La Sedatu y el Bansefi fueron dos de las instituciones más importantes en el periodo de reconstrucción luego de los sismos del septiembre de 2017, en la elaboración de los censos de damnificados y luego en el reparto de las tarjetas con dinero del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Son justo esas dos instituciones, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, las que tienen en la cabeza a personajes que en la ya agónica administración de Enrique Peña Nieto se colocaron dentro de la polémica por los señalamientos de presunta corrupción.
Rosario Robles, por un lado, es acusada de permitir desvíos de miles de millones de pesos en la Sedesol y luego en la Sedatu. Virgilio Andrade fue el encargado de la investigación que concluyó que ni el Presidente ni Luis Videgaray Caso tuvieron un conflicto de interés con el empresario Armando Hinojosa Cantú.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Instituciones sin facultades ni preparación para atender a los damnificados que dejaron los sismos de septiembre de 2017; que no contaban ni con el marco normativo para operar en un contexto de crisis y censos parciales y con cambios sin justificación, provocaron una deficiencia en el otorgamiento de las tarjetas de apoyo y un mal manejo de los recursos federales.
Eso fue lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C (Bansefi) y en la participación de la Secretaría d Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
La ASF revisó el diseño normativo, programático, presupuestal y organizacional con el que el Bansefi operó en 2017 para determinar su idoneidad como dispersadora masiva de recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y también la gestión de los apoyos proporcionados a los damnificados en la recepción, procesamiento y control de la información de los censos y padrones remitidos por la Secretaría d Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
El problema inicial lo describe así la Auditoría: “Posterior a la ocurrencia de los sismos, se identificó como problema público de la intervención gubernamental que los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 no accedieron de forma eficiente, oportuna y completa a los recursos del Fonden destinados para reconstruir los daños parciales o totales causados a sus viviendas por parte del Bansefi, debido a la ausencia de disposiciones normativas, a la falta de supervisión de las operaciones, a la ausencia de medidas de seguridad para garantizar la integridad de la información proporcionada por la Sedatu, a la omisión de las disposiciones de seguridad interbancaria, y a los deficientes controles en la integración de expedientes de los beneficiarios”.
EL PAPEL DE LA SEDATU
La Sedatu remitió el 22 de septiembre la información de los damnificados por los sismos de septiembre de 2017, por medio de documentos denominados como censos y padrones iniciales para la distribución de los apoyos, en un sitio de internet con usuario y contraseña para el caso de Chiapas y Oaxaca, y seis oficios de instrucción para los estados de Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Puebla en noviembre, a efecto dar atención a 178 mil 578 damnificados iniciales.
Se llegó a esa cifra de damnificados sin contar a todos los municipios afectados que estaban dentro de las declaratorias de desastre natural y de “emergencia extraordinaria”, por lo que la ASF concluyó en esta revisión que la entrega de apoyos se hizo sin un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción de las viviendas de la población afectada.
Así, con la información de esos padrones, Bansefi inició en octubre la distribución de los apoyos, sin verificar o validar los datos porque carece de facultades para observar, modificar o sugerir cambios en el contenido de los padrones.
Pero Sedatu sí lo hizo. La ASF encontró cuatro cambios masivos, con fechas del 22 de septiembre, 3 de octubre, 15 de noviembre y 1 de diciembre de 2017; también diversas actualizaciones, las cuales obedecieron a 19 oficios de instrucción de la Sedatu.
La ASF verificó que el Bansefi ejecutó el 47.4 por ciento de las instrucciones, mientras que para el 31.6 por ciento no pudieron ser identificados los cambios solicitados, debido a que se remitieron nuevos padrones sin especificar las diferencias con el padrón inicial. Se comprobó que el 21 por ciento de los requerimientos no fueron realizados, por lo que no hubo registro de las diferentes actualizaciones a los censos y padrones, “lo que implicó riesgos en la preservación de la seguridad de la información”.
Al cierre de 2017, con los cambios instruidos por la Sedatu, los registros contenían 171 mil 507 damnificados, 7 mil 071 menos que en septiembre. 59 mil 897 fueron por viviendas con daño total y 111 mil 610 viviendas con daño parcial.
Los estados con mayores inconsistencias en el modelo administrativo, que costó 27 millones 835 mil pesos y que incluyó la recolección, compilación y mantenimiento del control de los registros de los apoyos entregados a los damnificado, fueron los de Oaxaca y Chiapas.
Con las problemáticas en el padrón, Bansefi procedió a la entrega de tarjetas: Fonden y Fonden Vivienda, que era una por daños parciales y otra por daño total. Sedatu, tuvo la responsabilidad de clasificar a los beneficiarios conforme al tipo de afectación de sus viviendas.
Al 31 de diciembre de 2017, no se contó con un número certero del total de damnificados, sólo estaban los 178 mil 578 contabilizados por la Sedatu que ya chocaba con los 171 mil 507 del segundo registro. El monto otorgado al auxilio de damnificados fue de 8 mil 153 millones 740 mil pesos.
NO HABÍA FACULTADES
La ASF, al evaluar los marcos normativos, se encontró con una desarticulación de los objetivos, estrategias y líneas de acción de la protección civil, respecto de la operación de las instituciones de la banca, ya que el banco no disponía de normas y procedimientos para el otorgamiento de apoyos del FONDEN, en caso de desastres naturales.
Fue en cuatro “macroprocesos,” relacionados con la recepción, procesamiento y control de la información; producción y entrega de tarjetas; integración de expedientes y ministración de recursos, en los que la ASF encontró inconsistencias derivadas de la falta de normas y procedimientos que determinaron las atribuciones y facultades específicas del banco para dispersar recursos en casos de desastre natural.
También en la recepción, procesamiento y control de la información se identificaron 16 procesos: el 43.7 por ciento estuvieron a cargo de la Sedatu y nueve a cargo del Bansefi; de éstos el 66.7 por ciento presentaron deficiencias relacionadas con la coordinación irregular entre el banco y la Sedatu, así como con la falta de mecanismos de control para garantizar la totalidad de los cambios instruidos por la entidad contratante.
Respecto a la producción y entrega de tarjetas, la ASF evaluó 16 procesos respecto de la relación costo-oportunidad de la entrega de tarjetas, así como de la producción y elaboración de medios masivos de pago, de los que identificó que el 25 por ciento registraron inconsistencias.
En el proceso de integración de expedientes bancarios se analizaron 16 procesos, de los cuales, 31.3 por ciento registraron deficiencias, ya que no se contó con la totalidad de expedientes, por sucursales con siniestros o porque se perdieron. También hubo inconsistencias en la asignación de más de un identificador (ID), de una cuenta o de una tarjeta a la que tenían derecho los damnificados. En cuanto a la ministración de recursos, se analizaron 16 procesos en los que se identificaron irregularidades en el 43.7 por ciento de ellos.
“Se concluye que, al momento de la ocurrencia de los sismos de septiembre de 2017, el BANSEFI no estaba facultado ni preparado para ejercer la atribución de dispersor de los recursos del FONDEN, ya que no contó con un marco normativo específico que le permitiera operar en ese contexto, lo que motivó deficiencias en los procesos relacionados con la recepción, procesamiento y control de la información; entrega de tarjetas, integración de expedientes y dispersión de recursos”, señala la revisión.
