Seguridad pública y respeto a los derechos humanos son elementos clave en cualquier democracia, puestos en el centro de atención en el contexto de los 56 años de la matanza de Tlatelolco.

La situación de vulnerabilidad hacia las garantías individuales en el México del 68, provocada por la falta de cultura democrática y la represión sistemática de la disidencia política bajo el régimen priista, es un recordatorio histórico sobre la frontera intransitable entre la capacidad del Estado como la única institución autorizada a emplear la fuerza legal y legítima y el abuso de la misma.

El 2 de octubre se convirtió en un símbolo del desafío cotidiano para erradicar las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. A 56 años de distancia contamos con instrumentos legales, nacionales e internacionales, así como voluntad política para no repetir la historia.

Para algunos, la tentación de enfrentar con toda la fuerza del Estado a las expresiones de violencia criminal, en particular la relacionada con grupos del crimen organizado, está aún presente. La llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006 por Felipe Calderón, es una de las manifestaciones más recientes y desembocó en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Ayotzinapa, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos fundamentales, especialmente de los sectores más vulnerables.

Sin embargo, como ciudadanía, ¿qué estamos dispuestos a permitir a cambio de una sensación de seguridad? Con toda certeza, el respeto a los derechos humanos es irrenunciable.

La dolorosa represión del gobierno priista de los 60 y 70, que marcó la memoria social mexicana, desarrolló una clase política que militó un largo y trabajoso proceso de democratización. “Soy hija del 68”, ha dicho en diferentes ocasiones Claudia Sheinbaum, la ahora Presidenta de México y quien impulsa un modelo de seguridad en el cual el respeto a los derechos humanos es central.

Una estrategia integral en un entendimiento diferente de la participación de las fuerzas armadas, donde la coordinación es fundamental. En la Ciudad de México hay evidencia de un esquema de resultados probados, tanto en los datos duros como en la percepción, basado en la inteligencia policial –que permite reducir el uso excesivo de la fuerza y fortalece la seguridad a partir de la recolección, análisis y uso de información para prevenir delitos y desmantelar organizaciones criminales– y la colaboración interinstitucional.

En lo social hay un acercamiento sustancial a la atención de las necesidades comunitarias, con modelos como las Utopías, desarrolladas por la Jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, en Iztapalapa, donde este lunes inauguró con el alcalde Raúl Basulto, la Utopía Huizachtepetl.

Formas diferentes y eficaces de fortalecer la seguridad en respeto a los derechos humanos.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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