Por Matilde Pérez

En las últimas semanas Segalmex ha tomado revuelo en distintos medios y no precisamente porque se hayan presentado los resultados de las investigaciones o se haya detenido a las personas responsables de los actos de corrupción.

El panorama es simplemente desolador, por un lado, la narrativa del Presidente minimiza el escándalo más grande de corrupción de su sexenio, a un tema de daños al erario, sin considerar que quedaron evidenciados mecanismos y prácticas poco transparentes y corruptas que tuvieron afectaciones a derechos y que prevalecerán en cualquier nuevo organismo con las mismas facultades, si no se atienden de manera oportuna. Por ejemplo, la simulación de contratos en la compra de bienes como carne o maíz; la adjudicación de contratos millonarios con empresas que no contaban con las capacidades técnicas y humanas para proporcionar servicios, o inversiones realizadas sin contar con un respaldo normativo, por señalar algunos. 

Las declaraciones del Ejecutivo tampoco están considerando que más allá del daño al erario – que desde luego importa mucho –, los patrones de corrupción que se investigan afectan derechos humanos, como la alimentación y nutrición de millones de personas y familias en mayores condiciones de marginación en zonas rurales del país. Tan sólo el padrón de personas beneficiarias de Liconsa, una de las empresas que absorbió Segalmex, en 2016 era de 6.4 millones de personas de las cuales 3.9 millones eran mujeres. La pregunta del millón entonces es ¿cómo se va a reparar a las víctimas de estos actos, es decir, a todas aquellas personas que dejaron de recibir productos e insumos que le aseguraban su derecho a la alimentación?

Por otro lado, es preocupante la apuesta recién anunciada por la Presidenta electa Claudia Sheinbaum de desaparecer a la paraestatal y transformarla en “Tiendas del Bienestar”. Pareciera que, en vez de poner al centro la atención de las fallas, deficiencias y prácticas de corrupción para prevenir estos hechos, y sobre todo a quienes fueron víctimas, fuera suficiente cambiar el nombre de la dependencia y su personal. En la práctica se ha observado que, si no se atienden las causas y se observa a la corrupción en su carácter sistémico y estructural, estos problemas prevalecerán. En ese sentido será relevante revisar el trabajo que han realizado instancias como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Auditoría Superior de la Federación que han colocado recomendaciones puntuales para mejorar su gestión y prevenir actos de corrupción.  Por ejemplo, la ASF, desde 2019 ha realizado 8 auditorías, de las cuales derivaron 218 acciones, entre ellas recomendaciones para aclarar el ejercicio de recursos, fortalecer sus procesos administrativos y sus controles, y por lo menos 11 denuncias penales, para investigar y determinar la responsabilidad de hechos detectados como presuntamente ilícitos.  Desaparecer Segalmex sin atender e implementar estas recomendaciones puede generar el riesgo de que los actos de corrupción queden impunes y se repitan también en las Tiendas del Bienestar. 

La Presidenta y la nueva titular de las Tiendas del Bienestar deben asegurase de que éstas cumplan con su objetivo y rindan cuentas e informen sobre cómo retomarán las observaciones y recomendaciones que las instituciones anticorrupción hicieron respecto a Segalmex, así como la forma en que se dará seguimiento a todas las denuncias penales.  Aun cuando esta institución ya no exista, no se puede simplemente hacer borrón y cuenta nueva.

* Matilde es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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