, la responsabilidad reconocida en la Constitución que tiene el organismo de tomar decisiones con la mayoría de votos de quienes integran el Consejo General.
“La colegialidad no es nada más un tipo de ánimo que debe de existir entre quienes integramos el Consejo, la colegialidad es una parte fundamental del diseño institucional. Es decir: desde que se creó el INE, sobre todo a partir de que tuvo autonomía y ya no dependió del gobierno en turno, siempre se hizo un diseño de esta naturaleza porque la colegialidad, con la pluralidad de quienes se integran, es una garantía también de imparcialidad, es una garantía de independencia porque al tener que tomar decisiones, sea por seis en la mayoría de los casos, o por ocho en algunas ocasiones con una una votación calificada, pues asegura que no sea una sola persona la que conduzca los destinos de esta institución.
“En principio la propuesta de reforma que envió la Presidenta de la República versaba única y exclusivamente sobre los temas del Poder Judicial y de manera subrepticia, sin dar razonamientos de por qué, se incorporan dos artículos: uno en el que se le dan atribuciones a la Presidencia para que nombre de manera directa las direcciones ejecutivas y otro, que también es particularmente grave, que le da a la Junta General Ejecutiva atribuciones que son exclusivas, de tal manera que la Junta General Ejecutiva, que es un órgano ejecutor, administrativo, podría, con esas nuevas atribuciones, tomar las decisiones que generalmente se toman o se deben de tomar en las comisiones integradas por los consejeros. Además de que en la Junta General Ejecutiva, por ejemplo, los partidos políticos no participan, de tal manera que se podrían tomar decisiones que no tendrían carácter de máxima publicidad, lo que sí ocurre en las comisiones”, detalló.
El Diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, defendió en la sesión del 30 de octubre que aprobaron la reforma con el fin de “eficientar” el diseño del organismo.
Desde enero, el Consejero Faz Mora, otras y otros consejeros se han pronunciado en contra de nombramientos de encargados de despacho que efectuó la Consejera presidenta Guadalupe Taddei al calificarlos de “unilaterales”, como el de la Secretaría Ejecutiva, actualmente a cargo de Claudia Edith Suárez Ojeda.
A su llegada al INE, Guadalupe Taddei presentó propuestas de funcionarios para cubrin la estructura de primer nivel del órgano electoral, sin recibir el voto mínimo requerido del Consejo del INE. A inicios de año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó a la Consejera Presidenta que nombrara, sin el aval del Consejo General, a las y los encargados de la Dirección de Ejecutiva de Administración y la de Prerrogativas y Partidos Políticos; de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; la Unidad Técnica de Servicios de Informática, así como la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
“Las encargadurías de despacho que están, efectivamente el trabajo se ha logrado sacar, pero también en buena medida por el trabajo de las comisiones de consejerías que están vigilando permanentemente el trabajo que hacen las encargarías de despacho. Estos asuntos [los nombramientos] que están pendientes, el efecto que han tenido es que ha habido curvas de aprendizaje lentas, largas y eso ha complicado algunos temas, pero también en buena medida es la permanente vigilancia que las comisiones de consejerías tienen sobre el trabajo que realizan las áreas ejecutivas que forman parte de la Junta General”, planteó Faz Mora.
El Consejero electoral, así como quienes votaron a favor de presentar la controversia constitucional, planteó que no se trata de “un asunto personal” con quien ocupa hoy la Presidencia del INE. “Si se hubiera hecho una una reforma electoral para darle esas atribuciones a la anterior presidencia también habría estado mal”, comentó.
Durante la sesión del miércoles, la Consejera Norma de la Cruz cuestionó que no se consultó a todas las consejerías antes de sugerir la acción ante la SCJN, por ello, acusó que no refleja “una acción colegiada”.
Cuestionado sobre ello, Faz Mora explicó que en una reunión previa las Consejera Taddei no mostró interés por oponerse a sus nuevas atribuciones, al igual que la Consejera De la Cruz.
“Se le preguntó a la Presidenta sobre estas atribuciones que ponían en regla la colegialidad, y en ese momento la Presidenta afirmó que ella no iba a combatir esas atribuciones, que no iba a presentar ningún recurso para hacer uso de esas atribuciones. En ese momento quedó claro que no había una intención por parte, no solo de ella, sino que también un par de consejeras, entre ellas la Consejera Norma hizo comentarios al respecto de que no lo harían, quedó claro que no lo iban a hacer”.
El mismo día en el que el Consejo General del INE sesionó, el Diputado morenista Gutiérrez Luna anunció una propuesta para elevar a rango constitucional el que la presidencia del INE tenga la capacidad de designar cargos directivos sin el consenso del Consejo General.
“Creo que es un error porque modifica un diseño institucional que ha sido efectivo y que ha permitido que la institución trabaje de manera imparcial, de manera independiente. Si deciden hacer eso quiere decir que no quieren que haya una institución colegiada y que quieren una institución en donde los poderes de decisiones estén concentrados en solamente una persona”, mencionó el Consejero Faz Mora.
