La evidencia y las acusaciones en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se van apilando y podrían demostrar que no sólo recibió sobornos de narcotraficantes, sino que operó una amplia red de lavado de dinero que lo podría colocar como el “arquitecto” que abrió paso a algunas de las organizaciones criminales más grandes de América Latina.
Por Parker Asmann
Ciudad de México, 1 de octubre (InSight Crime).– Se acumulan la evidencia y las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Por un lado, los fiscales presentaron nuevos expedientes que podrían demostrar que el exfuncionario recibió sobornos de narcotraficantes. Por otro lado, México presentó una demanda para recuperar millones de dólares en presuntos bienes ilícitos.
En un expediente con fecha del 29 de septiembre, presentado ante una Corte Federal de Nueva York, los fiscales afirmaron que entregarían nueva evidencia a los abogados defensores de García Luna. El material incluía documentos del Gobierno mexicano, registros del Departamento de Estado estadounidense, fotografías y registros bancarios.
García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, durante el mandato del expresidente Felipe Calderón, está acusado de recibir varios millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que el grupo traficara cargamentos de varias toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
El expediente se presenta más de una semana después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunciara su “primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras realizadas por Genaro García Luna”.
En su demanda, el Gobierno mexicano sostiene que después de dejar su cargo, y por lo menos entre 2012 y 2018, García Luna, su esposa, un antiguo alto funcionario del estado mexicano, varios socios comerciales y una red de firmas obtuvieron de manera ilegal al menos 250 millones de dólares del Gobierno mexicano mediante un “complejo entramado de contratación oficial ilegal”. Ese dinero se transfería a cuentas fuera de México valiéndose de una “extensa” red para “ocultar los dineros robados en numerosas propiedades” en suelo estadounidense.
Las autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna en el estado de Texas en diciembre de 2019, por cargos de conspiración para traficar cocaína y falso testimonio. El acusado se declaró inocente de dichos cargos en 2020.
Poco después de ser puesto en custodia, el jefe de la UIF Santiago Nieto, junto con fiscales anticorrupción de México, presentó dos denuncias contra García Luna. El organismo sostuvo que el exfuncionario usó paraísos fiscales en todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, Barbados y Hong Kong, para ocultar más de 50 millones de dólares en sobornos que al parecer recibió de narcotraficantes.
ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME
Con el aumento de la evidencia en el caso de narcotráfico contra García Luna, las nuevas denuncias presentadas por el Gobierno mexicano apuntan a presuntas actividades criminales más allá de lo ocurrido durante su periodo como alto funcionario de seguridad.
Mientras que los fiscales estadounidenses sostienen que se valió de su posición de superioridad en las fuerzas de seguridad mexicanas para actuar como canal clave para una de las organizaciones criminales más poderosas de Latinoamérica, los funcionarios mexicanos afirman que los delitos se extienden hasta considerarlo “arquitecto principal” y uno de los “mayores beneficiarios” de un vasto “imperio de lavado de dinero” al cual llamaron “la Empresa”.
Mediante presuntas coimas, alteración de licitaciones y corrupción en México, los delegados del Gobierno sostienen que éste “usó su influencia con el Gobierno mexicano para anular los procedimientos de contratación y licitación del Gobierno mexicano, y asegurarse que sus coconspiradores salieran favorecidos en múltiples contratos públicos”, detalla la demanda.
Entre 2015 y 2019, las autoridades mexicanas identificaron al menos 30 transferencias por un total de cientos de miles de dólares en recursos públicos presuntamente robados, que la red depositó en cuentas bancarias de Estados Unidos. Posteriormente, estos se retransferían a cuentas de Barbados. Todas esas cuentas, señala la denuncia, supuestamente estaban controladas por García Luna y sus cómplices.
Es más, los miembros del grupo “incurrieron en actividades delictivas adicionales” al usar el dinero robado para “dirigir y mantener” la red de lavado de dinero mediante “transferencias internacionales, pagos de impuestos sobre el patrimonio, pagos de honorarios y otros para mantener en funcionamiento, cuidar y gerenciar la Empresa”, según declararon los funcionarios.
García Luna nunca fue acusado de delito alguno en México durante o inmediatamente después del periodo en que dirigió la llamada “guerra antinarcóticos” contra los grupos de crimen organizado. Sólo después de casi un año de estar privado de la libertad en Estados Unidos, las autoridades mexicanas presentaron una orden de captura en su contra por enriquecimiento ilícito y comenzaron a considerar su extradición al país para enfrentar cargos penales.
La escala de la presunta corrupción, si se demuestra, no solo es de una magnitud inimaginable; es escandaloso tratándose de un hombre a quien se confió el diseño y la ejecución de la estrategia del Estado mexicano contra el crimen organizado y el narcotráfico.