La Consejera presidenta Guadalupe Taddei negó esta semana que sea “incómodo” que se hable de la división dentro del árbitro electoral, ya que, dijo, en los órganos colegiados “hay momentos en que batallas un poquito más para llegar a acuerdos, pero se llega a ellos”.
EL INE Y LA ELECCIÓN DE JUECES
El INE inició a finales de septiembre el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de nueve ministros de la Suprema Corte, 820 jueces de distrito y magistrados de distrito, 17 magistrados del Tribunal Electoral, así como los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial que sancionará irregularidades.
Un mes después, no ha avanzado la organización del proceso a pesar de que el Tribunal Electoral observó que era válido iniciarlo en medio de impugnaciones en contra. Entre los 11 consejeros del INE hay diferencias de cómo interpretar lo dicho por el Tribunal Electoral, por lo que esperarán la resolución de la Corte sobre las controversias constitucionales que se han presentado contra la elección de juzgadores.
Mientras tanto, no ha sesionado la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 presidida por el Consejero Jorge Montaño Ventura y con las consejeras Rita Bell López y Norma de la Cruz Magaña como integrantes.
“Aun cuando la Comisión Temporal tendrá a su cargo estas actividades, las mismas no imperarán de cero, pues como sabemos, este instituto ha venido desarrollando reuniones de trabajo, incluso participó en foros de parlamento abierto para exponer diversas reflexiones y consideraciones en torno a la organización y desarrollo de este proceso electivo tales como fechas y plazo de ejecución, etapas y actividades a desarrollar, órganos ejecutores y presupuestación, entre otros factores”, dijo el Consejero Montaño cuando se creó la comisión.
Respecto a los recursos para organizar el proceso, hoy el INE anunció que solicitará un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos que se sumarán a los recursos que el instintuto ocupará para sus otros gastos.
El 31 de octubre, la Consejera presidenta Guadalupe Taddei dijo en entrevista con medios: “El presupuesto, al menos en lo que a mí respecta, no hay un solo centavo que no esté relacionado con una atribución o un mandato constitucional. Todo tiene un respaldo acompañado por el órgano interno de control, no dejamos nada sin revisar, sin ser minuciosos en la información. Hasta este momento el presupuesto que está presentando el Instituto tiene el debido respaldo jurídico”.
—¿Qué es lo que han platicado [las y los consejeros] sobre esta organización que se pinta complicada? –se le cuestionó la Consejero Faz Mora el jueves.
–Eso, lo complicada que es, las dificultades que tiene. Por ejemplo, el asunto geográfico, los distritos electorales no coinciden con distritos judiciales. Sí hay distritos judiciales que coinciden en algunos casos con los estados, es decir, con la circunscripción de un estado, pero no necesariamente con el número de distritos electorales que existen al interior de un estado. También hay estados en los que el distrito judicial abarca más de un estado, entonces esto es un asunto complejo porque tiene que ver con el tema de la instalación de las casillas, y tiene que ver con el tema de los cómputos, son de las cosas que hemos platicado entre nosotros. Como la complicación, por ejemplo, del tipo boleta, va a tener que ser una boleta electoral muy distinta a la que está acostumbrada a la ciudadanía, no solamente en el tamaño, incluso el diseño –respondió.
La ley secundaria de la Reforma judicial plantea que los comités de evaluación elegirán qué candidatos aparecerán en las boletas y el INE organizará las elecciones, fiscalizará los gastos de los candidatos, contará y dará a conocer los resultados. El Tribunal Electoral validará la elección y resolverá las impugnaciones, a excepción de la elección de magistrados electorales. Para no ser juez y parte, será la Suprema Corte quien valide esa elección.
PREVIO A ELECCIÓN: Las campañas durarán 60 días. El INE debe organizar foros de debate y se estipula que las personas candidatas podrán participar en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.
Por ello, el INE debe garantizar que ninguna persona candidata contrate espacios en radio y televisión, Internet o cualquier otro medio de comunicación para promocionarse, y también debe vigilar que ninguna persona candidata reciba financiamiento público o privado en sus campañas; determinar los topes máximos de gastos personales de campaña aplicables para cada candidatura y establecer reglas de fiscalización.
Además el Consejo General del INE deberá emitir las reglas para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco del proceso de elección de personas juzgadoras federales y locales.
DÍA DE ELECCIÓN: La elección, el primer domingo de junio de 2025, inicia a las 8:00 horas y concluye con el cómputo de los votos en casilla.
Previamente, el INE deberá aprobar el modelo de la boleta, documentación y materiales electorales; emitir las medidas de austeridad al proceso de organización; llevar a cabo la elección a nivel nacional, por circuito judicial o circunscripción plurinominal.
